Por Lucía Salinas
Lo hicieron antes de dar su alegato final, porque el organismo recaudador no es más querellante. Debe decidir el TOF 3.
El 16 de diciembre Cristóbal López, Fabián de Sousa y Ricardo Echegaray pronunciarán ante el Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) sus palabras finales. Será la antesala del veredicto de los jueces que llevaron adelante el caso por la presunta defraudación de más de 5.500 millones de pesos al fisco por parte de la firma Oil Combustibles, durante el último gobierno de Cristina Kirchner. Previo a ello, el dueño del Grupo Indalo pidió que, como la AFIP de Mercedes Marcó del Pont desistió de la acusación, sea el organismo el que pague las costas del juicio.
“Existió una maniobra en perjuicio a las arcas del Estado” dijo el fiscal del juicio Juan García Elorrio cuando pidió una pena de cuatro años y cuatro meses para los empresarios K y de cuatro años y ocho meses para Echegaray. En su alegato reiteró que había una deuda por parte de la petrolera Oil Combustibles que superaba los 5.900 millones de pesos. Entendió que todo fue realizado bajo el conocimiento del ex titular de la AFIP: “su conducta debe ser analizada desde la perspectiva de un acto de corrupción”, afirmó.
Tal como había formulado su imputación el fiscal de instrucción, García Elorrio mantuvo las acusaciones por el delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública, con Echegaray como autor y los empresarios como partícipes necesarios.
El fiscal también solicitó el decomiso de los bienes y una reparación colectiva “del perjuicio generado al erario público” por parte de los tres imputados.
Después continuaron los alegatos de las defensas, que se declararon inocentes de los delitos atribuidos. Cristóbal López reiteró que los planes de facilidad de pago obtenidos por Oil estaban dentro de lo normado por la AFIP y que al momento de formulada la denuncia, la deuda que mantenían con el fisco no superaba los 560 millones de pesos.
Durante el juicio. Echegaray sostuvo que nunca coordinó ninguna ayuda con López y De Sousa. Algo que tampoco, indicó, “pude haber hecho con los funcionarios de línea”, para favorecer a Oil Combustibles. En esa misma línea, negó cualquier perjuicio al Estado “ni en estos planes ni en ninguno de los 1648 otorgados”.
En pocas semanas se conocerá la decisión final del TOF 3, integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni, Andrés Basso y Javier Ríos. Fueron los responsables de llevar adelante el juicio desde junio de 2019, por el que pasaron más de cincuenta testigos a los largo de dicho período.
Previo a las palabras finales de los acusados y al veredicto del Tribunal, Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray pidieron que las costas del juicio sean afrontadas por el Estado a través de la AFIP que dirige Mercedes Marcó del Pont.
El planteo es producto de la decisión del organismo recaudador de desistir de su acusación a los imputados en el juicio. Esa resolución fue firmada por Marcó del Pont, quien consideró que durante la gestión de Cambiemos hubo una “persecución” contra la empresa Oil Combustibles.
Las defensas entendieron que por ese motivo, y en función de la ley, debe ser la AFIP la que afronte todos los gastos.
¿Cómo se calculan las costas de un juicio? Se integran por los gastos del juicio, es decir, la tasa de justicia que en una causa penal es de 1.500 pesos, más los honorarios de los abogados, como también los honorarios de los peritos que realizaron el informe contable requerido como prueba complementaria, más otro gasto efectuado durante el debate oral. Todo está especificado en el artículo 533 del Código Procesal Penal.
Habitualmente, las costas son afrontadas por quienes pierden el juicio. Y si son varios los condenados, ese costo se reparte en forma proporcional entre ellos. O sea que, más allá del planteo de López, De Sousa y Echegaray, hay que esperar el veredicto del Tribunal.
La fiscalía está exenta de cualquier costa. Si hay querellas, y los acusados son inocentes, podrían ser quienes tengan que pagar, pero en este caso desistieron de acusar. El Tribunal, de todos modos, también podría eximir a la AFIP de afrontar los costos si considera que la denuncia tenía sustento, aunque no se haya llegado a una condena.
