Por Bernardo Vázquez
La intimidad del encuentro entre el funcionario y los jueces del máximo tribunal. De qué hablaron y qué temas no se tocaron.
Martín Soria ingresó a los Tribunales de Talcahuano a las 9.55, por el acceso de la calle Tucumán. Sólo un par de fotógrafos y periodistas presenciaron la primera visita del ministro de Justicia a la sede de la Corte Suprema de Justicia, recién ocho meses después de asumir en el cargo.
A las nueve en punto, de impecable saco azul, corbata a tono y camisa blanca, Soria ya había subido los cuatro pisos por ascensor y fue recibido por el cuarteto de jueces de la Corte Suprema que lo esperaban para dialogar con él. Cada uno en su sillón, a distancia prudencial por el Covid-19, con un alcohol en gel y una botellita de agua sobre las cinco mesas desplegadas.
Se respiró tensión durante los 30 minutos que duró la reunión. Soria representa al ala más dura del kirchnerismo dentro del gabinete de Alberto Fernández, responde directamente a Cristina y Máximo Kirchner y no tiene tapujos desde que gestiona en criticar de manera abiertamente a todo el Poder Judicial. Lo confirmó a la salida de la reunión, difundiendo un paper a los medios en el que se despachó con duros cuestionamientos hacia el sector por su funcionamiento, Corte Suprema incluida.
Ese mismo texto lo tuvo al lado suyo durante toda la charla con los jueces, que fue amena y en la que incluso hubo espacio para un intercambio afectuoso entre el ministro y Juan Carlos Maqueda, que se conocen desde hace décadas. El juez cordobés fue compañero en la Cámara de Diputados en los años ’90 de Carlos Soria, el padre del ministro, fallecido ex gobernador rionegrino. Ambos fueron legisladores por el justicialismo: Maqueda por Córdoba, Soria por Río Negro. Con Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, el diálogo fue cordial y de carácter institucional
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Soria visitó la Corte Suprema por primera vez desde que asumió en el Ministerio de Justicia. Foto: Guillermo Rodríguez Adami.
En la charla, Soria trasladó, punto por punto, las inquietudes que llevó a la reunión. Diccionario K en mano, hizo referencias a la “mesa judicial” armada durante el macrismo apuntando los cañones contra Fabián Rodríguez Simón, “Pepín”, a quien definió como “el principal diseñador de la política judicial de Mauricio Macri”.
Pero cuestionó también el funcionamiento de la Corte por tratar en tiempo récord causas que denominó como “urgentes para la corporación judicial” y no “los de trascendencia social”; se quejó de la anticipación “mediática” de fallos y fue duro con la forma en la que se eligió a las nuevas autoridades de la Corte en septiembre, cuando fue proclamado Rosatti como presidente. “Si la máxima autoridad del Poder Judicial se elige con dos auto-votos, difícilmente la sociedad recupere la confianza en la Justicia”, apuntó, no sin antes dejar sobre la mesa un informe de Naciones Unidas, crítico con el máximo tribunal nacional.
Por una cuestión protocolar, el único juez que habló fue Rosatti, en su condición de presidente. Aceptó las inquietudes y opiniones que el ministro les había transmitido y le comentó la preocupación común de los jueces por la enorme cantidad de juzgados que se encuentran vacantes a la espera de un aval del Poder Ejecutivo. Soria anotó el reclamo.
Tras ese intercambio, y previo al acuerdo que celebraron los cuatro jueces, se saludaron brevemente y Soria se retiró. ¿Qué sorprendió a los miembros de la Corte? Que en ningún momento el ministro plantó sobre la mesa el tema que el propio Gobierno había instalado el lunes: un proyecto de ley para reformar el Consejo de la Magistratura y ampliar su cupo de 13 a 17 miembros.
Los cuatro jueces del máximo tribunal: de izquierda a derecha, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
“No dijo absolutamente nada”, comentó una fuente tribunalicia. Tampoco hizo mención a la postulación de un candidato/a a juez/a en reemplazo de Elena Highton, que el Poder Ejecutivo debe proponer. Dos “olvidos” que nadie leyó como casuales, sólo un par de horas más temprano de que la Corte se expidiera con un fallo favorable a Santa Fe en el que obliga al Gobierno a pagarle $ 86.000 millones por coparticipación.
Fuentes judiciales negaron que ese fallo adverso para el Gobierno tuviera que ver con la postura crítica que Soria llevó a la reunión en el cuarto piso. “Era un tema que ya estaba para salir y era de relevancia institucional”, explicaron sobre la sentencia que le da aire a las finanzas santafesinas y que puede sentar un precedente para el reclamo de la Ciudad de Buenos Aires, también por coparticipación, que espera ser zanjado en la Corte.
