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El acusado fue detenido la semana pasada durante un procedimiento que estuvo a cargo de personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), sobre la ruta nacional 34, a la altura del paraje Río Las Pavas, en el límite de las provincias de Salta y Jujuy. Allí, los efectivos requisaron un camión de carga que llevaba dos cajas de cartón en el acoplado, que ocultaban 47 paquetes rectangulares de diversos colores y tamaños, que contenían más de 48 kilogramos de cocaína, por lo que Espíndola quedó detenido.
Tras el operativo, la PSA realizó tres allanamientos -dos en domicilios ubicados en las localidades jujeñas de San Pedro y San Salvador y uno en la ciudad de Orán, del norte salteño- donde secuestraron dos autos y cuatro motos. La investigación, trabajada en conjunto con la delegación regional NOA de la Procuraduría de Narcocriminalidad, a cargo de Eduardo Villalba, se desprendió de otra causa cuya pesquisa derivó en varios procedimientos realizados en octubre último, en los cuales la PSA incautó más de siete kilos de estupefacientes y detuvo a cuatro personas.
De acuerdo con los investigadores, la droga procedía de Bolivia, para ingresar por la localidad fronteriza de Aguas Blancas, y era acopiada en la ciudad de Orán, en el marco de una compleja organización narcocriminal investigada desde hace varios meses. En la audiencia de imputación, Viltes Monier explicó que Espíndola era investigado por el área de la Procunar NOA junto a otros dos cómplices, para quienes ya se ordenó su captura nacional e internacional.
El funcionario explicó que, de antemano, y a raíz de tareas de inteligencia criminal, se conocía que Espíndola, quien es camionero, transportaba una importante cantidad de droga en un camión con acoplado que había salido de Orán y que circulaba de norte a sur. En la audiencia de formalización de la investigación penal, el camionero, a través de su defensa, se abstuvo de prestar declaración. “La droga era acopiada en la ciudad de Orán hasta que los implicados coordinaban el traslado a la capital de Salta, Catamarca y La Rioja, donde era comercializada entre revendedores locales, los que ponían el estupefaciente en las calles, como último eslabón del delito”, detalló Viltes Monier.
Para el auxiliar fiscal, la acusación cuenta con “la verosimilitud necesaria para fundar la prisión del acusado, a lo cual se suman evidentes riesgos procesales. Uno de ellos es el peligro de fuga, argumento que surge no sólo de su actividad como camionero, sino de un registro migratorio irregular que evidencia la facilidad que posee para traspasar al Estado Plurinacional de Bolivia”.
Además, señaló el riesgo de entorpecimiento de la investigación penal, puesto que el caso aún tiene dos prófugos y existen medidas en curso para dar con ellos, y resaltó la naturaleza, la gravedad del hecho y la expectativa negativa respecto a una pena de orden condicional.
Fuente Ambito
