Argentina
España
Por Lucia Salinas
Diego Velasco pidió revertir el controvertido fallo del TOF 5 en la Cámara Federal de Casación Penal, que había cancelado el juicio oral conjunto en dos causas con muchas pruebas y testimonios comprometedores para la vice.
El fiscal federal Diego Velasco apeló el sobreseimiento que los jueces del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) firmaron a favor de Cristina Kirchner, sus hijos y los demás imputados en los casos Los Sauces y Hotesur. Se trata de las empresas familiares investigadas por haber sido el supuesto vehículo para lavar 120 millones de pesos “con la simulación de contratos de alquiler en el rubro hotelero e inmobiliario”, según calificó el representante del Ministerio Público Fiscal, quien insistió con un planteo ya formulado: el juicio debe realizarse.
En al menos seis ocasiones a lo largo de su escrito, el fiscal fue determinante al explicar que la mejor instancia para resolver la culpabilidad o inocencia de la vicepresidenta, sus hijos y otros 13 acusados es el juicio oral y público.
En el dictamen de 249 páginas al que accedió Clarín, Velasco sostuvo que la decisión de los jueces del TOF 5 es “arbitraria”, ya que “padece de omisiones y desaciertos de gravedad extrema que las invalidan como actos judiciales contaminadas de groseros errores jurídicos y se han utilizado argumentos falaces que provocaron conclusiones falsas”.
Respecto de esos jueces, el fiscal destacó que “su función principal radica en REANALIZAR el caso en un debate oral y público y reiteró que los Tribunales “no pueden desanturalizar” sus funciones.
El representante del Ministerio Público recordó que aún hay varias medidas de prueba en curso, más específicamente dos pericias sobre ambas empresas, donde se pusieron bajo análisis todos los contratos celebrados. La correspondiente a Los Sauces concluía en diciembre, y el informe preliminar había arrojado una serie de irregularidades como pagos que no se condicen con su documentación, libros contables faltantes, falta de fondos para la adquisición de propiedades.
Pero Velasco también se refirió a documentación e información que es “retaceada por ciertos organismos públicos provinciales –Municipalidad de Río Gallegos y Calafate-, que no hacen más que confirmar su importancia, y su restricción en este momento afectaría gravemente los derechos de esta parte, privando incluso al sentenciante el abordaje íntegro del plexo probatorio”.
Pese a esa situación, hace veinte días que los dos jueces del TOF 5 votaron el sobreseimiento de la vicepresidente, de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y otros trece acusados. En aquel fallo sostuvieron que no podía sostenerse la tesis de las maniobras de lavado de dinero y discutieron la figura por presunta asociación ilícita que pesaba sobre Cristina Kirchner.
Cuando analizó el delito de lavado de dinero, el fiscal dijo que “el error de los jueces es pensar que el lavado se agota en Lázaro Báez, mientras que las maniobras imputadas en esta causa son las maniobras de lavado realizadas para que el dinero llegue con apariencia de licitud a los titulares de las empresas Los Sauces y Hotesur, mediante contratos simulados e innecesarios”.
Amplió este concepto y añadió que “Con el pago inicial del Estado era Lázaro quien lavaba el dinero, pero en los pasos siguientes lo lograban lavar los destinatarios finales”. El dueño del Grupo Austral fue condenado recientemente por el lavado de dinero “realizado en forma posterior a su depósito por parte del estado en relación a los contratos de la obra pública”, recordó Velasco.
Además, el fiscal explicó “al dinero debía dársele apariencia lícita para TODOS los beneficiarios, no sólo Báez, sino todos los imputados”.
Para la fiscalía los jueces “no valoraron la existencia de sociedades pantallas para ocultar la procedencia del dinero, ni siquiera han analizado que dichas sociedades compartan accionistas y directores; tampoco le dieron entidad a que se ha probado una trazabilidad directa del dinero desde las Sociedades controladas por Lázaro Báez que tenían obra pública y los depósitos posteriores a las cuentas de los imputados”.
Báez explotaba los hoteles con Valle Mitre, cuyos únicos ingresos para pagar los cánones de locación, eran préstamos de Austral Construcciones que ascendían a 71 millones de pesos. La constructora tenía como único cliente al Estado nacional. En simultáneo con siete firmas del holding, alquilaba habitaciones de los hoteles que no utilizaba, garantizando ingresos a los Kirchner por 14 millones de pesos.
Todo eso ocurría mientras Báez se transformaba, dice la imputación, en el principal adjudicatario de obra pública vial. Junto con eso, Austral, Los Calzos y Del Curto y Kank & Costilla, eran inquilinas de la inmobiliaria de los Kirchner: pagaron 23 millones de pesos por departamento que fueron construidos por Báez.
“Tampoco se analizó la inexistencia de libros y que las sociedades no llevaban su administración en legal forma, ni que las propiedades habían sido adquiridas con dinero prestado en mutuos que son simples asientos contables y no encuentran su correlato en transferencia bancaria alguna”, indicó el fiscal.
Para el fiscal, Grünberg y Obligado, “confunden al considerar como sinónimos “dinero bancarizado”, con “dinero de procedencia legal”, ya que si ese dinero llegó a la cuenta de cualquiera de las sociedades controladas por Lázaro Báez por un negocio ilegal y delictivo (defraudación contra la administración pública, como se postula en la causa de “obra pública”), por más que tenga apariencia lícita, ese dinero es de ilícita procedencia” En consecuencia, reflexionó el fiscal, las maniobras realizadas hasta llegar a su destinatario final (coautor del delito precedente) “resultan ser parte” del delito investigado y, por lo tanto, “sus partícipes serían claramente imputables”.
En su dictamen, Velasco se ocupó de refutar los principales argumentos de la defensa de Cristina Kirchner a cargo de Carlos Beraldi, que había sostenido que al estar bancarizados los pagos de las empresas que Lázaro Báez y Cristóbal López realizaron a las firmas de los Kirchner, se podía realizar la trazabilidad de dichos fondos y que entonces no había ocultamiento ni dinero de origen espurio. Beraldi también había dicho que en el movimiento de dichos fondos intervinieron el fisco y entidades bancarias.
“Resulta una obviedad que el delito imputado requiere una connivencia dolosa y por ende el conocimiento por parte del receptor de la ilegalidad de la procedencia del dinero, que claramente cuando el receptor es de buena fe –AFIP-, determinaría la inexistencia del tipo penal”, dijo el fiscal. Entendió además, que las pruebas de la instrucción “son contundentes” para rechazar el argumento esgrimido por el abogado de la vicepresidenta, “ya que incluso se sostiene en la acusación la existencia de una asociación ilícita”.
Defendió además el delito precedente que en el dictamen acusador se estableció en las maniobras irregulares que permitieron que Báez obtenga 51 contratos viales por 46.000 millones de pesos. Dijo que el circuito de movimientos de fondos “es claro y evidente”, y que cuenta con los elementos necesarios para ser considerado el caso de la presunta corrupción en la obra pública, como delito precedente del lavado de dinero en Hotesur y Los Sauces.
Fuente Clarin
