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Está bien que el Gobierno sea la voz del optimismo. Es parte de su naturaleza suponer que la economía va a funcionar de la mejor manera posible. Pero al mismo tiempo, menosprecia la responsabilidad que le cabe al Poder Legislativo al pedirle que sancione proyecciones que un amplio consenso considera poco realistas. Lo que hace el Ejecutivo con el texto que ayer comenzaron a debatir los diputados, es pedirle simplemente a sus integrantes que cumplan el acto formal de crear una herramienta de gestión que en los hechos funcionará con números muy diferentes.
Una de las cifras que Martín Guzmán decidió sostener en el proyecto de ley (en consonancia con el original presentado en septiembre), es la inflación esperada de 2022, que calculó en 33%. A sabiendas de que el año en curso terminará con un incremento anual cercano a 50%, es poco probable que el cálculo oficial sea un número acorde a lo que suceda efectivamente con la economía. El ministro ha dicho en reiteradas ocasiones que la inflación es un problema que se resuelve de manera gradual, con lo cual bajar más de quince puntos porcentuales en un año ni siquiera entra en un supuesto optimista. Esto convierte la meta en una simple aspiración, algo que anticipa un cálculo de recursos menor al probable, frente a un cálculo de gastos que sí estará indexado por los valores de 2021. La conclusión es que tanto los precios sobre los que se estima el PBI, como el déficit fiscal que hay que financiar, tendrán alteraciones que deberán ser “administradas” por el Ejecutivo.
Un dato para recordar a esta altura del partido: ni Guzmán ni su equipo están actuando con ingenuidad. Raúl Rigo, el actual secretario de Hacienda, participa en la elaboración de la ley de leyes desde 2002. Conoce todas las formas posibles de hacer que el presupuesto responda a los deseos de las autoridades nacionales. La pregunta, entonces, es qué estrategia hay detrás de la norma que pide votar el Ejecutivo.
Economía incluyó una estimación de déficit similar a la que se espera termine este año: 3,3% del PBI. Los analistas saben que gracias a la transformación de los DEG del FMI en pesos, ese número será menor en 2021, cercano a 2%. Con lo cual, si se lo mide según un criterio de caja, no hay una reducción del rojo fiscal como la que espera el FMI. Pero sin embargo, lo que permite esta fórmula es anotar gastos que de otra manera no podrían figurar en la nómina. La diferencia entre ambas estimaciones se acerca a 1 punto del PBI, que “convenientemente para la trama”, como señala un conocido youtuber, se financian en la propuesta con un ingreso neto de recursos de organismos multilaterales que hasta ahora son un potencial, y son candidatos a ser ajustados en una negociación. El Presupuesto, como se ve, está ajustado a un relato (nunca a la inversa). Lo complejo es esperar que esta mirada optimista sea compartida por el Congreso.
Fuente El Cronista
