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Los “directores estaban abiertos a explorar el alivio temporario de los sobrecargos temporales para ayudar a los miembros endeudados a liberar recursos para abordar los desafíos económicos y de salud que plantea la pandemia”.
Sin embargo, la comunicación oficial también señala que “un numero de directores (entre 6 y 9 según la terminología habitual del FMI) miembros sugirieron reflexionar sobre la mejor manera de implementar los sobrecargos durante situaciones de pandemia”.
En tanto, “otro número de directores (6 a 9) no vieron la necesidad de revisar las políticas de sobrecargos o cambiar su diseño en esta etapa, dado el bajo costo total general de los préstamos del Fondo”. Asimismo, en los fundamentos rescataron “el papel fundamental de los ingresos por sobrecargos para garantizar una acumulación adecuada de fondos para minimizar riesgo.
Sin embargo, no está cerrado el tema ya que “la mayoría (15 o más) de los demás directores expresaron su disposición a una revisión más holística y en el momento apropiado de las políticas de sobrecargos”. Aunque aclara que esta discusión podría llevarse a cabo en “el contexto del modelo de ingresos del Fondo y las perspectivas financieras generales”.
Reclamo
La decisión constituye un revés para el gobierno de Alberto Fernández ya que desde un primer momento, Argentina viene reclamando al organismo multilateral que revea su política de sobrecargos que consiste en cobrar una tasa de intereses adicional a la que cobra sobre los préstamos que exceden la cuota.
El pedido de la revisión de las sobretasas incluso logró que el G20 le solicitara al FMI que el tema fuera reconsiderado.
Cabe recordar que el préstamo otorgado al gobierno anterior represento 1000 ciento por ciento de la cuota correspondiente a la Argentina. Además, el FMI también cobra por el tiempo en que se mantienen pasivos que exceden la cuota.
Cálculos del Ministerio de Economía arrojan que estos sobrecargos implican un gasto adicional del orden de los 1.000 millones de dólares anuales.
El presidente Alberto Fernández en su momento había puesto como una condición indispensable para avanzar en un acuerdo con el Fondo que se eliminen o reduzcan estos sobrecargos, aunque en el último tiempo en los pasillos de la Casa Rosada relativizaban esta posición.
Asimismo, Argentina aspira que el FMI establezca un nuevo préstamo de mayor extensión que el de Préstamo de Facilidades Extendidas de 10 años como máximo que es el que está negociando el ministro Guzmán con el staff.
En este sentido, lo que pide el gobierno es que, en caso de establecerse un préstamo de mayor extensión, en el nuevo acuerdo se establezca una cláusula pari passu que permita acceder a estas mejores condiciones.
Fuente Ambito
