Canalladas y provocaciones

Por Enrique Guillermo Avogadro

“También los derrotados, tarde o temprano, encuentran una voz”.
Fabiano Massini

Me produjo republicana alegría el fallo de la Corte Suprema que, después de seis años, confirmó la inconstitucionalidad de la modificación de la composición del Consejo de la Magistratura, promovida por la ex Senadora Cristina Fernández hace quince.

De todas maneras, el Poder Judicial siguió perpetrando actos contra natura a través de algunos jueces, como los magistrados Fernando Machado Pellioni y Javier Feliciano Díaz, integrantes del Tribunal Oral Federal N° 3 que, por mayoría, sobreseyeron a Cristóbal López y Fabián de Souza por el mismo delito por el que condenaron a Ricardo Echegaray a más de cuatro años de prisión; no se conocen aún los fundamentos que utilizaron para resolver, pero a nadie le cabe duda de lo insólito de esa sentencia, ya que resulta imposible que uno cometiera un delito sin la participación de los otros, beneficiarios de los ¡US$ 1.000 millones! estafados al Estado.

Adrián Grünberg y Daniel Obligado, que también sobreseyeron hace días a Cristina Kirchner por lavado de dinero, precisamente por el inventado alquiler de cuartos en sus hoteles patagónicos a los mismos López y De Souza, deben sentirse acompañados en la repulsa pública. Ambos fallos serán revisados el año próximo por la Sala I de Casación, de la cual continuará formando parte Daniel Petrone, otra gran noticia de la semana.

El Juez Daniel Rafecas, que Alberto Fernández pretendía entronizar como Procurador General, se destacó en estos días. Ordenó detener a doce militares que, cuando sucedieron los hechos que les imputó, eran muy jóvenes oficiales y a los que mandó presos sin siquiera tomarles declaración indagatoria; entre ellos, el Coronel Guillermo Viola, Presidente de la Unión de Promociones. Lo hizo porque, dijo, habrían cometido delitos de lesa humanidad cuando, el 29 de septiembre de 1976, fue detectado un comando de Montoneros e intentaron detener a sus miembros. La batalla fue de tal magnitud que murieron cuatro guerrilleros y Victoria Walsh se suicidó.

Su propio padre, el también terrorista Rodolfo J. Walsh, escribió a sus amigos tres meses después del hecho y dijo textualmente: “… El comunicado del Ejército que publicaron los diarios no difiere demasiado, en esta oportunidad, de los hechos. Efectivamente, Vicki era oficial 2° de la Organización Montoneros … y su nombre de guerra era Hilda. …, estaba reunida ese día con cuatro miembros de la Secretaría Política que combatieron y murieron como ella. … Mi hija no estaba dispuesta a entregarse con vida. … Sabía perfectamente que en una guerra de esas características, el pecado no era hablar, sino caer. … Siguiendo el plan de defensa acordado, subió a la terraza con el secretario político, Molina, mientras Coronel, Salame y Beltrán respondían el fuego desde la planta baja. … Me ha llegado el testimonio de uno de esos hombres {del Ejército}, un conscripto: ‘El combate duró más de una hora y media. Un hombre y una muchacha tiraban desde arriba. Nos llamó la atención la muchacha porque cada vez que tiraba una ráfaga y nosotros nos zambullíamos, ella se reía’ …”

Pese a esa clara evidencia, Rafecas ordenó la detención de todos pese a que no existe, claro, peligro de fuga ni, menos aún, pueden poner en riesgo las pruebas de la causa. Esos “jóvenes idealistas” muertos están inmortalizados en el Parque de la Memoria porteño y sus familiares fueron fuertemente indemnizados por un Estado idiota y sujeto al saqueo más asombroso. Y todo ello delante de una sociedad cómplice e olvidadiza que se muestra sorprendida y ha elegido a los miembros de las fuerzas armadas –a las que un gobierno democrático ordenó pelear en una guerra que no buscaron para salvar a la Patria- como únicos chivos expiatorios de todo lo malo que sucedió en esos años terribles.

A esto debe agregarse que la Secretaría de Derechos Humanos (tuertos), a cargo de Horacio Pietragalla, se ha presentado como querellante en la causa por la ¿represión ilegal? en el combate de Monte Chingolo, en el Conurbano bonaerense, ocurrido el 23 de diciembre de 1975 –Isabel Martínez de Perón era Presidente- cuando el ERP, con cerca de 200 hombres, atacó el batallón Viejobueno con el propósito de robar trece toneladas de armamento y, en el trance, perdieron la vida 62 terroristas y quedaron heridos otros 32; las fuerzas legales sufrieron 10 bajas mortales. Un periodista presente comparó la batalla con la guerra de Vietnam.

Ante el duro sopapo que recibió hace un mes en las urnas y el claro agravamiento de su situación penal, ¿una desesperada Cristina Fernández habrá ordenado agredir a las fuerzas armadas imaginando que éstas repetirán algo similar a los planteos “carapintadas”, denunciar un golpe de Estado y huir? Eso hicieron Evo Morales, en Bolivia, y Rafael Correa, prófugo de la Justicia de Ecuador. Pero no sucederá; dos mil ancianos presos, condenados en juicios amañados y sin ninguna garantía constitucional, son permanentes recordatorios de que la traición y el olvido son las monedas con que esta sociedad obscena paga por defenderla.

La semana que viene, cuando escriba mi columna, Jesús habrá renacido una vez más. Ruego para que se conmueva por la suerte de la Argentina y, en especial, que bendiga a nuestras familias y a los verdaderos presos políticos y las suyas, todos tan golpeados por el infortunio y el dolor durante tantos años. ¡Feliz Navidad!