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El armado político-judicial muestra la envergadura de la degradación de los estamentos políticos y judiciales de la Provincia de Buenos Aires. Droga, utilización de planes sociales para comprar testimonios, un hijo no reconocido de Grabois y el supuesto uso de su poder político para favorecer este entramado de corrupción. El procesado y condenado Gustavo Menéndez quien fue nombrado por Kicillof como Presidente del Grupo Bapro , Gabriela Carpineti y otra referente política del Frente Patria Grande aparecen en un oscuro entramado.
El Gobierno triplicó la recompensa por Mariano Mera, quien permanece prófugo y en rebeldía desde marzo de 2019.
Mariano Mera Figueroa, hijo de Julio Mera Figueroa, exministro del Interior de Carlos Menem, y primo hermano del exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, y del exvicegobernador de Catamarca y actual senador nacional Dalmacio Mera Figueroa, está prófugo desde marzo de 2019. Su abogado, Juan Manuel Casolatti, aseguró que no se presenta en la causa por presunto secuestro porque considera que no se encuentran dadas las garantías procesales.
La causa tiene testimonios, escuchas ordenadas por la Justicia y material extraído tanto de teléfonos celulares como de redes sociales que muestran un sombrío rostro del área metropolitana de Buenos Aires.
Las raíces de la sonada causa se remontan a 2017, cuando Micaela Rodríguez, una militante y referente de la corriente peronista Descamisados, se relacionó en Merlo con el intendente Gustavo Menéndez y su asesor, Mariano Mera Figueroa. Por un tiempo mantuvo con este último una relación de pareja que no terminó bien. “Micaela Rodríguez formuló una falsa denuncia por violencia de género y abuso sexual, logrando una orden de restricción de acercamiento que ella misma violó”, denunció el defensor de Mera.
El abogado remarcó que ella se presentó varias veces en el domicilio de Mera y trató de comunicarse con él, por redes sociales, a través de perfiles falsos, o de teléfonos de sus familiares y conocidos.
“Al no poder sostener dicha acusación, Micaela y la abogada Gabriela Carpineti empezaron a contactar a personas conocidas de Mera con la intención de mellar su imagen política”, agregó el letrado. Todo esto consta en expedientes de la Justicia de Morón que, llamativamente, omitió investigar los hechos que allí se expusieron.
Mujeres a las que les solicitaron “apoyo” declararon en la causa que ambas intentaron inclusive conseguir que algunas formularan “falsos testimonios” contra él.
Finalmente la causa cayó por falta de pruebas y por pericias psiquiátricas que dispuso la Justicia.
Mera denunció a Micaela Rodríguez por acoso e intimidación hacia su persona, amistades, su círculo laboral e inclusive hacia su pequeña hija y la madre de la pequeña, Eugenia Barberis.
“Llegó a presentarse en el establecimiento educativo de la nena, contactando al círculo afectivo y laboral de la madre, difamándola y amenazándola”, sostuvo Casolatti.
Hubo otras denuncias sobre las que no se tomó medida alguna, pero en una Mera consiguió que la Justicia le imponga a Micaela Rodríguez una restricción de acercamiento a su persona, a su hija menor y a la madre de la niña. Tras pericias ordenadas en ese expediente, Mera también obtuvo la provisión de un botón antipánico.
“Micaela presentó nuevas denuncias pero no logró responder a las acusaciones”, manifestó el abogado. Pasados estos hechos, Gustavo Vera, titular de la Fundación La Alameda, le advirtió a Mera que Juan Grabois le había expresado que Micaela Rodríguez (relacionada personal y directamente con el líder del Frente Patria Grande) estaba preparando otra denuncia en su contra y que tendría amplia repercusión mediática. Este diálogo, registrado el 22 de diciembre, originó una denuncia penal ante la UFI 10 de Morón, sobre la cual no se tomó medida alguna en los tribunales de esa jurisdicción.
En los alegatos del juicio, que se realizó entre abril y mayo último, las defensas de los imputados señalaron que Grabois, quien maneja millones y millones de pesos en planes sociales, “utilizó a personas vulnerables para un espantoso armado mediático y judicial”.
Según las defensas, Micaela contactó a Jéssica Rodríguez, quien era una de los testigos de Mera Figueroa en otra causa y le ofreció una serie de ayudas del Estado para que formule contra éste una denuncia por violencia y abuso sexual. Además, la convenció para que modifique su testimonio y limpie su nombre.
“La denuncia se presentó el 28 de agosto del 2018 y al ver que no estaba funcionando, armaron después el falso secuestro de Jéssica Rodríguez”, aseguró Casolatti.
En la nueva presentación se acusó a Mera de haber retenido y golpeado salvajemente a Jéssica Rodríguez, el 20 de septiembre de 2018, para obligarla a levantar la denuncia que había radicado en agosto de ese año.
“Lograron convencer a Jéssica Rodríguez de denunciar a mi defendido, prometiéndole cobertura económica con planes sociales, un subsidio habitacional y la adjudicación de una vivienda a través de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)”, prosiguió el letrado.
Ofrecen $1,5 millones por Mera
El Gobierno nacional había dispuesto una recompensa de 500 mil pesos por cualquier dato que posibilite la captura de Mariano Mera Figueroa, pero acaba de triplicarla. Mera permanece prófugo con pedido de captura desde marzo de 2019. Su abogado afirma que no hay mínimas garantías.
En la causa quedó acreditado, por escuchas que dispuso el juez Alejando Litvack y por mensajes recuperados del celular de la denunciante, que se falseó un empleo público y un domicilio en La Plata como parte de la cobertura económica acordada por las referentes del Frente Patria Grande y la agrupación política Tres Banderas. Concretamente, se armó una carpeta con datos fraguados para que Jéssica Rodríguez recibiera una vivienda social.
De las mismas medidas de prueba se desprendió, también, que se prometió protección para la denunciante y su familia.
Jéssica Rodríguez es una joven adicta y vulnerable que en el expediente aparece ligada al narcomenudeo de pasta base y drogas sintéticas con su madre (Paula Rodríguez Maggio, conocida por la venta de estupefacientes en la ciudad de Buenos Aires), su tío (Gonzalo Maggio, quien en una captura de pantalla que resalta en el expediente aparece mostrándole a su sobrina una cosecha de Marihuana) y su tía (Jimena Rodríguez Maggio, apodada “La Reina de Palermo”). Esta última cumplió una condena en la cárcel de Ezeiza, tras un juicio oral y público que enfrentó en 2006 por vender cocaína y utilizar para ese delito a su pequeña hija. La enviaba al jardín de infantes con una mochila cargada con sobres de droga y también la usaba para traficar narcóticos camuflados en sus pañales. Su pareja es Carlos Ariel “Urko” Verón, quien cumple una condena por el asesinato de Martín Gonzalo Acro, en el marco de una sangrienta interna de barras de River, en agosto de 2007.
Qué declaró Jéssica Rodríguez en la denuncia
Jéssica Rodríguez denunció que el 19 de septiembre de 2018 su pareja, Pedro Mallada, se llevó a sus hijas y que después de la medianoche, encontrándose ella en el bar Blue Special, de La Boca, llegó Mariano Mera Figueroa acompañado por dos hombres. Declaró que, tras forcejear con ella y lesionarla brutalmente, la subieron al automóvil de Mera y la trasladaron -cabeza abajo y golpeándola- hasta el domicilio donde se encontraba Mallada con las niñas. Manifestó que la tuvieron cautiva toda la noche, bajo la vigilancia de un cuarto sujeto, para obligarla al día siguiente a cambiar su declaración contra Mera en una denuncia anterior. Dijo que su propio abogado la llevó a la UFI 8 de Morón a cumplir con lo exigido para que no les sucediera nada a sus hijas. Durante la instrucción de la causa se estableció que fue Paula Maggio, la madre de Jéssica, quien pidió telefónicamente que Mera fuera a buscar a la joven al citado bar, porque estaba preocupada por ella, y le informó que las niñas se encontraban con su padre.
Grabois y su banda:
Una casa, planes, subsidios y un puest opúblico para Jéssica Rodríguez.
En las escuchas que ordenó el juez Alejandro Litvack durante la instrucción de la causa que hoy tiene a Mera prófugo y en rebeldía, Juan Grabois, Micaela Rodríguez y Alejandra Carpineti, actual directora nacional de Acceso a la Justicia, aparecen implicados en una escandalosa trama del conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El expediente tiene 64 discos compactos con reveladoras escuchas que no se consideraron de interés para esclarecer la verdad.
Promesas políticas
En uno de esos audios, Jéssica le explicaba a su abuela, Silvia Maggio, la denuncia por violencia y abuso sexual que estaban a punto de presentar: “Denuncian al asesor de Gustavo Menéndez, la carátula, por presunto abuso sexual y explotación laboral. Punto. Y bueno, y después van a ir redactando todos los puntos y lo van a enganchar junto con la causa de Micaela. No quisieron tampoco ahondar en el tema de Pedro (Mallada, su expareja y padre de sus dos nenas) porque si no se va todo por las nubes y acá lo que les importa a ellos, como movimiento político, es que se esclarezca cómo el municipio, el intendente de Merlo, encubre, ¿entendés? Ese es el interés político”, explicaba Jéssica.
“Falso testimonio”
Su abuela, preocupada, le advertía: “Parece como una declaración para los medios, una declaración política; no una denuncia policial. Me gustaría ver qué escribiste en la denuncia policial. Lo que no me gusta de esta declaración es como que vos te echás toda la culpa de haber falseado el testimonio. Un falso testimonio son 10 años de prisión, y limpiás el nombre de la otra chica. Me parece bien que limpies el nombre de la chica, pero no a costa de que ensucies el tuyo, ¿entendés?”.
En otro audio, Jéssica le planteaba a Micaela la preocupación transmitida por su abuela, ante lo cual ésta le recriminaba: “¿Qué vas a hacer mañana vos?, le vas a pegar a Pedro, se van a unir en contra nuestra, ¿entendés?. Entonces, ¿viste?, por ahora le pegamos solo a Mera, ni siquiera le pegamos mucho a Menéndez, porque lo que necesitamos es que el chabón se quede sin respaldo y para cuidarte también a vos, ¿viste?, porque si lo mencionamos a Pedro, también se va a calentar. Entonces, tranqui?”.
Al día siguiente, Micalea le aclaraba a Jéssica: “Una y media hay tiempo para presentar la ampliación de tu denuncia, que ya me la mandó Yamil. Presentala en la Fiscalía donde está tu causa y pedí que te den dos copias, una certificada, para que yo se la pueda llevar a mi juzgado”.
En otra comunicación, Jéssica intentaba tranquilizar a su abuela y le aseguraba que, mientras la organización de Grabois movía la entrega de la vivienda estatal que le prometieron, tendría otros beneficios, como el subsidio habitacional destinado para familias desalojadas, solo en cuestión de días: “Después de que yo haga los trámites me dan el subsidio, recupero la asignación, los documentos de las nenas y de ahí ya me pasan a un jardín piola”.
Gabriela Carpineti y Micaela Rodríguez
En otra conversación con Jéssica, Micaela le aclaraba las razones del tiro por elevación al intendente de Merlo. “… Menéndez, es un remisógino, un sorete. Ese chabón tiene dos familias y anda con todas las pibas de Ceremonial. Se las coje a todas y les da guita a cambio. Imaginate que es un chabón al que hace mucho tiempo lo habían acusado de tener prostíbulos, o sea es un recontraremilmisógino y está jugando muy en contra políticamente…”.
Con Jéssica envuelta en dudas y preocupada, Carpineti y Micaela Rodríguez le aseguraban que todo iba a salir bien, que estaría todo el tiempo acompañada y protegida, que había “una gran organización atrás”.
Una vivienda del IVC
“Ahí estuve hablando con Gabi (por Carpineti). Ella se está moviendo por el tema de
la vivienda y de conseguirte alguna ayuda económica a través de CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), pero tratá
de ir el lunes. Avisame porfi, esta vez es en Capital, ¿viste?, pero yo necesito que puedas hablar con ella”, le decía Micalea, en otra comunicación, para recordarle que el sueño del techo propio estaba a un paso.
Horas después, a través de Whatsapp, Carpineti confirmaba la promesa: “El lunes te reciben en el Instituto de la Vivienda”. Y Jéssica le consultaba: “¿Tengo que hacer la denuncia en la OVD también para activar todo lo demás, educación y subsidio habitacional?”. Carpineti le respondía: “Sí. Y ahí pedís perimetral también”.
Ya con un pie en la vivienda, Jéssica seguía angustiada por la amistad que se le adjudicaba a Mera con el Papa Francisco. “Lo del Papa es un delirio. Imaginate que me está bancando Juan Grabois, que de verdad es el chabón del Papa en Argentina. Y Juan me dijo que es mentira, que el vínculo que él tuvo con el Papa es mínimo y que en la Iglesia ya no lo quieren ni ver”, le aseguraba Micaela.
En otro intercambio, la referente política del Frente Patria Grande le resumía a Jéssica cómo operaría su giro testimonial en los tribunales. “La causa de mi denuncia es muy simple. Si vos declarás y decís: la cosa es así, el chabón nos obligaba a decir esto, pum, pum, pum, es un violento, me hizo esto a mí, al toque listo. O sea, el chabón no te digo que va a ir preso por lo mío nada más, porque en este país nadie va preso por una causa de violencia de género, pero sí claramente la causa va a tomar otro curso y seguramente se defina en poco tiempo. Ahí va a ir preso y no sé de qué se va a disfrazar Menéndez también”.
En otra reveladora comunicación, que tampoco parece haber merecido la menor atención de parte de la Justicia y del Ministerio Público Fiscal, Micaela le puso en claro a Jéssica que las prebendas, los privilegios y manejos discrecionales de los recursos del Estado trasponen las grietas políticas. “Cuando tenés que ir a pedir guita al Ministerio, los tiempos ya no dependen de nosotras. Por eso yo digo: si vos querés, está esta chance. Como te dije siempre: confía y entre todos busquemos la mejor solución. No es tan complicado, digo. Si no sale lo del IVC ya, buscaremos la manera de que con la guita que hay puedas alquilar algo con las nenas hasta que eso salga, pero eso va a salir. Nos fuimos a reunir hasta con gente del Pro para poder solucionar esto y nos hacen esperar un poco, pero va a salir, quedate tranquila”. El IVC es el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires.
Di Zeo y un fiscal de Boca
Rafael Di Zeo, uno de los líderes de la barra de Boca, fue señalado como presunto entregador en el secuestro denunciado por Jéssica Rodríguez. En la instrucción no lo llamaron a declarar. A Oscar Ciruzzi, el fiscal que en el juicio pidió condenas de cárcel para Osmar Moyano, Ernesto Ariel Duarte y el abogado Juan Schirmo (sobreseído), no pareció interesarle tampoco el supuesto rol de Di Zeo.
Un dato curioso: Desde 2003, Ciruzzi encabezó la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Deportivos, cuya función era seguir el fenómeno de la violencia en los estadios y llevar ante los tribunales a quienes delinquen en esos ámbitos.
Así, Ciruzzi empezó a repartir su tiempo entre su despacho y la platea del club de sus amores: Boca.
Un infierno desatado en Radio 10
El 1 de septiembre de 2018, Ángel “Baby” Etchecopar habló sobre la causa Mera y Micaela Rodríguez. El conductor radial sufrió un violento escrache en la puerta de Radio 10, donde también ligaron agresiones sus compañeras de la radio. En ese contexto, Micaela anunció que denunciaría a Etchecopar por violencia de género y términos que consideró injuriantes. “No le bastó con revictimizarme, sino que dijo barbaridades totalmente falaces y ridículas hacia mi persona, tratándome de narco, que tenía el manejo de la falopa en Merlo y que Grabois había negociado mi dignidad por 35 puestos en el municipio”, manifestó la referente de Tres Banderas sobre la acción por daño moral y psicológico.
¿Una hija no reconocida de Juan Grabois?
En una declaración, se lo señaló como padre de una nena. La Justicia no actuó.
En la indagatoria de la causa Mera, Pedro Mallada, pareja de Jéssica Rodríguez y finalmente absuelto, declaró ante el juez Alejandro Litvack que le había expresado a la denunciante su preocupación por la gravedad del armado en que estaba envuelta. En una exposición oral, que quedó transcripta en 16 carillas, Mallada le manifestó al juez su temor de que la dejaran sola. “Ella me contestó que Micaela tiene mucho poder, mucha gente poderosa atrás y que mueve mucha gente, que ella le maneja todo a Juan Grabois ¿Si Grabois le da una patada a Micaela y la echa, ¿qué haces?, ¿quién te cumple?, le dije. Ella me contestó que eso mismo le planteó a Micaela y que ella le dijo que se quede tranquila, que tenía agarrado de los huevos a Grabois, que estaba embarazada de él, que estaba esperando un hijo de él y que a Grabois le saca lo que quiere, que hasta un auto nuevo le dio. Aparte me dijo que Micaela, Grabois y Carpineti en persona se están ocupando de ella, y que me olvide de que no le van a cumplir”.
Micaela se encontraba en ese momento encinta y tuvo una niña que hoy lleva el apellido materno. La nueva ley de familia, reflejada en el Código Civil y Comercial de la Nación, impone al Estado, a través del Registro Civil y el Ministerio Público, el deber de perseguir de oficio la consecución de la filiación completa de niños, niñas y adolescentes con registro monoparental.
La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, adoptada por Naciones Unidas en 1989 y con rango constitucional en Argentina desde la reforma de 1994, asegura a esa niña el derecho a la identidad para garantizar su pleno desarrollo.
Sin embargo, no se tiene conocimiento de que la Justicia haya iniciado actuación alguna respecto a esa declaración que dejó mal parado, en sede judicial, al líder del Frente Patria Grande.
El abogado defensor de Mariano Mera hizo notar que “Micaela Rodríguez es hoy funcionaria nacional en el área de PAMI, Jéssica Rodríguez fue nombrada en la Anses y testigos presentados por la querella, que a la hora de ratificar sus declaraciones repitieron sistemáticamente “no recuerdo” y “no me acuerdo”, también se desempeñan hoy en cargos públicos”.
“Fue tal el poder de esta organización que intentaron involucrarme a mi también en los hechos denunciados, como operador judicial de Mariano Mera, pero en la etapa de instrucción quedó sobradamente demostrada mi ajenidad a todo hecho delictivo que se me intentó adjudicar”, acotó Juan Manuel Casolatti, abogado que fue finalmente sobreseído en la causa.
“Hay gente con muchísimo poder y vinculaciones”, apuntó otro abogado en el caso Mera
Francisco Mandaradoni, defensor de dos implicados en un supuesto secuestro, cuestionó el manejo del caso, afirmó que pocas veces vio tan claro un armado burdo de la causa.
Francisco Mandaradoni, abogado de Pedro Mallada y Ernesto Duarte, sostuvo ayer a este medio que “hay muchas irregularidades” y remarcó que “pocas veces” vio tan claro “un armado burdo de la causa”.
