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En Mendoza ya no hay lugar para los intendentes eternos. Fueron más de 10 años de idas y vueltas, interpretaciones judiciales, peleas y presiones para perpetuarse, sobre todo de los caciques justicialistas. Así, en 2019, finalmente la Corte les puso un freno y acabó con toda intención de continuar en el poder de manera ilimitada, declarando la constitucionalidad de un decreto oficial sobre las mayorías necesarias para habilitar reformas.
Así las cosas, en medio de la actual polémica en Buenos Aires por los caciques que buscan atornillarse en sus sillones ejecutivos, apelando a diferentes vericuetos legales, en la provincia cuyana todo el escenario quedó aclarado y definido por el máximo tribunal: la reelección se limita a un sólo mandato consecutivo, por lo que hay intendentes, con hasta 20 años de ejercicio, que deberán dejar el cargo en 2023.
En agosto del 2019, previo a los comicios generales, la Corte resolvió por cuatro votos contra tres que es “constitucional” el decreto del 2018 del ex gobernador radical Alfredo Cornejo con el cual avaló la enmienda del 2009 que limitó a una la posibilidad de reelegirse. Así, la puja se centraba en resolver la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad o no del decreto que promulgó Cornejo, ya que la Corte entendió que las mayorías exigidas para habilitar la reforma de la Carta Magna se computan según los electores que efectivamente fueron a votar y no por la cantidad de empadronados, como disponía un fallo de 1989, conocido como “Kemelmajer”.
Esa postura, adoptada por la entonces ministra del tribunal, Aída Kemelmajer de Carlucci, establecía que para modificar la Constitución local debían votar a favor de la reforma la mitad más uno de los electores, haciendo referencia a quienes figuran en el padrón. Por eso, desde 2019 se sentó un precedente y se abrió también un escenario de mayor flexibilización para una eventual reforma constitucional, que ya está en los planes del actual gobernador Rodolfo Suarez, aunque dejó en claro que se excluirá la posibilidad de reelección del mandatario provincial, sino que se enfocará en cambios institucionales: la unificación de las cámaras legislativas, la eliminación de los comicios de medio término y la instrumentación de la boleta única.
A contramano de los deseos de los caciques justicialistas, la Suprema Corte mendocina desestimó el planteo de inconstitucionalidad que hicieron contra el Decreto 2010/18 sobre la enmienda constitucional del artículo 198, bajo la ley 7814, sancionada en 2007 y avalada por referéndum en 2009 con la mayoría de los “votantes”. Así, una década después, en 2019, fue la última chance de los caciques comunales para presentarse una vez más consecutiva, por lo que en 2023 deberán buscar otros destinos. Justamente, ese reclamo judicial lo ejercieron con fuerza los intendentes peronistas Emir Félix (San Rafael), Martín Aveiro (Tunuyán), que hoy llevan 10 años al frente de sus municipios, y Roberto Righi, quien en 2023, cuando deje el puesto, habrá cumplido 22 años comandando la comuna. Curiosamente, Righi, quien transita su quinto y último mandato, es uno de los hombres del peronismo mendocino que suena con fuerza para la candidatura a la Gobernación.
Fuente Mendoza Today
