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Por Juan Chiummiento
Empresarios, figuras de la Justicia, sindicalistas y hasta periodistas forman parte de la nómina. Todos ellos fueron objeto de investigaciones durante la gestión de Marcelo Saín al frente del Ministerio de Seguridad.
La investigación de dos fiscales en torno a un presunto espionaje ilegal dentro del Gobierno santafesino sigue ganando escala. Además de dirigentes políticos, ahora se conoció que fiscales, jueces, empresarios, policías y hasta periodistas podrían ser parte de las víctimas.
La revelación surgió a raíz de que se haga público un oficio enviado por los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, en la que pidieron información sobre 661 personas, para comprobar si habían sido objeto de investigaciones durante la gestión de Marcelo Sain al frente del Ministerio de Seguridad. El ahora asesor del ministro Aníbal Fernández estuvo en el cargo desde diciembre de 2019 a marzo de 2021.
Esta semana MDZ contó que la actual vicegobernadora santafesina Alejandra Rodenas, el diputado nacional Roberto Mirabella y el exgobernador Antonio Bonfatti formaban parte de la nómina. Ahora se conoce que, además de ellos, aparecen, entre otros, la jefa de la policía provincial Emilce Chimenti, el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, el titular de Grupo Oroño Roberto Villavicencio (socio de Claudio Belocopitt) y el empresario de medios Gustavo Scaglione.
También forman parte del listado destacados abogados penales, entre ellos Evelyn Andriozzi (que actúa en la defensa de Fabián Gianola por los casos de presunto abuso sexual), Carlos Varela (asesor legal de Los Monos en varios juicios ocurridos en Rosario) y Luis Rossini (abogado del zar del juego clandestino Luis Peiti, recientemente condenado en juicio abreviado).
El oficio firmado por Jiménez y Hernández se enmarca en la causa en la que se investiga a un grupo de ex funcionarios por realizar un presunto espionaje ilegal. Los implicados siempre se encargaron de remarcar que nunca hubo delito en su tarea, sino que simplemente se trató de búsqueda de información para investigaciones criminales.
Esta semana, el propio Sain le bajó el precio a las investigaciones: “Si hay tanta certeza de espionaje ilegal: ¿por qué no nos imputaron? ¿Por qué los fiscales -archivadores de causas donde escuchamos a Maximiliano Pullaro cometer delitos- chivean a la prensa y no imputan? ¿Y las carpetas del ministerio, donde están?”, indicó.
