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Price admitió que hay “una mancha moral asociada a estas instalaciones” y destacó que Washington “busca identificar países adecuados a los que realizar los traslados (de presos) y negociar acuerdos de transferencia.
El vocero del Departamento de Estado dijo que también buscan “garantías de seguridad y de tratamiento humano” para los detenidos a los que la Oficina de Revisión Periódica (PRB) determine que no representan “una amenaza continuada y significativa a la seguridad de Estados Unidos”, informó la agencia de noticias DPA.
La PRB fue creada durante el Gobierno de Barack Obama (2009-2017) para determinar si los detenidos en prisión eran culpables o no.
“En este proceso, la PRB determina que un detenido ha sido considerado elegible para su traslado y puede recomendar países a los que ser enviados, pero no determina dónde serán enviados”, precisó Price, quien agregó que el Departamento “está en contacto regular con países de todo el mundo” para estos traslados, con el objetivo de “cerrar” Guantánamo.
Las palabras de Price llegan poco más de una semana después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, pidiera que el Congreso elimine las restricciones para el traslado de los presos de Guantánamo, tras firmar la ley federal de presupuesto, gasto y política del Departamento de Defensa.
La ley de Autorización de Defensa Nacional, que contempla un presupuesto de 770.000 millones de dólares, fue criticada por Biden -pese a firmarla- por incluir disposiciones que impiden el traslado de los presos a otras cárceles, tanto en el país como fuera de él, y, con ello, su cierre.
“La ley sigue prohibiendo el uso de fondos para transferir a los detenidos de la Bahía de Guantánamo a la custodia o el control efectivo de ciertos países extranjeros (…) y también prohíbe el uso de fondos para transferir a los detenidos de la Bahía de Guantánamo a Estados Unidos a menos que se cumplan determinadas condiciones”, recalcó Biden.
Estados Unidos abrió Guantánamo en 2002, tras el atentado a las Torres Gemelas, para albergar a los sospechosos de terrorismo capturados en todo el mundo, evitando así el derecho constitucional al debido proceso garantizado en suelo estadounidense.
El centro, un enclave estadounidense en la isla de Cuba, se vio salpicado por múltiples denuncias de encarcelamientos extralegales, denegación de derechos y torturas.
Fuente Ambito
