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IsraelLa mitad de las familias españolas con dificultades para calentarse en invierno no está protegida por el bono social. La ayuda, aprobada en la segunda legislatura del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y que el actual Gobierno de coalición ha reforzado ante los continuos récords de la luz, solo llegaba en 2020 a 1,1 millones de clientes, pese a que el número de hogares con pobreza energética sumaba al menos dos millones. Para contar las familias españolas que permanecen a la intemperie, hacen falta seis ceros.
Los errores en el diseño de la medida, que ha ido endureciendo paulatinamente los requisitos para los perceptores, el farragoso proceso burocrático y la falta de información explican la desprotección que viven un millón de hogares en España. Al mismo tiempo, las asociaciones de usuarios denuncian que el bono social está beneficiando a algunos colectivos que no lo necesitan, como las familias numerosas con rentas altas.
Los datos son concluyentes. Según la actualización de los indicadores de pobreza energética —que el Ministerio de Transición Ecológica publicó de forma subrepticia el día de fin de año—, el 10,9% de los españoles no pudo calentar su vivienda en 2020, antes incluso de la irrupción de la crisis energética. Son más de cinco millones de ciudadanos o, lo que es lo mismo, al menos unos dos millones de familias, si se emplea la estimación media de personas por hogar (2,5) que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En el mismo periodo de tiempo, el número de hogares que percibían el bono social eléctrico ascendió a solo 1,1 millones, según los cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Además, estas familias tienen acceso automático al bono social térmico, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó en 2018. En otras palabras: un 45% de los españoles en pobreza energética no recibió las ayudas que necesitaba para pagar la luz, la calefacción y el agua caliente. Precisamente, es el mismo porcentaje en que se incrementó el problema durante 2020, el primer año del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.
Estos cálculos, sin embargo, resultan muy conservadores por dos razones: el número real de hogares que pasan frío en invierno podría ser superior a la proyección anterior, mientras que una parte relevante de los beneficiarios del bono social no sufre una verdadera situación de pobreza energética. Ni están todos los que son ni son todos los que están.
Si en lugar del INE se utilizan como referencia las cifras de otros estudios, la situación es mucho peor. En su informe más reciente sobre la pobreza energética, la Fundación Foessa, ligada a Cáritas, calculaba que en 2018 el 16,6% de las familias no podía mantener una temperatura adecuada en sus domicilios. Son cerca de 3,1 millones. Con estos datos, para los que no es necesario hacer proyecciones —se comparan hogares con hogares—, la tasa de cobertura del bono social se situaría en un exiguo 35%. O menos, teniendo en cuenta que el reporte de 2020 reflejará un aumento de la pobreza energética, siempre que siga la misma tendencia que el del Ministerio de Transición Ecológica.
La polémica de las familias numerosas
Mientras muchos hogares necesitados se ven desprotegidos, algunos de los que viven en la abundancia reciben el paraguas público. Asociaciones de consumidores, como Facua, han puesto el grito en el cielo ante la falta de equidad en el diseño de las ayudas. Su portavoz, Rubén Sánchez, apunta a un grupo: “Las familias numerosas de millonarios tienen derecho al bono. Es contraproducente e injusto”.
Ismael Morales
Efectivamente, el Gobierno considera ‘vulnerable’ a cualquier familia numerosa, independientemente de su nivel de ingresos, por lo que todas ellas tienen derecho a un descuento del 60% para el ciclo de facturación que se extiende desde el 28 de octubre del año pasado hasta el 30 de abril de este año. El Ejecutivo aumentó la rebaja a través del célebre real decreto de hachazo a las eléctricas, en plena espiral de récords en los precios de la luz. Hasta ese momento, se limitaba al 25%. En 2020, 234.000 familias numerosas se beneficiaron de este supuesto, frente a las escasas 80.000 que cumplieron los criterios de renta: al cobrar menos de 15.817 euros, son clasificadas como ‘muy vulnerables’, por lo que el descuento para ellas escala hasta el 70% (antes, un 40%).
Para el resto de los hogares sí existen umbrales, que se han ido endureciendo a lo largo de los años, hasta provocar un espectacular descenso en el número de perceptores: en 2009 llegaron a ser tres millones, el triple que en la actualidad, según los datos de la CNMC. En paralelo, el número de familias numerosas beneficiarias no solo no ha menguado, sino que se ha multiplicado por cinco durante la última década.
Una pareja sin hijos que ingresa 990 euros al mes no recibe nada; a un magnate con tres vástagos se le subvenciona el 60% de la factura
Además, el bono eléctrico no contempla diferencias territoriales: una pareja sin hijos que vive en Madrid con un sueldo de 990 euros al mes no tiene derecho a recibir nada, mientras que a un magnate canario con tres vástagos se le subvenciona el 60% de la factura, hasta un máximo de 4.140 kilovatios/hora anuales (un 20% más que el consumo medio). Da igual que el coste de la vida y el gasto para calentar (y enfriar) la vivienda sean muy superiores en un lugar que en otro: los límites de renta y de consumo son iguales para todo el Estado.
La inequidad de esta medida es solo un ejemplo más de un problema estructural de España, que ha sido subrayado por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional: las políticas sociales benefician a rentas medias y altas, por lo que tienen un efecto limitado en la reducción de la desigualdad. En este sentido, un reciente informe del Centro de Política Económica de Esade (EsadeECPol), desarrollado por María Teresa Costa, Elisenda Jové y Elisa Trujillo y titulado ‘Cómo abordar la pobreza energética en España’, recomienda que el bono social eléctrico incluya “factores correctores en función del nivel de renta, el número de miembros del hogar, las condiciones de la vivienda y la zona climática en la que se reside”.
El bono térmico se acerca más a este diseño. Consiste en un pago único anual de entre 25 y 124 euros —excepcionalmente, el Gobierno lo ha elevado a entre 35 y 350 euros—, en función de la región climática en la que se sitúe cada hogar y su nivel de vulnerabilidad.
Javier G. Jorrín Gráficos: Jesús Escudero
Pese a todas las dudas, con los datos oficiales resulta imposible comprobar si las críticas de las asociaciones de consumidores tienen su reflejo en la realidad. La actualización de los indicadores de pobreza energética no ofrece cifras específicas sobre las familias numerosas y, aunque desagrega por el tamaño de los hogares, advierte de que los valores para los núcleos de cinco o más miembros —que, en principio, son los que responden a esta condición— “deben ser interpretados con cautela debido al reducido tamaño de la muestra”. Si bien reciben más ayudas, en 2020 seguían siendo los que tenían más dificultades para calentarse y pagar facturas, mientras que los hogares unifamiliares sufrían más en las métricas referidas al gasto.
Un cambio de perspectiva
La situación es mala para todos los tipos de familia, pero alcanza cifras desorbitadas entre las más desfavorecidas, y la tendencia apunta a un agravamiento de la situación. El propio informe del Gobierno deja en evidencia la ineficiencia de las políticas públicas: el bono social no está sirviendo para que descienda la pobreza energética. En 2020, el 22,5% de los hogares con las rentas más bajas tenía problemas para calentarse en invierno, un 15% más que en 2017, el año de referencia en la estrategia nacional que maneja el Ejecutivo. Entre las rentas más altas, este porcentaje era de solo el 2%.
Según Eurostat, la oficina estadística de la Comisión Europea, España es el sexto Estado miembro con mayor pobreza energética, por delante de Hungría o Polonia. El notable esfuerzo fiscal para luchar contra esta lacra resulta insuficiente: en 2021, el Ejecutivo presupuestó 202,5 millones de euros para el bono social térmico, que gestionan las autonomías. Es el doble de lo que tenía previsto inicialmente, tras el incremento aprobado en el real decreto de octubre para amortiguar los efectos de la crisis energética.
Rubén Sánchez (Facua): “Tenemos el mismo bono social que antes. Es un paripé de Ribera”
En el caso del bono eléctrico, los costes son asumidos por las comercializadoras o sus matrices. Algunas compañías del sector, como Iberdrola o Viesgo, recurrieron en su día los repartos anteriores hasta obtener varias victorias judiciales. En 2021, Endesa, Naturgy y la firma presidida por Ignacio Sánchez Galán financiaron el 86% del bono, por ser las que acaparan más cuota de mercado. Las empresas cuentan con el aval de la CNMC para repercutir este coste en sus tarifas, siempre que lo hagan de una forma transparente. Pero la gestión privada de las ayudas genera un problema: las asociaciones de consumidores denuncian que las eléctricas complican los trámites para ahorrarse dinero, y el propio regulador propuso en 2020 que se flexibilizase la forma de comprobar que un demandante cumple los requisitos.
Durante los últimos años, han crecido las voces que piden que el Estado asuma los gastos y la gestión del bono eléctrico, para que este se convierta en una ayuda social homologable a las demás. Entre ellas, están las investigadoras de Esade, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) o Facua, que reclaman una reforma integral para simplificar el proceso, más allá de los últimos cambios, centrados en las cuantías. “Hemos enviado una serie de propuestas, pero nunca nos han dado respuesta. Tenemos el mismo bono social que antes”, denuncia Sánchez, para quien los cambios de los últimos decretos son solo “un paripé de [Teresa] Ribera”, en referencia a la ministra de Transición Ecológica.
Las asociaciones de usuarios reivindican que la renovación sea automática —actualmente, se debe realizar cada dos años— y lamentan que miles de familias se hayan quedado sin ayuda por la brecha digital o por recibir las facturas a nombre de su arrendador. La OCU incluso propone que el Estado identifique a los consumidores vulnerables y les otorgue el bono sin que estos lo soliciten, un escenario que se antoja muy lejano a la vista de la escasa cobertura que han logrado otros subsidios, como el ingreso mínimo vital, aquejados de importantes cuellos de botella en su tramitación.
Pero ni siquiera así se acabaría con el problema de la pobreza energética. España empezó a abordar esta lacra tras la Gran Recesión de 2008, mucho más tarde que los países más avanzados, y acumula décadas de retraso. Más allá de las medidas paliativas, como el bono o la prohibición del corte de suministros a los consumidores más vulnerables —el Gobierno la ha extendido hasta el 28 de febrero—, las expertas de Esade piden cambiar radicalmente el enfoque y centrarse en acciones estructurales. Hace falta mejorar la eficiencia energética con nuevas ayudas para los hogares vulnerables, instalar contadores digitales para conocer la situación a tiempo real y reforzar la colaboración público-privada en la protección de las familias.
La estrategia nacional marca como objetivo que en 2025 el porcentaje de españoles que pasen frío en su casa caiga a un anecdótico 4%. Actualmente es del 10,9%, y subiendo. Quedan mil días para cambiar el rumbo y alcanzar la meta.
Fuente El Confidencial
