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De acuerdo a la versión policial, si bien en la requisa efectuada de las pertenecías de Gallardo no se encontró el aparato telefónico, los agentes intervinientes constatan la posesión de documentos de identidad que no le pertenecían y, por ello, decidieron aprehenderlo. Los policías lo llevaron a la seccional y lo alojaron en una celda junto a otro detenido, pero luego quedó solo y horas más tarde fue encontrado muerto, cerca del mediodía del mismo lunes.
Los policías aseguraron que Gallardo se había ahorcado utilizando una frazada que se les suministra a los detenidos. El fiscal de la causa Guillermo Lista ordenó la realización de la autopsia y le encomendó todos los peritajes a expertos de la Policía Federal, dado que el hecho ocurrió en dependencias de la Policía de Rio Negro. El fiscal Lista también secuestró las imágenes de video surgidas de las cámaras de seguridad que se encuentran instaladas en el hall y los pasillos de las celdas de la comisaria.
Por su parte, el jefe de la Policía de Río Negro, comisario general Osvaldo Tellería, aseguró que la existencia de la frazada en la celda es algo “habitual y obligatorio” y explicó que “hay cámaras en el hall y en el ingreso a las celdas y esos registros fílmicos fueron aportados a la Fiscalía”. “También se entregó el parte diario del cuartelero a cargo de la celda de detención, donde queda registro del ingreso de personas que sean detenidas por procesos judiciales o contravenciones”, explicó el comisario.
En tanto, el jefe de la Unidad Regional Tercera, comisario Elio Tapia, explicó que “la Policía de Río Negro se brindó todo lo que pidió el fiscal” para lograr el esclarecimiento del hecho. En junio de 2010 cuando tenía apenas 15 años, Gallardo había sido uno de los adolescentes heridos por la represión policial durante una manifestación realizada por vecinos por la muerte de Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, tras el caso de gatillo fácil contra Diego Bonefoi.
En aquel caso, Gallardo fue un testigo relevante en la causa que incluyó a altos oficiales y exjefes policiales, todos ellos condenados en un juicio oral pero que permanecen en libertad porque el fallo aún no está firme. Desde esa época en adelante, tanto Gallardo como el resto de su familia denunciaron haber recibido amenazas y actos intimidatorios constantes, que motivaron distintas denuncias por apremio ilegales y amenazas.
En noviembre de 2011, la Pastoral Social de Bariloche se solidarizó con él luego de haber realizado nuevas denuncias: “Tres encapuchados me amenazaron colocándome un arma en la cabeza y sugiriéndome que retire las denuncias porque sino soy boleta”.
Fuente Ambito
