El presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, ha señalado este miércoles que el debate sobre el futuro de las corporaciones provinciales «va y viene» cuando «no hay nada que hablar» y ha recordado que, aunque no son inamovibles, su existencia está sujeta a la Constitución. Gaspar ha recordado que los socialistas estaban en contra de los modelos de diputación de etapas anteriores, por lo que trabaja para adaptar la institución que lidera al «siglo XXI», con el objetivo de «servir a los Ayuntamientos» y conseguir que deje de asociarse a Divalterra, la antigua Imelsa, en fase de liquidación y envuelta en asuntos judiciales. Así se ha expresado el dirigente socialista en una atención a medios en la que ha presentado los resultados de una encuesta sobre el funcionamiento de la corporación que gobiernan de forma «discreta», según su máximo responsable, PSPV y Compromís. Cuestionado sobre si busca proyectarse desde su cargo para ocupar algún puesto en el seno de su partido, el también alcalde de Faura ha descartado postularse para cualquier cargo orgánico y ha indicado que tiene «ambición por hacer cosas, mas que por ser cosas», motivo por el que intenta meterse lo menos posible en la «batalla política improductiva». «Me gusta la gestión pública, disfruto de ella hasta en los malos momentos, de torearlos y de modularlos», ha añadido. En el sondeo realizado por GfK han participado 204 de los 266 alcaldes de la provincia, que han destacado la utilidad de la institución pública -un 97,6% la considera importante- en la gestión de su municipio, han valorado positivamente (un 7,97 sobre 10) el apoyo durante la pandemia y han aprobado con un 7,61 la gestión de Gaspar. La «autonomía» para decidir el destino de los fondos (8,8) y la forma en la que se reparten (8,05) son los dos puntos con mayor aceptación. Un extremo en el que el líder provincial ha destacado su apuesta por terminar con las subvenciones nominales y los «besamanos» de los primeros ediles al presidente para conseguir dinero. En ese sentido, ha subrayado que el interés del actual equipo para por garantizar que los pueblos pequeños tengan la misma calidad de vidad que las grandes urbes. Pese a la satisfacción general (37,7% excelente; 47,1% notable; y 11,3% aprobado) con los servicios que se reciben de la Diputación y la reducción de los trámites administrativos, la excesiva burocracia sigue siendo una asignatura pendiente, según los encuestados y el propio responsable de la misma. «Esa es una cruzada mía, tiene que continuar aunque no depende todo absolutamente de esta casa», sino de la legislación. «Tendremos que ponernos en eso las pilas», ha asegurado. Además, entre las localidades de menos de 2.000 habitantes, se opina que existe un gap temporal mejorable entre la disponibilidad de recursos y el acceso a los mismos.
Fuente ABC