La pregunta sobre cómo mataron a Nisman no debería apagarse nunca en una democracia sana. Pero el gobierno la niega y la esconde.
Es 13 de enero. Nisman volvió de Europa ayer y mañana va a denunciar a Cristina Kirchner y a su gobierno por encubrir a los terroristas iraníes que volaron la AMIA. Halló un dato en las escuchas que hacía sobre los sospechosos del atentado. Ese dato llevó a otros. Y éstos nuevos, a otros más.
Nisman no puede elegir si denunciar o no. Debe hacerlo porque es su obligación. Cree que el Gobierno lo va a correr de la fiscalía AMIA -como acaba de correr a los fiscales Taiano y Marijuán de otras fiscalías especiales “incómodas”- y vuelve de Europa para denunciar lo que sabe antes de que eso suceda.
Nisman está seguro de lo que hace. Presenta la denuncia el 14 y a la noche va a TN y explica su hipótesis: que el gobierno de Cristina pactó con Irán retomar el comercio bilateral entre estados -Argentina necesitaba petróleo por la crisis energética- a cambio de darles impunidad a los sospechosos de volar la AMIA.
¿Cómo lo harían? Con un tratado bilateral donde los iraníes acusados serían indagados por la justicia argentina dentro de Irán sin que los argentinos tengan jurisdicción para dictar sentencia.
El punto 7 decía que el acuerdo sería remitido a Interpol, que tenía órdenes de detención (alertas rojas) contra los sospechosos.
A raíz de ese punto, Interpol no levantó las alertas rojas, pero las neutralizó: puso un agregado diciendo que la causa sobre las personas buscadas se estaba resolviendo entre los países implicados.
¿Qué tercer país “se metería” a detener a esos sospechosos si había un principio de acuerdo entre las partes?
El 19 de enero Nisman iría al Congreso a informar sobre sus sospechas y llevaría al juzgado el anexo con la información sobre la que basaba su denuncia: 19 DVDs que contenían el material de 961 CDs con cientos de horas de conversaciones grabadas.
En las 48 horas previas a eso -cuando aún nadie sabe qué tiene el fiscal contra Cristina- suceden dos cosas: hay un incendio en la Casa Rosada (que se mantiene en secreto varios meses) y Nisman es hallado muerto.
El incendio nunca se denunció a la justicia. Provocó una sobrecarga eléctrica que afectó únicamente a los equipos que guardaban los datos de 130.000 entradas y salidas desde antes del pacto con Irán hasta ese día de 2015. Todo está perdido desde entonces.
Esos datos dependían de Aníbal Fernández, que mintió dos veces: dijo que nada se había perdido (cuando se había perdido todo) y que el incendio había sido en otra fecha.
Su subalterno era el jefe de la Casa Militar, Agustín Rodríguez, quien respondía al jefe del Ejército (y de la Inteligencia paralela de Cristina Kirchner) César Milani.
Hoy Aníbal es ministro de Seguridad, Rodríguez es gerente de Seguridad de la Casa de la Moneda y Milani da cursos en el Instituto Patria.
Al mismo tiempo en que el incendio destruía datos en la Casa Rosada, Lagomarsino llevaba el arma asesina a Puerto Madero. Pocas horas después, Nisman yacía en el baño con una bala en la cabeza.
Un ejército de espías de la SIDE había estado hablando frenéticamente antes de que hallaran el cuerpo y más de 50 personas pisoteaban la escena del crimen como “una manada de búfalos”, según definiría en esos días el prestigioso perito forense Osvaldo Raffo.
Uno de esos búfalos era Sergio Berni. Los espías reportaban a Juan Mena.
Hoy Berni es ministro en la Provincia y Mena el viceministro de Justicia que apoya la marcha para “echar” a los miembros de la Corte.
Como en una consagración mundial de la impunidad, ahora aparece en Nicaragua Mohsen Rezai, uno de los iraníes acusados por Nisman, sobre quien siguen pesando las inofensivas alertas rojas.
El gobierno argentino apoya al gobierno que lo invita y luego repudia su presencia. Tibio, tibio.
La pregunta sobre cómo mataron a Nisman no debería apagarse nunca en una democracia sana, pero el Gobierno no sólo no la impulsa: la esconde.
Negarla no significa que no haya sucedido.
Ni el transcurso de 7 años significa olvidar.
Fuente Clarín
