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IsraelEl excepcionalismo español constituye un debate recurrente entre las élites patrias. Desde los regeneracionistas de Joaquín Costa hasta los desarrollistas del ‘Spain is different‘, numerosos intelectuales y políticos han esgrimido el carácter supuestamente anómalo de nuestro país en el contexto europeo, ya sea por su situación periférica, la ‘neutralidad’ en las guerras mundiales, el sempiterno problema territorial o las pulsiones cainitas de sus habitantes. La integración comunitaria aplacó muchos de esos prejuicios. Pero, cuatro décadas después, hay un aspecto en el que España sigue estando un peldaño por debajo de sus socios. Y, una vez más, han sido las élites las encargadas de señalarlo.
El Foro Económico Mundial, promotor del célebre encuentro VIP que tiene lugar cada enero —salvo pandemia— en la localidad suiza de Davos, consulta todos los años a 100 líderes anónimos de cada país acerca de cuáles son los principales riesgos a los que se enfrentan sus territorios. Las conclusiones de 2022, recogidas en la 17ª edición del documento ‘The Global Risks Report‘, nos sitúan más cerca de África que de nuestros vecinos de la Unión Europea: España es el único Estado del club comunitario que afronta una crisis laboral como principal amenaza a corto plazo.
A la pregunta ‘¿Qué cinco riesgos supondrán una amenaza crítica para tu país en los próximos dos años?’, la respuesta más frecuente entre los encuestados fue ‘crisis de empleo y de subsistencia’. En Alemania eligieron ‘fracaso de la acción climática’; en Francia, ‘erosión de la cohesión social‘; en Italia, ‘crisis de deuda’; en Portugal, ‘estancamiento económico prolongado’; en el Reino Unido, ‘fracaso de las medidas sobre ciberseguridad’… y —ya fuera de la UE—, en Estados Unidos, ‘estallido de la burbuja de activos’. Otro planeta.
El principal peligro para España, más prosaico, se asemeja al de los Estados en vías de desarrollo o, en la mayoría de los casos, subdesarrollados. La lista de los que sitúan las crisis de empleo y de subsistencia en primer lugar es la siguiente: Angola, Bangladés, Bolivia, Botsuana, Brunei, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Congo, Ghana, Irán, Kazajistán, Kenia, Kirguistán, Mali, Montenegro, Namibia, Nepal, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Turquía y Zambia. De ellos, solo Colombia y Turquía acompañan a nuestro país en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que reúne a las 37 economías más avanzadas del mundo.
Este es el mapa que componen las más de 12.000 respuestas de los líderes de 124 naciones, consultados entre mayo y septiembre de 2021. En conjunto, el 30% de los encuestados considera que las crisis laborales supondrán un riesgo crítico para el mundo en los próximos dos años, solo por detrás de los fenómenos meteorológicos extremos (31%). El fracaso de las políticas climáticas y la erosión de la cohesión social también despiertan alarma, así como algunas amenazas que han adquirido relieve durante la crisis del coronavirus, como las enfermedades infecciosas y el deterioro de la salud mental. A largo plazo, los asuntos medioambientales se imponen con claridad, en un escenario marcado por la preocupación (84%) por un futuro que muchos consideran volátil y lleno de sorpresas (42%).
España es un país del primer mundo con un problema laboral indigno de tal condición
En su informe, de 117 páginas, el Foro Económico Mundial establece cinco grandes bloques de amenazas: sociales (‘cicatrices del covid-19’), económicas (‘crisis de deuda inminente’), medioambientales (‘el planeta no puede esperar’), tecnológicas (‘puntos ciegos de la conectividad’) y geopolíticas (‘crecimiento de la rivalidad’). Entre las primeras se encuentra el principal riesgo para España, que los autores del estudio —dirigido por la asesora de riesgos estadounidense Marsh McLennan— definen como un “deterioro estructural de las perspectivas y estándares laborales de la población en edad de trabajar: desempleo, subempleo, salarios más bajos, contratos frágiles, erosión de derechos de los trabajadores”.
La advertencia de las élites españolas llega en un momento crucial para el futuro del mercado laboral en nuestro país. La reforma impulsada por la ministra del ramo, la comunista Yolanda Díaz, con el acuerdo de la patronal y los sindicatos ha situado el problema de la calidad del empleo en el centro del debate por primera vez en mucho tiempo. Durante los últimos meses, las polémicas genuinamente hispanas, como la cuestión catalana, han cedido terreno en la discusión pública a la verdadera anomalía nacional, realzada por la pandemia y que Davos ha puesto en evidencia: España es un país del primer mundo con un problema laboral indigno de tal condición.
Mientras los líderes del norte de Europa se preocupan por cuestiones medioambientales y geopolíticas, los del sur siguen poniendo el énfasis en los riesgos económicos. No en vano, las principales amenazas para Italia, Grecia y Portugal son la crisis de deuda y el estancamiento de la economía, que también se cuelan en el podio en el caso de España. Esta Unión Europea a dos velocidades evoca a la pirámide de Maslow: en los Estados con las necesidades básicas satisfechas, surgen preocupaciones más complejas y distantes, como el cambio climático; en los que sufren problemas diarios, el principal riesgo procede de las cosas de comer.
Opinión Nuestro país es, junto a Francia, el único de los Veintisiete —no todos aparecen en la encuesta— que tiene un indicador social en el frontispicio de sus riesgos sistémicos. Sin embargo, en el caso francés, el problema tiene que ver con la “fractura social como consecuencia de la desconfianza, la falta de empatía y la polarización política”, no con cuestiones materiales. De todas las economías del euro, el riesgo laboral solo aparece, además de en España, como la tercera amenaza para Portugal.
La preocupación de las élites coincide con la de los ciudadanos de a pie, para quien el paro sigue siendo el principal problema nacional (59,8%), como recoge el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En este caso, los datos avalan el alarmismo.
Pese a crear 780.000 puestos de trabajo durante 2021 y encadenar diez meses consecutivos con el desempleo a la baja, su mejor racha histórica, España sigue siendo el país con más paro de la UE (un 14,1%, el doble que la media de la Eurozona) y el segundo con mayor desempleo juvenil tras Grecia, según Eurostat. La tasa de temporalidad también duplica la media comunitaria, y se elevó hasta el 26% en el tercer trimestre del año pasado, tal y como refleja el último informe de Adecco. Además, los españoles siguen perdiendo poder adquisitivo: los sueldos adscritos a la negociación colectiva solo subieron un 1,47% en 2021, la mitad que la inflación. Incluso las reiteradas subidas del salario mínimo no han impedido que el 16,9% de los trabajadores tenga dificultades para llegar a fin de mes, de acuerdo con la ‘Encuesta de condiciones de vida’ del Instituto Nacional de Estadística.
El riesgo laboral que identifican las élites de Davos no se recoge como una amenaza sistémica en los documentos de las instituciones
La precariedad del mercado laboral no ha generado una gran conflictividad social en los últimos años, al menos si se compara con la situación de otros países vecinos, como Francia. Para encontrar la última huelga general hay que remontarse al 14 de noviembre de 2012, y no llegó a paralizar todo el territorio contra las reformas del Gobierno de Rajoy. El diálogo entre el actual Ejecutivo, la patronal y los sindicatos está más engrasado que nunca. Pero la paz social es frágil y el malestar de fondo se encuentra en la génesis del terremoto que ha vivido el sistema político español durante la última década, con la descomposición del bipartidismo, el auge de los populismos y la creciente polarización. Por no hablar del lastre que suponen las disfunciones del modelo laboral para la competitividad de la economía, aquejada desde hace años por un estancamiento de la productividad y un saldo muy negativo entre la ‘importación’ y la ‘exportación’ de talento.
Una amenaza olvidada
Pese a todo, nadie ha dado la voz de alarma en el seno del Estado. El peligro identificado por los líderes de Davos, que Yolanda Díaz trata de conjurar con su remozado laborismo y los liberales con la mochila austríaca, no se recoge como una amenaza sistémica en los principales documentos que manejan las instituciones públicas. La nueva Estrategia de Seguridad Nacional obvia este problema en su capítulo 3, dedicado a los riesgos para España, y apenas habla del mercado laboral cuando se refiere al declive de las clases medias y los efectos de la automatización de los puestos de trabajo en el crecimiento de los populismos a escala global. Solo una frase deja entrever la importancia del empleo para asegurar la estabilidad: “La visión de futuro de una España segura y resiliente incluye la transformación tecnológica y la transición ecológica como vectores que faciliten un crecimiento sostenible y justo, la competitividad del tejido industrial y empresarial y la creación de empleo de calidad”.
Del mismo modo, el Real Instituto Elcano, ‘think-tank’ público de referencia en nuestro país, no señala la crisis laboral como un peligro sistémico en su informe ‘España en el mundo 2022: perspectivas y desafíos‘. Los principales riesgos económicos que apunta el prestigioso organismo están relacionados con la crisis de suministros, el encarecimiento de la energía y la incertidumbre sobre la pandemia. Respecto al mercado de trabajo, las referencias se limitan a la necesidad de incorporar a los colectivos de mujeres y migrantes en unas condiciones más favorables que las actuales.
Mientras la Estrategia del Estado se centra en prepararse para las tensiones regionales, el terrorismo, las pandemias, la amenazas a las infraestructuras críticas, las catástrofes, el espionaje, las campañas de desinformación, la vulnerabilidad del espacio cibernético, marítimo y aeroespacial, la inestabilidad financiera, el crimen organizado, los flujos migratorios irregulares, la vulnerabilidad energética, la proliferación de armas de destrucción masiva y los efectos del cambio climático, la sociedad civil apunta hacia otro sitio.
“Cuando la desigualdad de un país es elevada, también lo es su inestabilidad social y, en consecuencia, la probabilidad de conflicto”
El mensaje de las élites del Foro Económico Mundial coincide con el del Observatorio Social de la Fundación La Caixa, que empieza su ‘Radiografía de medio siglo de desigualdad en España‘ con esta advertencia: “Cuando la desigualdad de un país es elevada, también lo es su inestabilidad social y, en consecuencia, la probabilidad de conflicto, ya que amplias capas de la población quedan excluidas de los frutos del crecimiento económico”. El informe demuestra que España es el Estado más desigual de los 15 que formaban la Unión Europea antes de la incorporación de los países del Este. Y apunta a una causa por encima de cualquier otra: sí, el mercado laboral.
Quizá la verdadera singularidad nacional consista en haber normalizado lo que es anormal. Pero el riesgo sigue ahí y la amenaza que temen los de arriba puede consumarse en cualquier momento.
Fuente El Confidencial
