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El Gobierno español está decidido a empezar a ser más “halcón” que “paloma” en los debates europeos. Y para ello traza alianzas, tiende puentes y trata de buscar sinergías con Estados miembros que no suelen ser sus aliados naturales. Esta vez la delegación española ha acordado una posición común con la austriaca, la luxemburguesa y la danesa para oponerse a la propuesta de taxonomía de la Comisión Europea para considerar a la energía nuclear y al gas como energías limpias “garantizándoles de facto el mismo tratamiento que energías verdes incuestionables como la solar o la eólica”.
La taxonomía verde es el sistema de clasificación que permite a los inversores saber qué proyectos son sostenibles y cumplen con una serie de requisitos. La inclusión por parte de la Comisión Europea de la energía nuclear o del gas dentro de ese etiquetado verde no significa que los Estados miembros que no lo deseen deban abrir centrales nucleares, por ejemplo, sino por ejemplo que proyectos que utilizan gas o energía nuclear pueden ser financiados con los llamados “bonos verdes”.
España, Dinamarca, Luxemburgo y Austria se oponen frontalmente a esta propuesta, como han dejado claro este jueves por la noche en el documento con el que pretenden dejar clara la posición común que defenderán durante la reunión informal de ministros de Medio Ambiente que se celebra en Amiens y que se prolongará a lo largo del fin de semana. Los cuatro Estados miembros alertan sobre el riesgo que este paso dado por el Ejecutivo comunitario puede tener sobre el propio sistema de la taxonomía y critican que “la credibilidad y utilidad (del sistema) está en juego”.
“Vemos el borrador (de la propuesta del Ejecutivo comunitario) como un paso hacia atrás”, señalan los ministros firmantes, entre los que está Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno. “Este borrador envía el mensaje equivocado a los mercados financieros y arriesgamos a que sea rechazado por los inversores”, avisan los Estados miembros, que no están solos en su crítica. El Gobierno alemán se ha opuesto durante mucho tiempo a la inclusión de la energía nuclear como una energía verde, algo que siempre ha venido defendiendo Francia.
Finalmente la Comisión Europea ha intentado contentar a ambos, incluyendo la nuclear para satisfacer a París, pero también a otras capitales que le apoyaban como Praga o Varsovia, y el gas para compensar a Berlín, lo que no ha hecho más que empeorar la situación para algunas capitales. Pero el Ejecutivo alemán, que está dividido en esta cuestión y de hecho los tres partidos que lo conforman, socialdemócratas, verdes y liberales, no fueron capaces de llegar a un punto común para el acuerdo de Gobierno, tiene claro que no quiere que este sea un punto de choque con Bruselas, por lo que está dispuesto a mantenerse en un perfil bajo.
La postura del Gobierno es bien conocida desde que la Comisión Europea lanzó su propuesta al borde de la medianoche del pasado 31 de diciembre de 2021. “España admite que tanto la energía nuclear como el gas natural tienen un papel que jugar en la transición pero limitado en el tiempo, por lo que deben ser tratadas de forma aparte y no como verdes, donde están otras energías claves para la descarbonización y sin riesgo ni daño ambiental”, señalaba el ministerio de Transición Ecológica en un comunicado a principios de enero.
“Animamos a la Comisión Europea a no arriesgar el valiente camino que ha tomado para hacer a la Unión Europea el primer continente neutral en emisiones y el líder de los mercados financieros sostenibles”, finalizan su documento los ministros de España, Austria, Luxemburgo y Dinamarca. La Comisión Europea recogió los comentarios de los Estados miembros hasta el pasado 12 de enero, y a finales de mes adoptará un texto definitivo. Este se podrá discutir hasta durante seis meses con el Parlamento Europeo y con el Consejo. Sin embargo, España y sus aliados tienen pocas opciones, especialmente teniendo en cuenta que Alemania ha pasado a un perfil bajo, ya que para bloquear esta propuesta necesitarían ser al menos 20 Estados miembros representando al 65% de la población europea.
Fuente El Confidencial
