De esta manera, la provincia emitió un decreto en el que manifiesta que resulta “menester resguardar el accionar no sólo de los poderes estatales involucrados en la causa prealudida, sino además el resto de las personas que puedan estar involucradas en la misma”.
La causa se abrió el 26 de noviembre del 2021, cuando a partir de denuncias de recolección de información a través de prácticas ilegales, se allanaron las sedes de los ministerios de Seguridad de Rosario y Santa Fe.
Como consecuencia del operativo, se dio lugar a la posterior renuncia del entonces secretario de Seguridad, Germán Montenegro, y los funcionarios que lo secundaban.
En aquella oportunidad, Saín -hoy reemplazado por Jorge Lagna- se encontraba al frente del Ministerio de Seguridad provincial.
Sobre este punto la provincia sostuvo a partir del decreto presentado ayer, que es “necesaria esta decisión (de querellar) con el firme propósito de lograr un esclarecimiento definitivo de los hechos investigados”.
El gobierno provincial manifestó que “al haber tomado estado público las medidas procesales dispuestas por el Ministerio Público de la Acusación, efectivizadas en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Provincia, este Poder Ejecutivo de manera inmediata dispuso a través del Decreto 26511/21 instruir al Fiscal de Estado, para que, a través de la Dirección de Auditorías y Sumarios dependiente de esa jurisdicción- inicie los procedimientos administrativos que legalmente correspondan”.
Fuente Ambito
