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“Sospecho que no tendremos que esperar mucho más para el informe de Sue Gray, con el que podremos tener una visión más completa de lo que ocurrió exactamente”, afirmó a la BBC la ministra de Relaciones Exteriores, Liz Truss.
A principios de diciembre, intentando esquivar un escándalo entonces incipiente sobre una supuesta fiesta de Navidad organizada por sus colaboradores un año antes, cuando las normas contra la pandemia de coronavirus lo prohibían, Johnson se declaró “furioso” y ordenó una investigación interna prometiendo “consecuencias” si se infringieron las reglas.
Pero desde entonces, en un goteo incesante de filtraciones, la prensa publicó informaciones sobre más de una docena de estos eventos ilegales, en algunos de los cuales Johnson tuvo que admitir haber participado aunque esforzándose por eludir responsabilidades.
El “partygate” se convirtió en una bola de nieve que amenaza con arrasar al primer ministro de Reino Unido a su paso, especialmente después de que la policía de Londres anunciara el martes, tras mucha dilación, estar investigando posibles delitos.
Tras el anuncio, se vivió a una confusa tarde de declaraciones contradictorias.
Downing Street comenzó anunciado que se suspendía buena parte de la investigación interna, encargado a la alta funcionaria Sue Gray, para no interferir con las pesquisas policiales.
Se dijo después que el informe podría publicarse solo parcialmente y luego se filtró que Boris Johnson debía recibirlo esa misma noche en su totalidad y reaccionar a él este miércoles durante la sesión semanal de preguntas en la Cámara de los Comunes.
Y, finalmente, que Gray no entregó aún sus conclusiones pero estas podían conocerse antes de acabar la jornada, en los próximos días o la semana que viene, abriendo un muy tenso compás de espera para un primer ministro cuyo puesto pende de un hilo.
“No necesitamos el informe de Sue Gray para saber que Boris Johnson debe irse“, escribió Angela Rayner, número dos del Partido Laborista, principal fuerza de oposición, en un artículo de opinión publicado el miércoles.
Rayner denunció “una cultura muy clara de total desprecio por las normas y el decoro en Downing Street” y aseguró que esta “viene solo de la persona que está al mando”.
Johnson, de 57 años, llegó triunfalmente al poder en 2019 prometiendo llevar a cabo un Brexit con el que su predecesora, Theresa May, llevaba años debatiéndose. Sedujo así a un gran número de bastiones laboristas en el norte posindustrial de Inglaterra y se alzó con la mayoría conservadora más importante desde los años 1980.
Pero ahora son precisamente los jóvenes diputados de su partido elegidos en esas circunscripciones que tradicionalmente votaban a la izquierda quienes se rebelan con más fuerza contra su líder, al que quieren arrebatar las riendas de la formación, y por lo tanto del gobierno, con una moción de censura interna.
Para ello, necesitan enviar al menos 54 cartas, 15% de los 360 diputados de la mayoría gubernamental, al denominado Comité 1922, encargado de la gestión del grupo parlamentario.
Su número se mantiene secreto hasta que se alcanza ese umbral.
Y aunque la semana pasada la rebelión pareció verse enfriada por el temor a acabar perdiendo el poder en favor de un laborismo que, por primera vez en años, le saca a los conservadores 10 puntos de ventaja en las encuestas, las conclusiones del informe Gray podrían reavivarla.
Aunque todo depende de si publica su investigación completa, sobre todas las presuntas fiestas ilegales, o se limita a hechos menores y deja la determinación de los posibles delitos a la policía.
Esto podría darle a Johnson unos preciosos meses de respiro a la espera de sus resultados, durante los que intentar mejorar su popularidad aprovechando la mejora de la situación sanitaria en Reino Unido, el levantamiento de las restricciones y el impulso económico que debe seguir.
Fuente Ambito
