La llamada Ley de Seguridad Ciudadana castiga con mayor severidad el porte de armas blancas, el daño a bienes privados o públicos, permite la legítima defensa en algunos casos, eleva las penas de quienes reincidan en un delito y establece la sanción más alta posible para quienes asesinen policías, defensores de derechos humanos, periodistas o menores de edad, explicó Duque.
La ley, ya aprobada por el Congreso, “está inspirada en los ciudadanos de a pie que se sienten amedrentados y con miedo”, explicó durante el acto el ministro de Defensa Diego Molano.
Su implementación pretende disminuir “la impunidad de quien delinque”, darle “mayor protección a los ciudadanos y a miembros de la fuerza pública así como mayores herramientas para los jueces que aplican justicia”, precisó el gobierno en un video proyectado durante el acto.
En adelante, “los delitos violentos” que se ejecuten con armas peligrosas y los hurtos que superen un equivalente de 1.000 dólares tendrán prisión, indicó Duque.
También se estableció “una sanción sin beneficio de excarcelación” para los daños a infraestructura pública o de bienes privados.
“Aquí se le manda un mensaje claro a los que han tratado desde el vandalismo legitimar causas claramente influenciadas por la política”, añadió.
Durante las masivas y sangrientas protestas contra el gobierno que estallaron en abril de 2021, en las que murieron más de 60 personas y unas 700 resultaron heridas, el mandatario acusó a una facción de los manifestantes de cometer “actos de vandalismo”. Cientos de ellos están detenidos por delitos relacionados, según la fiscalía.
Desde que asumió en 2018, Duque siempre respaldó el accionar de la fuerza de seguridad: en 2019 lo hizo cuando una serie de manifestaciones antigubernamentales dejaron cuatro muertos, y en 2020, cuando una movilización por el asesinato de un estudiante en poder de la policía tuvo un saldo de 13 víctimas fatales.
La ley también prevé castigos más severos para combatir el rebrote de la violencia que siguió al acuerdo de paz con la disuelta guerrilla de las FARC, que se evidencia con una nueva ola de masacres, asesinatos selectivos y desplazamientos.
El homicidio de líderes, policías y demás casos ya descritos se castigará con una pena de hasta 58 años de prisión.
Además de la Ley de Seguridad Ciudadana, Duque sancionó el nuevo Estatuto Disciplinario de la Policía de Colombia y la profesionalización de los patrulleros, que describió en Twitter como “tres instrumentos que enarbolan principios, derechos y deberes humanos”.
Esta ley, aprobada por la Cámara de Representantes en diciembre último, tuvo un amplio rechazo de la oposición, bajo el argumento de que el proyecto tenía inconsistencias y lo tildaron de “populismo punitivo” y de “autoritarismo” en contra de quienes deciden salir a las calles a protestar.
Fuente Ambito
