La respuesta de Repsol a este segundo derrame fue que “se había filtrado a pesar de haber realizado los trabajos para retirar el crudo, previamente a la ejecución de la inspección y reparación” del ducto.
El crudo derramado el 15 de enero se expandió a lo largo de 21 playas, afectó a más de 180 hectáreas y 713 hectáreas de superficie en el mar, según el Ministerio de Ambiente de Perú. También dejó sin trabajo a cientos de pescadores artesanales.
Además, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) se refirió en un informe que el crudo derramado se desplazó hacia el norte del país debido al movimiento de las corrientes marinas, afectando a 512 hectáreas aproximadamente y la Zona Reservada Ancón en 1758.1 hectáreas, con duras consecuencias para la biodiversidad marina.
El pasado 21 de enero el gobierno peruano declaró la Emergencia Ambiental en la zona costera y la fiscalía abrió una investigación por el presunto delito de contaminación ambiental. Se solicitó una fianza de 150 millones de soles al buque “Mare Dorium” llegado el caso de que quiera abandonar la costa peruana.
También, Perú exigió a Repsol “resarcir” los daños por el derrame de crudo. El presidente Pedro Castillo calificó el derrame como “el desastre ecológico más preocupante registrado en la costa peruana en los últimos tiempos”.
Según la organización Fridays For Future, desde el año 2000 se registraron más de 470 derrames de petróleo en la Amazonia peruana, afectando al ecosistema y a las comunidades.
Fuente Ambito
