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IsraelMADRID, España.- El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, negó este miércoles la existencia de trata de personas en el país.
A través de su cuenta en Twitter el canciller desestimó las recientes declaraciones al respecto del secretario de Estado, de Estados Unidos, Antony Blinken.
“Las acusaciones mendaces del Secretario de Estado de EE. UU. que vinculan a Cuba con la trata de personas buscan empañar el esfuerzo solidario de la cooperación médica cubana, que salva vidas y cuyos méritos incuestionables reconoce la comunidad internacional”, escribió Rodríguez Parrilla.
El canciller cubano manifestó además que la intención de Estados Unidos es justificar así el embargo económico hacia Cuba.
“Tenemos que encontrar más formas de ejercer presión efectiva sobre los gobiernos que participan o permiten la trata de personas: China, Cuba, Corea del Norte, Rusia”, expresó este 26 de enero Blinken, durante la primera reunión del Grupo de trabajo interinstitucional del presidente Joe Biden para monitorear y combatir la trata.
Pese a las negaciones del titular cubano, este mismo miércoles la organización Prisoners Defenders reveló pruebas contundentes sobre la explotación laboral que practica el régimen castrista.
Durante la presentación de la tercera ampliación de la denuncia al Gobierno cubano por trata de personas y explotación a quienes envían de “misión internacionalista”, la organización no gubernamental aportó 1 111 testimonios, que recogen 894 formularios tabulados, de los que derivaron datos “estremecedores”.
El presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, se refirió a las condiciones bajo las que trabajan los profesionales cubanos enviados de “misión”.
Al viajar se les retira el pasaporte ordinario y no se les permite llevar su título de estudios. Están obligados a regresar a Cuba o perderlo todo y a pagar honorarios a organizaciones dependientes del Partido Comunista. Tampoco se les permite casarse. Cobran el 15 por ciento del salario base, porque el resto va a manos del Estado cubano, explicó Larrondo.
A las personas que deciden no continuar la “misión”, se les declara desertores, y pierden todos sus derechos como cubanos, además de que se les prohíbe entrar al país durante ocho años, agregó.
Por su parte, el vicepresidente de EUROLAT en el Parlamento Europeo, Jordi Cañas, señaló que estos trabajos forzosos son “más propios de una plantación esclavista y no de un país en libertad” y que buena parte de los ingresos del régimen proviene de ahí, sin que le importe la situación de abuso y represión.
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Fuente Cubanet.org
