El pasado 12 de enero, al Cnel (R) Jorge Omar Lazarte, de 78 años, contagiado de coronavirus en el penal de Campo de Mayo, le aseguraron que lo trasladarían al Hospital Muñiz para su recuperación. En lugar de eso, fue trasladado a un calabozo dentro del predio de ese centro de salud con mínima ventilación, paredes sucias de grafitis, arañas y cucarachas. Lugar insalubre con temperaturas de 40 grados, donde ni siquiera le dieron agua fresca, poniendo en riesgo su salud.

El mismo destrato humano debió soportar en estos días el salteño Julio Narciso Flores, de 63 años. Un juez de turno del Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín, en plena feria judicial, le negó una internación domiciliaria que habían pedido los médicos que acaban de operarlo de próstata. Flores, que cumple una injusta condena en el penal salteño de Güemes, fue operado en el Instituto Médico de Alta Complejidad de Salta el jueves 20 gracias a la insistencia y la ayuda económica de sus amigos, ya que el detenido y su familia fueron llevados a la ruina material.

El jueves 27, una semana después de la operación, personal del Servicio Penitenciario Federal lo fue a buscar al sanatorio y, sin presentar ni orden judicial, se lo llevó. El sanatorio había recibido un llamado intimidatorio, diciendo que si no entregaba al paciente incurriría en desobediencia y entorpecimiento de la Justicia. La devolución al penal, en contra de lo exigido por los médicos, pone en riesgo su salud. Flores está alojado ahora en el Servicio de Atención Médica del penal, sin suero ni antibióticos ni ninguna atención de la prescripta en el sanatorio.

La resolución judicial que dispuso este traslado no puede ocultar su negligencia y convertirá al juez que intervino en responsable de la salud de Flores. El servicio penitenciario no ofrece la especial atención y cuidado que necesita un recién operado. Menos aun cuando en el penal viven internos contagiados con covid-19.

Una vez más, el celo que los jueces ponen en apariencia para perseguir delitos de lesa humanidad demuestra su verdadero rostro inhumano. ¿Qué significa humanidad para estas personas?

La detención domiciliaria -negada aquí hasta por motivos sanitarios- se la dan a cualquiera, incluso a peligrosos criminales. A todos, pero no a militares. El “delito” de haber combatido el marxismo totalitario no se perdona.

Los jueces y políticos son miserables. Sobre los tres magistrados que condenaron a 25 años de prisión a Flores en el TOF Nro 5 -Alfredo Justo Ruiz Paz, Marcelo Gonzalo Díaz Cabral y María Claudia Morgese Martín- recae una responsabilidad que tarde o temprano los alcanzará por la iniquidad cometida con este hombre, que lleva más de siete años en prisión siendo inocente.

A Flores se lo acusa de delitos de lesa humanidad por mero prejuicio antimilitar o por venganza. No tenía la edad suficiente ni el cargo para hacer aquello de lo que se lo acusa. Estuvo apenas tres años en la Fuerza Aérea -entre los 18 y los 21 años- y pidió la baja por voluntad propia. La acusación se toma del hecho de que su primer destino fue la base aérea de Palomar, en cuyo predio funcionó un centro de detención llamado Mansión Seré. Su nombre figura en el libro de guardias y eso es prueba suficiente para hacerlo responsable de privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos agravados en perjuicio de 27 personas.

La otra prueba son 28 testimonios -vaporosos, erráticos y divergentes– de ex detenidos en ese centro. Algunos afirman que los guardias tenían unos 40 años (él tenía 19), otros recuerdan a un guardia con una cicatriz en la cara, a un correntino y otro más a un tucumano o un chaqueño. Ninguna de las descripciones físicas coincide con el imputado. Uno habla de un salteño pero bajito, algo que Flores no es. Pretender que semejantes descripciones se corresponden con Flores exige dejar de lado la razón para aceptar todo como una cuestión de fe.

Quien lea la causa verá hasta dónde llega la fragilidad de ese castillo de naipes montado para incriminarlo. Empezando por el hecho de que la acusación llegó 37 años después de su paso por la fuerza, y siguiendo por el hecho de que Flores en 1977, fecha en cuestión, tenía 19 años, detentaba el rango más bajo del escalafón y sólo ocho meses de antigüedad. ¿Alguien puede tomar en serio que a un recién egresado, con ocho meses de antigüedad, le van a confiar semejante tarea, y convencerse con imputaciones tan inconsistentes?

Flores había ingresado a la Escuela de Suboficiales de Córdoba como cabo con especialidad de mecánico de mantenimiento de aviones, que era el modo que tenían los jóvenes más humildes de estudiar y aspirar a un ascenso social. Una vez que le concedieron la baja, se abrió para él un futuro promisorio en la aviación civil en el exterior, primero en Noruega y luego en Jordania e Indonesia.

En 2014, en una visita al país, fue detenido en Ezeiza y llevado al infierno: privado arbitrariamente de la libertad y de su sustento, alejado de su familia, soportando en su celda el frío intenso y el calor, luchando para no enloquecer por la impotencia y padeciendo la kafkiana burocracia de una Justicia que cumple con un proceso, pero cuya sentencia está escrita de antemano. Todo lo demás es coherente con esta premisa. ¿Si poco importa la presunción de inocencia, por qué habría de preocupar la salud?

Los jueces no son los únicos responsables de este nuevo atropello. ¿Qué espera para intervenir el ministro de Gobierno y Derechos Humanos de Salta, Ricardo Villada, que ya debería haber tomado cartas en el asunto? ¿Qué espera el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la nación, Martín Soria? ¿Y qué decir de los fiscales federales, que deberían poner freno a este oprobio? ¿No queda ni uno sólo con coraje? ¿Qué Justicia es esta? ¿En qué se diferencia de la “justicia popular” y de las “cárceles del pueblo”?

Los casos de Flores y Lazarte son apenas los últimos de una larga lista de presos políticos sometidos a un plan vengativo, totalitario, sin freno institucional ni moral, que dispone a discreción sobre la vida de estas personas hasta que mueran. El sistema está ideologizado. Solo se guía por la sed de venganza. Pero ¿y el resto? ¿En qué se han convertido quienes en la sociedad callan y miran para otro lado? ¿No es esto acaso un crimen de lesa humanidad?

Mario CabanillasDavid San Román
Presidente                                      Secretario
Centro de Estudios Salta