Argentina
España
USA
Israel
La provincia de Mendoza avanza con la reactivación de la mina Potasio Río Colorado, lo cual es una buena noticia. Aunque no tanto para La Pampa, que vuelven a poner el grito en el cielo.
Quien dio detalles esta semana fue Emilio Guiñazú, gerente general de la empresa Potasio Río Colorado, quien dialogó con FM Vos (94.5) y Diario San Rafael: “Básicamente el polo logístico responde a dos motivos. Por una parte, la provincia tiene necesidad de dotar de infraestructura y competitividad territorial a la región, para poder atender de manera más eficiente las actividades que se están desarrollando, fundamentalmente al sector petrolero, y también en alguna medida al sector minero. Y por otro lado disponer de un activo que tiene la empresa, hoy día ocioso, que se necesita mantener y que naturalmente tiene su costo“, indicó.
También explicó: “Estamos dando los primeros pasos y desde hace un par de meses comenzamos con trabajos de mantenimiento y nos hemos puesto en contacto con las empresas que sabíamos tienen actividad en la región. Ya tenemos la primera empresa petrolera utilizando los servicios del polo logístico para mejorar sus actividades”, añadió.
En tal contexto, diario de La Pampa recordó que a fines del año pasado, el diputado nacional pampeano Martín Berhongaray presentó un nuevo pedido de informes referido al proyecto minero Potasio Río Colorado, que esconde “muchos interrogantes”, según describió.
El legislador impulsó la iniciativa junto a la diputada nacional por el radicalismo pampeano Marcela Coli.
“Este es el tercer proyecto con relación al mismo emprendimiento minero, tras conocerse que el yacimiento fue transferido al Estado de Mendoza, y su gobierno avanza con el llamado a licitación para seleccionar potenciales interesados en asociarse o comprar la mina”, según diario de La Pampa, medio que recordó que Berhongaray advirtió que “faltan estudios y explicaciones oficiales que despejen las preocupaciones que genera”.
En el primero de esos proyectos se requirió a la Comisión Mixta Parlamentaria Revisora de Cuentas del Honorable Congreso de la Nación Argentina que disponga la inclusión dentro del Plan Anual de Acción de la Auditoría General de la Nación (AGN), la realización de una nueva Evaluación de Impacto Ambiental.
“También se reclamó al Ejecutivo Nacional que arbitre lo conducente a fin de garantizar que se repita el cumplimiento de todas las acciones, procedimientos e instancias exigidas por la legislación nacional para la aprobación ambiental del nuevo proyecto minero”, recuerda diario de La Pampa, house organ del gobierno de esa provincia.
En un segundo proyecto se abordó “un costado nunca debidamente aclarado”, dijo Berhongaray: el Seguro Ambiental de Incidencia Colectiva que por ley debe contratarse y se desconoce si se efectivizó, aunque todo indica que esta exigencia no se encuentra cumplida.
La nueva iniciativa “recoge la preocupación determinada por el riesgo asociado al transporte del producido de la explotación (cloruro de potasio), desde el yacimiento hasta su destino en el puerto de Bahía Blanca”.
“Estamos convencidos de que corresponde avanzar en la elaboración de los estudios pertinentes a fin de determinar la situación socio-ambiental y el potencial impacto en el recorrido, áreas y zonas urbanas afectadas por el tendido ferroviario, previa a la instalación y operación del proyecto minero”, insistió el legislador pampeano.
Señaló que “la escasa información disponible da cuenta de que la firma minera obtuvo un documento de concesión para el uso de un predio en la zona portuaria de Bahía Blanca por 50 años con la opción a renovación por 50 años más, y se abrieron conversaciones con Ferrosur para establecer de qué obras ellos se harán cargo y de cuáles la empresa”.
Fuente Mendoza Today
