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Una de las tareas más relevantes a resolver este año por parte de Rodolfo Suarez es todo lo que atañe a Portezuelo del Viento, obra por la cual el Gobierno nacional transfirió hace una semana los fondos correspondientes a la décima cuota del cronograma de amortizaciones fijado para su construcción.
El depósito que ingresó a las arcas provinciales fue de US$ 52.759.046, de un total de U$S 1.023.362.922 que le corresponde recibir a Mendoza, en pagos trimestrales, hasta octubre de 2024.
El próximo vencimiento de la Letra del Tesoro emitida por el Gobierno nacional se producirá el 28 de abril, fecha en la que se haría efectivo el segundo pago de 2022, por US$ 50.787.785.
La central hidroeléctrica Portezuelo del Viento se construirá sobre el río Grande, el más caudaloso de la provincia, ubicado en el departamento de Malargüe.
El gobierno de Mendoza jura que la obra marca un hito porque, además de generar 3.500 puestos de trabajo y priorizar la mano de obra local, estará íntegramente en manos de la Provincia.
Sin embargo, antes de poder verse concretada, debe sortear algunos escollos. El primero de ellos refiere a los cuestionamientos de la provincia de La Pampa, cuyos reclamos son atendibles: “El Río Colorado es propiedad de las cinco provincias. A partir de ahí las decisiones sobre lo que hay que hacer las debemos tomar entre todos”, advierten desde aquella provincia.
Entretanto, en Mendoza se quejan de que “nunca terminamos de saber qué quiere La Pampa. Hay cierto hartazgo. Es una película que no termina nunca. Que siempre vuelve a empezar”.
Para justificarse, el gobierno mendocino insiste en mencionar que Portezuelo del Viento presenta estudios de impacto ambiental realizados por las universidades de La Plata, del Litoral, de Cuyo y Tecnológica Nacional, “cumpliendo con los estudios ambientales, sociales y económicos y todos los reglamentos que exige el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO)”.
El otro escollo también es político y refiere a un laudo presidencial solicitado por Rodolfo Suarez el Ejecutivo Nacional el 21 de diciembre pasado por el “impacto ambiental” de la obra. El problema es que ese pedido, según el gobierno de Alberto Fernández, estaba mal realizado. Por lo tanto, todo volvió a “fojas cero”.
El laudo que no fue
A fines del año pasado, Rodolfo Suarez se presentó en persona en la mesa de entradas de la Casa Rosada requirieron el “pronto despacho” del laudo presidencial. Esto es, que Alberto Fernández tome una postura concreta respecto del eventual impacto ambiental de Portezuelo del Viento. A efectos de saber si tiene razón Mendoza o tienen razón las otras provincias que integran el mencionado COIRCO.
Un mes más tarde, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, respondió el pedido con un desaire: aseguró que en su escrito Suarez jamás siguió los pasos formales para iniciar el requerimiento del laudo presidencial.
Sin desmentir al funcionario, el Gobierno de Mendoza aseguró que ese paso se cumplió de manera efectiva en junio de 2020, al momento de la reunión del COIRCO, el día que Suarez rechazó el desarchivo del estudio de impacto ambiental e invocó el arbitraje.
En realidad, desde Nación pretenden que todas las desavenencias se negocien directamente entre las provincias involucradas, especialmente entre La Pampa y Mendoza. Lo dio a entender el propio De Pedro horas antes de responder acerca del laudo.
Pero el gobierno de Mendoza insiste en que esa vía ya se agotó en el mencionado encuentro de 2020 e insistirá con que sea Alberto Fernández quien destrabe la cuestión, a efectos de brindarle seguridad jurídica a la obra.
“Hasta tanto no haya un laudo presidencial sobre el impacto ambiental de Portezuelo del Viento, Suarez no adjudicará la obra”, sostuvo el ministro de Gobierno mendocino Víctor Ibáñez a Diario UNO. Se trata de una definición que llevará un largo tiempo.
Por lo pronto, habrá que presentar por escrito un pedido de arbitraje, lo cual podría ocurrir esta misma semana, cuando arranque febrero. A posteriori, el ministro De Pedro tendrá 15 días hábiles para formalizar la solicitud ante el presidente y, a partir de entonces, se abrirá un plazo de 60 días para notificar a las partes y recoger la prueba necesaria para laudar. Con un dato que inquieta al Ejecutivo mendocino: el Presidente puede ampliar ese lapso para tomar una decisión si quisiera hacerlo. Eso sí, lo que decida será inapelable para las partes.
Una obra histórica (y política)
Portezuelo ya revoloteaba por la cabeza de puntuales referentes de la política desde los años 50. Pero se fue postergando por diversos motivos a lo largo de los años.
Recién en el año 2006 el entonces gobernador Julio Cobos lograría firmar un acuerdo con el ex presidente Néstor Kirchner para la construcción de la represa.
No era gratis: se le concedía esa obra a Mendoza en compensación por los perjuicios ocasionados por la ley de promoción industrial que beneficiaba a provincias vecinas de la región en detrimento de su economía.
Todo empezó cuando Mendoza le inició un juicio al Estado que, después de pasar por diferentes instancias, terminó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuerpo que falló a favor de los intereses mendocinos.
En ese marco, Kirchner decidió avanzar en un acuerdo pragmático con Cobos, entonces gobernador afín al kirchnerismo —meses más tarde se convertiría en el compañero de fórmula de Cristina Kirchner—, y a efectos de seguir el desarrollo del proyecto hidroeléctrico se creó el ya mencionado COIRCO, integrado por las cinco provincias y que tienen dos organismos internos: el Consejo de Gobernadores y el Comité Ejecutivo. El primero lo componen los cinco mandatarios provinciales y es el máximo órgano. El que toma las decisiones finales.
Pero tiene una particularidad. Las aprobaciones tienen que ser unánimes. Si no hay coincidencia, es el Presidente el que debe decidir.
Acerca de Portezuelo en sí
La mega obra, que se encuentra a 20 kilómetros de la localidad de Las Loicas y a media hora de la ciudad cabecera del departamento del Sur, tendrá capacidad para aportar al sistema eléctrico interconectado energía para 130 mil hogares más.
Planteada para cumplir con múltiples propósitos, permitirá proteger la cuenca media y superior del río Colorado de crecidas intempestivas, y aumentar la garantía de riego para agricultura y ganadería en el Sur de Mendoza.
Alrededor del dique se harán más obras relacionadas, como la relocalización del pueblo Las Loicas en la costa del lago, un nuevo tramo de la Ruta Nacional 145 y de la Ruta Provincial 226, la construcción de una sala de máquinas y el tendido eléctrico para conectar la presa con el sistema interconectado nacional.
Según el propio gobierno de Mendoza, el embalse permitirá recuperar la relación entre la superficie irrigada y la reserva de agua. Los estrictos estudios realizados concluyen que la cuenca debe tener una capacidad de embalse de 10.000 hectómetros cúbicos ( hm3) para aprovechar su potencial.
Hoy solo cuenta con 3.500 hm3 en Casa de Piedra. Portezuelo aportará 2.000 hm3, y aún faltarán 4.500 hm3 de embalse. Como resultado de la regulación, se obtendrán mejores niveles de salinidad en la calidad del agua.
Las provincias de Neuquén, Río Negro, Buenos Aires y La Pampa, en el marco del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, podrán ver incrementadas sus hectáreas de riego. Actualmente, Buenos Aires puede regar 70.000 hectáreas con un caudal en óptimas condiciones, mientras que con la presa de Portezuelo ese número se duplicaría: “permitiría un permiso de riego para 140.000 hectáreas de cultivo y hasta se podría llegar a 200.000, lo que casi equivale a la totalidad de hectáreas que hoy se riegan en la provincia de Mendoza”, según el propio Ejecutivo provincial.
La importancia del laudo
¿Por qué el gobernador Suarez insiste con el laudo? Básicamente por la chance de que haya eventuales litigios que puede demorar la obra y generen perjuicios concretos.
Por eso Fiscalía de Estado de Mendoza pidió un reaseguro legal.
En el Ejecutivo mendocino no están seguros de que la UTE Malal Hue acceda a firmar un documento extra para renunciar a reclamos por “gastos improductivos y lucro cesante” en el caso de que eso ocurra.
Y genera aún más dudas si el líder del consorcio, la empresa china Sinohydro, firmará ese reaseguro legal que incluye renunciar al CIADI (algo que el pliego ya aclara no se podría hacer), a tribunales federales y a reclamos administrativos por indemnizaciones. Esa empresa ya tuvo reparos para abaratar los costos de la obra, que se excedían largamente de lo previsto, y también por la disponibilidad de los dólares.
Un dato final, interesante sobre Portezuelo: ni Sinohydro ni las otras empresas deberán poner dinero, porque el financiamiento está asegurado y es 100% estatal. Incluso recibirán como anticipo un 10% del presupuesto total para arrancar. Son cerca de 100 millones de dólares.
Fuente Mendoza Today
