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Analistas prevén resultados apretados para determinar quiénes irán al balotaje del 3 de abril ya que ninguno de los 25 candidatos presidenciales -todo un récord- obtendría el 40% de los votos necesarios para lograr el triunfo en primera vuelta.
“Son muchas opciones, pero no han respondido a la necesidad de fuentes de trabajo”, dijo Rosemary Chaves, dueña de una pequeña tienda de comestibles en Puntarenas, la ciudad más grande y poblada del Pacífico de Costa Rica.
El PAC, con un intenso rechazo popular, recibe menos de 1% de intención de voto, lo que augura un cambio de timón en mayo, cuando el nuevo gobierno asumirá para el período 2022-2026 en medio de problemas de corrupción, ingobernabilidad y un desempleo del 14%, la cifra más alta desde 2010 a excepción de 2020, cuando se vio afectado por la pandemia del coronavirus.
En la carrera para sustituir al mandatario Carlos Alvarado sobresale el expresidente (1994-1998) José María Figueres, del Partido Liberación Nacional (PLN, de origen socialdemócrata), con un 17% de las preferencias. Le siguen la exvicepresidenta conservadora Lineth Saborío (2002-2006), con el 13%, y el predicador evangélico Fabricio Alvarado, quien tiene el 10,3%.
La jornada electoral, que podría verse afectada por el repunte de casos de coronavirus, finalizará a las 18.00 hora local (21 hora argentina) y el árbitro electoral espera dar su primer reporte a 20.45 hora local (23:45 hora argentina).
La mayoría de las propuestas de candidatos presidenciales deben ser aprobadas finalmente por el Congreso unicameral, cuyos 57 escaños se definirán también el domingo, con la previsión de una alta fragmentación partidaria, dijo a Reuters Ronald Alfaro, de la pública Universidad de Costa Rica (UCR).
Actualmente, el PLN es la mayor fuerza legislativa con 17 diputados, seguido del PAC, con nueve.
De la nueva composición de la Asamblea Legislativa dependerá la aprobación de medidas de austeridad y aumento de impuestos propuestas por Alvarado para cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pactado en 2021 para estabilizar las finanzas públicas golpeadas por la pandemia.
Fuente Ambito
