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El objetivo es conformar una “comisión que dependa del Defensor del Pueblo” y que incluya a “expertos, representantes de las asociaciones de víctimas, también del clero, de las administraciones públicas”, para producir un informe “lo más fuerte posible”, explicó en rueda de prensa el vocero socialista, Héctor Gómez.
Queremos “afrontar de la manera más rigurosa posible, pero también de la manera más empática y justa posible con las víctimas, un asunto al que nuestro país no puede dar más largas”, dijo de su lado la diputada socialista Carmen Calvo.
A diferencia de otros países como Australia, Irlanda, Estados Unidos, Alemania o Francia, en España no ha existido hasta la fecha una investigación oficial, ni del Estado ni de la Iglesia católica, sobre la pederastia por parte de religiosos.
El diario El País, que tiene un buzón para recibir denuncias, ha contabilizado 1.246 víctimas desde la década de 1930, en este país de fuerte tradición católica.
La Iglesia, que descarta promover una investigación exhaustiva y afirma haber implementado protocolos de actuación ante abusos e instalado oficinas en las diócesis para recibir denuncias, reconoce solo 220 casos desde 2001.
El gobierno contactará “con la Iglesia católica para pedir su cooperación” con la comisión, ya que “en otros países ha sido la propia Iglesia católica la que tomó la iniciativa, como en Francia”, señaló Calvo.
España “se juega una parte importante de la dignidad y del valor de nuestra democracia”, subrayó Calvo, vicepresidenta del gobierno de Pedro Sánchez hasta julio pasado.
El Congreso admitió a trámite la semana pasada otra solicitud para investigar los abusos, pero desde el legislativo, pedida por el socio minoritario de los socialistas en el gobierno, el izquierdista Podemos, y dos partidos separatistas regionales.
Los socialistas se mostraron optimistas de lograr el apoyo de Podemos y de otros partidos para que sea su propuesta la que se concrete y la comisión de expertos pueda comenzar a funcionar “a la mayor brevedad posible”, dijo Héctor Gómez.
El impulso político para una investigación de los abusos se produjo luego de un caso muy sonado, el del escritor catalán Alejandro Palomas, quien a finales de enero denunció haber sido abusado por un religioso en un colegio católico en los 70 cuando tenía 8 años.
Sánchez le dio un inusual apoyo público a Palomas y lo recibió en el Palacio de Moncloa el jueves pasado.
Fuente Ambito
