La diputada kirchnerista Carolina Gaillard y otros nueve firmantes del Frente de Todos presentaron una ley para despenalizar el “consumo personal” de todas las drogas.
Demostrando nuevamente lo alejados de la realidad que están, el Frente de Todos, a través de la diputada entrerriana Carolina Gaillard, presentó un proyecto de ley para modificar la ley de drogas y despenalizar el consumo personal de estupefacientes, que consideran una herramienta central para evitar otro caso como el de la venta de cocaína adulterada en Buenos Aires.
“El actual abordaje del modelo prohibicionista-abstencionista, que criminaliza a usuarios y usuarias por consumo y posesión de drogas para uso personal, obstaculiza la efectividad de las políticas de salud“, denunció Gaillard, que presentó el proyecto con la firma de nueve de sus pares.
“La ley 23.737 no comprende el universo real de la problemática e instala la prohibición y la abstinencia desde un abordaje represivo y compulsivo que ha demostrado su ineficacia en todo el mundo“, conlcuyó.
Lo extraño es que el texto fue redactado en 2021 y se basa en el fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para aplicar una despenalizaron el consumo personal de todas las sustancias.
Gaillard había escrito el proyecto pero no lo había presentado, ya que estaba esperando “el momento justo” para hacerlo, demostrando el uso político que el Gobierno le quiere dar a la tragedia ocurrida con la venta de drogas en Puerta 8.
“Tenemos que priorizar un abordaje desde el derecho a la salud de los usuarios y usuarias, no su penalización, porque ese paradigma ya demostró su fracaso en todo el mundo: los consumos aumentan y también los riesgos asociados a la clandestinidad, con el problema de salud pública que eso implica, como vimos estos días en nuestro país, y obstaculizando el acceso al sistema de salud por temor a ser criminalizado”, sostuvo Gaillard.
Una ley similar a esta existe en México, Portugal, España, Perú, Uruguay, Brasil, Colombia, Bélgica, Holanda y el Estado de Oregon, en Estados Unidos. Pero a diferencia de Argentina, ninguno de estos países tiene un sistema de salud completamente público, ni tiene leyes que penalizan la defensa personal.
En caso de que alguna persona deba ser internada por sobredosis, en Argentina su tratamiento sería pagado por todos los contribuyentes, por lo que no se puede hablar de responsabilidad personal. Ese es un detalle que rara vez se menciona en los proyectos de ley sobre la despenalización.
Además, si una persona tiene que defenderse de alguien que lo ataca bajo los efectos de la droga, en Argentina no tiene los medios para hacerlo: ni puede portar un arma ni las sustancias consumidas figurarían como un agravante si se despenaliza el consumo personal.
