Argentina
España
USA
Israel
Por Antonio D’Eramo
El ingreso a la OCDE es una política de Estado sostenida desde las presidencias de Carlos Menem. Finalmente, la invitación para ser miembro se produjo, pero el Gobierno está paralizado por las reformas que debería implementar.
Pertenecer tienes sus privilegios. De hecho, ser miembro de un reducido club de naciones, compuesto por 38 estados, en su mayoría con altos ingresos per cápita, parece ser una oferta difícil de rechazar porque sólo puede haber lugar para ganancias.
Al igual que sentenciara John D. Rockefeller, en una frase que se popularizaría para ser utilizada en varias materias, “todo derecho implica una responsabilidad, cada oportunidad una obligación, cada posesión un deber”, el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) conlleva numerosos beneficios e iguales exigencias.
Si bien las exigencias son de distintas categorías; existe una que es la que más preocupa a las autoridades argentinas y a los funcionarios que integran el organismo. La adopción de medidas de lucha contra la corrupción.
Y, los burócratas del organismo, lo han dejado expuesto por escrito, en blanco sobre negro, en un documento elaborado a fines del año 2019, cuando comenzaba la pandemia de coronavirus que trastocaría la vida del mundo, donde se ponía de relieve la necesidad de garantizar políticas de integridad en todos los niveles y poderes de gobierno en la Argentina.
Para ello, se elaboraron recomendaciones, algunas de ellas, específicas, como reformar la Oficina Anticorrupción, entre otras medidas necesarias para homogeneizar los estándares de lucha contra la corrupción que tienen naciones que integran la OCDE como Australia, Bélgica, Corea del Sur, Estados Unidos o, más cerca de nuestras fronteras, Chile.
Pero antes de avanzar con las demandas del selecto club que son necesarias cumplir para ingresar y obtener una membresía es bueno recordar las razones por las que ingresar a este organismo se convirtió en una política de Estado desde la década del ’90.
La OCDE como instrumento de gobernanza mundial
En sus disertaciones para el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) el embajador, Enrique de la Torre, señalaba que “…la OCDE, fundada en 1961 y con sede en el Chateau de la Muette en París, surgió como consecuencia de los acuerdos derivados de la segunda post-guerra, donde existían dos incertidumbres principales, como restablecer el orden mundial y qué hacer con Alemania. La OCDE nació de la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE), compuesta por 16 países europeos. Una vez consolidada la OECE, Estados Unidos se involucró y comenzó a brindar ayuda financiera a Europa. Llegó a inyectar sumas superiores a los cien mil millones de dólares contribuyendo a solucionar los dos problemas principales del viejo continente, al finalizar la guerra. Por lo que, el interés demostrado por Argentina, desde hace años, por ingresar al organismo, traerá muy buenas consecuencias”, afirmó.
El diplomático Marcos Bonturi, director de Relaciones Globales de la OCDE en el año 2016, cuando Mauricio Macri decidió solicitar la adhesión del país como miembro del organismo, afirmó en el mismo seminario del CARI que “la OCDE es vista, en la actualidad, como un foro de políticas públicas, que busca soluciones comunes, identificar buenas prácticas y, en algunos casos, codificarlas”.
Bonturi señaló que la relación con la Argentina se inició en los años ’80, y que hoy el país participa en varios comités y adhiere a los estándares de la OCDE. “Por lo que la experiencia argentina y la perspectiva argentina, enriquecen mucho el debate de políticas globales en la OCDE, por ello, la organización ve con buenos ojos el acercamiento al país”.
Fue durante la administración de Mauricio Macri cuando más se hizo por lograr la incorporación pero el proceso de adhesión ya había sido solicitado durante el gobierno de Carlos Menem, sin éxito, y fue impulsado, con distinto énfasis, durante el gobierno de la Alianza de Fernando De La Rúa, por Néstor Kirchner y sólo durante los años de Cristina Fernández se ralentizó el interés por conseguir el carnet de socio.
Si bien es cierto que durante las presidencias de Cristina la burocracia del Departamento de Estado norteamericano no estaba convencida de incorporar a naciones como Argentina o Brasil, gobernada en ese entonces por Lula Da Silva, por suponer que los dirigentes populistas, creadores del Foro de San Pablo, podían usar a la institución como un foro desde donde criticar al sistema económico internacional.
El impulso de la dirigencia del PRO, que, recientemente, se atribuyó el éxito de la gestión que podría recoger el gobierno de Alberto Fernández, decantó en una trascendental carta que llegó a fines del mes de enero cuando nadie, en el gobierno nacional, la esperaba, a pesar que sabían de la reunión programada en París.
La misiva con la invitación de adhesión al organismo, que también fue cursada a Perú, Brasil, Croacia, Bulgaria y Rumania, demuestra que, al menos, en los países Latinoamericanos convocados, la democracia y el respeto a los derechos humanos y las libertades individuales están consolidadas. Tres requisitos sin los cuáles ninguna nación puede ser miembro de la OCDE.
Ahora bien, se han incluido otros requisitos como el respeto y cuidado del medio ambiente por el cual Brasil tiene problemas para sortear el proceso de adhesión y ya mereció el reproche, casi constante, del Presidente francés, Emmanuel Macron, a su par Jair Bolsonaro.
La portavoz del Ministerio de Exteriores galo sostuvo que “Francia estará extremadamente atenta a lo largo de este proceso para que todos los candidatos hagan progresos serios, concretos y cuantificables” en esos ámbitos. En rueda de prensa la funcionaria de Macron recordó que, una vez que termine el proceso de negociación entre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con cada uno de los seis Estados que pretenden entrar de forma individual, la adhesión estará condicionada a la obtención del acuerdo unánime de los 35 países miembros. Una manera de señalar que Francia, como los otros socios, tendrá la última palabra para vetar el acceso si no está satisfecha con los avances de alguno de ellos en materia de cuidado del medio ambiente.
La bolilla negra para Argentina no provendría de la falta de acuerdo en materia ambiental sino de uno de los flagelos que la democracia ininterrumpida que goza la Argentina desde hace casi cuatro décadas, no ha logrado solucionar, la corrupción.
Adecuar normas y gestionar organismos que trabajen de manera eficiente contra este flagelo que produce muertes y pérdidas millonarias a las naciones que padecen actos de corrupción es uno de los puntos exigidos por la OCDE para pertenecer.
El estudio sobre integridad en Argentina que preocupa al gobierno
El reporte realizado por investigadores del organismo señala que la población argentina percibe que el flagelo de la corrupción está muy presente en sus vidas diarias y si bien esta percepción está cerca del promedio regional es elevado con respecto a Europa o al resto de los países que integran el G-20.
El informe comienza por recomendar conocer la profundidad del problema y resalta las medidas adoptadas desde 2015 que aseguraron el acceso a la información pública, en algunos casos se retrocedió en esa materia desde que asumió el gobierno del Frente de Todos, el avance en la ley de responsabilidad penal o el tratamiento de la ley del arrepentido.
Sin embargo, muchos de estos procesos calificados como avances de parte de los funcionarios de la OCDE, están siendo puestos en entredicho por las críticas al funcionamiento de la Justicia de parte del sector más cercano a la actual Vicepresidenta de la Nación.
Las conclusiones del trabajo de la OCDE enumera la necesidad de realizar un sistema de integración coherente de medidas anti corrupción que involucre a la sociedad entera.
Entre las recomendaciones se aboga por una Oficina Anticorrupción (OA) autónoma del poder de turno y con una mayor autonomía financiera además de apuntalar a otras oficinas que auditan a las instituciones de la República.
Por otra parte, se pide, explícitamente, que se fortalezca la ética pública y que los agentes estatales sean elegidos por mérito a pesar de las reservas que ha mostrado el Presidente en ese sentido criticando la noción de meritocracia.
En suma, las recomendaciones, extensas y variadas, apuntan a “desarrollar un enfoque estratégico de integridad pública en el Ejecutivo nacional”, provincial y municipal.
El Presidente Alberto Fernández deberá acelerar el ingreso del país a la OCDE como hizo su antecesor en el cargo o enfriar la adhesión como sucedió durante las presidencias de su actual Vice.
Si bien el Gobierno se mostró sorprendido por el avance de la membresía y manifestó que tomaría una decisión sin apresuramiento siendo “prudente”, la necesidad es la madre de la invención y, en momentos en que el país se encuentra sumamente necesitado de inversiones extranjeras directas y de financiación, el sello de la OCDE implica un salvoconducto inmediato para ganar en credibilidad y obtener financiación aún a países con un historial extenso en incumplimientos de sus deudas.
Si la principal preocupación de Alberto Fernández es la carencia de divisas, apurar y adecuar a la Nación para ingresar a la OCDE, se convierte en una prioridad para sostener una de las pocas políticas de Estado que la brecha no se devoró.
Fuente NA
