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La denuncia, que ahora será evaluada por el tribunal con sede en La Haya para determinar si debe abrirse una investigación, fue presentada en diciembre último y está basada en el informe final de la comisión parlamentaria, aprobado el 26 de octubre.
Siete de los once senadores que participaron de la investigación avalaron ese informe, que acusó a Bolsonaro de nueve delitos, entre ellos “crímenes contra la humanidad”, “charlatanismo” e “incitación al delito”.
Desde el inicio de la emergencia sanitaria, Bolsonaro intentó evitar medidas restrictivas de contención del virus, defendió medicamentos sin eficacia científica comprobada -como la hidroxicloroquina- y puso en duda la conveniencia de la vacunación.
La cúpula de la comisión había enviado las conclusiones del informe, además de a la CPI, a autoridades locales, como el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) de Brasil.
La CPI tiene competencia para juzgar posibles delitos que afectan a la comunidad internacional, por lo que la comisión del Senado aspira a iniciar en esa corte una investigación por los supuestos crímenes contra la humanidad citados en su informe.
Desde el inicio de la pandemia, Brasil registró más de 635.000 muertes. Un total de 45.800.000 ciudadanos ya recibieron tres dosis de inmunización, pero hay otros 54.000.000 en condiciones de lograr la dosis de refuerzo que aún no lo hicieron, según detalló el ministro Marcelo Queiroga, reportó la estatal agencia Brasil.
Fuente Ambito
