Por Lucía Salinas
Mario Villar avaló la apelación de su colega ante el TOF 5, y exige que el máximo tribunal penal revierta la controvertida decisión que exculpó a la vice sin hacer el juicio.
El fiscal federal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, avaló la decisión de su par de la instancia anterior que rechazó el sobreseimiento dictado a favor de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner -como de los demás acusados- en los casos Hotesur y Los Sauces donde se los había procesado por lavado de dinero. El máximo tribunal penal fijará ahora una fecha de audiencia para conocer los argumentos y decidir después si la vicepresidente debe afrontar, o no, el debate oral.
A finales del año pasado, en al menos seis ocasiones a lo largo de su escrito el fiscal ante el Tribunal Oral Federal 5 Diego Velasco fue determinante al explicar que la mejor instancia para resolver la culpabilidad o inocencia de la vicepresidenta, sus hijos y otros 13 acusados es el juicio oral y público.
En el dictamen había remarcado que la decisión de los jueces del TOF 5 es “arbitraria”, ya que “padece de omisiones y desaciertos de gravedad extrema que las invalidan como actos judiciales contaminadas de groseros errores jurídicos y se han utilizado argumentos falaces que provocaron conclusiones falsas”.
Respecto de esos jueces, el fiscal destacó que “su función principal radica en REANALIZAR el caso en un debate oral y público y reiteró que los Tribunales “no pueden desnaturalizar” sus funciones.
La apelación fue concedida por el TOF 5 e ingresó a la Sala I de la Cámara de Casación. La instancia siguiente era saber si el fiscal que allí interviene, Mario Villar, iba a sostener el recurso o no. Esta decisión era determinante, ya que la única querella del caso, la Unidad de Información Financiera (UIF) había decidido no apelar.
Con la presentación de Villar, ahora la Sala I de la Casación Federal ya puede analizar la resolución de los jueces Daniel Obligado y Adrián Grunberg, ya que la magistrada Adriana Palliotti fue la única que votó en disidencia, sosteniendo que la vicepresidenta, sus hijos y los demás imputados, debían comparecer en un juicio oral y público.
Los argumentos del fiscal Villar se conocerán en la audiencia que fijará ahora la Casación, donde también se pedirá la opinión de los acusados en ambos expedientes. Será recién transcurrida esa etapa, cuando los jueces Daniel Petrone, Ana María Figueroa y Diego Barrotaveña estarán en condiciones de pronunciarse al respecto.
Cuando apeló el sobreseimiento dictado sin la realización del juicio oral, Diego Velasco, recordó que aún hay varias medidas de prueba en curso, más específicamente dos pericias sobre ambas empresas, donde se pusieron bajo análisis todos los contratos celebrados. La correspondiente a Los Sauces debía concluir en diciembre, y el informe preliminar había arrojado una serie de irregularidades como pagos que no se condicen con su documentación, libros contables faltantes, falta de fondos para la adquisición de propiedades.
También se refirió a documentación e información que es “retaceada por ciertos organismos públicos provinciales –Municipalidad de Río Gallegos y Calafate-, que no hacen más que confirmar su importancia, y su restricción en este momento afectaría gravemente los derechos de esta parte, privando incluso al sentenciante el abordaje íntegro del plexo probatorio”.
Pese a esa situación, dos jueces del TOF 5 votaron el sobreseimiento de la vicepresidente, de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y otros trece acusados. En aquel fallo sostuvieron que no podía sostenerse la tesis de las maniobras de lavado de dinero y discutieron la figura por presunta asociación ilícita que pesaba sobre Cristina Kirchner.
Cuando analizó el delito de lavado de dinero, el fiscal dijo que “el error de los jueces es pensar que el lavado se agota en Lázaro Báez, mientras que las maniobras imputadas en esta causa son las maniobras de lavado realizadas para que el dinero llegue con apariencia de licitud a los titulares de las empresas Los Sauces y Hotesur, mediante contratos simulados e innecesarios”.
Amplió este concepto y añadió que “con el pago inicial del Estado era Lázaro quien lavaba el dinero, pero en los pasos siguientes lo lograban lavar los destinatarios finales”. El dueño del Grupo Austral fue condenado recientemente por el lavado de dinero, “realizado en forma posterior a su depósito por parte del estado en relación a los contratos de la obra pública”, recordó Velasco.
Además, el fiscal explicó “al dinero debía dársele apariencia lícita para TODOS los beneficiarios, no sólo Báez, sino todos los imputados”.
Para la fiscalía, los jueces “no valoraron la existencia de sociedades pantallas para ocultar la procedencia del dinero, ni siquiera han analizado que dichas sociedades compartan accionistas y directores; tampoco le dieron entidad a que se ha probado una trazabilidad directa del dinero desde las Sociedades controladas por Lázaro Báez que tenían obra pública y los depósitos posteriores a las cuentas de los imputados”.
Báez explotaba los hoteles con Valle Mitre, cuyos únicos ingresos para pagar los cánones de locación, eran préstamos de Austral Construcciones que ascendían a 71 millones de pesos. La constructora tenía como único cliente al Estado nacional. En simultáneo con siete firmas del holding, alquilaba habitaciones de los hoteles que no utilizaba, garantizando ingresos a los Kirchner por 14 millones de pesos.
Todo eso ocurría mientras Báez se transformaba, dice la imputación, en el principal adjudicatario de obra pública vial. Junto con eso, Austral, Los Calzos y Del Curto y Kank & Costilla, eran inquilinas de la inmobiliaria de los Kirchner: pagaron 23 millones de pesos por departamento que fueron construidos por Báez.
Para el fiscal Velasco, ahora respaldado por su colega Villar, Grünberg y Obligado, “confunden al considerar como sinónimos “dinero bancarizado”, con “dinero de procedencia legal”, ya que si ese dinero llegó a la cuenta de cualquiera de las sociedades controladas por Lázaro Báez por un negocio ilegal y delictivo (defraudación contra la administración pública, como se postula en la causa de “obra pública”), por más que tenga apariencia lícita, ese dinero es de ilícita procedencia” En consecuencia, reflexionó el fiscal, las maniobras realizadas hasta llegar a su destinatario final (coautor del delito precedente) “resultan ser parte” del delito investigado y, por lo tanto, “sus partícipes serían claramente imputables”.
Velasco defendió además el delito precedente al lavado, que en el dictamen acusador se estableció en las maniobras irregulares que permitieron que Báez obtenga 51 contratos viales por 46.000 millones de pesos. Dijo que el circuito de movimientos de fondos “es claro y evidente”, y que cuenta con los elementos necesarios para ser considerado el caso de la presunta corrupción en la obra pública, como delito precedente del lavado de dinero en Hotesur y Los Sauces.
Fuente Clarin
