El “ambientalista” Julio César Urien, impulsor de la marcha por la soberanía de Lago Escondido (el lago es público, pero las tierras, privadas), en Río Negro, es el mismo que en 1972, con 23 años, siendo oficial de la Armada, intentó tomar la ESMA, robar las armas y sublevarse, y al ser descubierto asesinó por la espalda al cabo Contreras, fue dado de baja, estuvo preso y luego fue liberado por el gobierno de Cámpora y se unió a Montoneros.
Su nombre de guerra era “Felipe” o “Boina”, fue el autor del Manual de Instrucción de las Milicias Montoneras, en 1975 fue detenido en una casa donde había una “cárcel del pueblo”, durante el gobierno de Raúl Alfonsín recuperó la libertad, en las presidencias de los Kirchner fue indemnizado tres veces por su tiempo en la cárcel, en total cobró US$351.078 –mientras tanto la familia del cabo Contreras sigue sin recibir nada– y en 2005 Néstor Kirchner le devolvió su grado de militar, se lo ascendió dos grados más y le reconocieron los 33 años de sueldos desde su baja por terrorista.
Por otro lado, Julio Flores fue detenido desde 2014 y juzgado a cadena perpetua. La acusación se remonta a 1977. Flores, entonces de 19 años, era cabo de la Fuerza Aérea, el rango más bajo del arma. La razón de su detención es que su nombre figuraba en el libro de Guardia de la Brigada Aérea de El Palomar. Flores hoy tiene 64 años, padece cáncer, le niegan reiteradamente la prisión domiciliaria, fue operado recientemente y a pesar de que los médicos aconsejaron la internación domiciliaria fue retirado de la clínica y llevado al penal al día siguiente de la operación, poniendo en riesgo su vida.
¿En qué momento perdimos el rumbo y permitimos que un terrorista asesino que mató por la espalda fuera indemnizado, con cobro retroactivo, viva del Estado hoy esté libre, pero a un cabo cuyo único crimen fue que su nombre apareciera en un libro de guardia lo mantienen preso y enfermo?
Mario Cabanillas
Presidente del Centro de Estudios Salta (CES)
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