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Cristina Caamaño, interventora del organismo, habló con el juez Martínez Giorgi, a cargo de la causa de espionaje ilegal; dice que son registros de intercepciones que no fueron destruidas por el organismo de inteligencia
La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, visitó este miércoles al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de la causa por la realización de tareas de espionaje ilegal sobre jueces, políticos y periodistas, para decirle que tiene a disposición 105.000 audios de escuchas telefónicas guardadas allí durante la gestión de Cambiemos en el organismo de inteligencia, que dijo debieron ser destruidas.
Camaño explicó que las escuchas eran solicitadas por un juez y efectuadas por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte, pero que en la AFI había un sistema conectado punto a punto con la Dajudeco, en el que quedaban almacenadas las escuchas directas que se efectuaban y su contenido era desgrabado por agentes de la AFI. Dijo Caamaño que, cuando la Justicia retiraba de un caso a la AFI, se devolvían los audios grabados, pero no este backup que permaneció en la AFI.
Caamaño puso a disposición esos archivos de audio de escuchas resguardados en el organismo y obtenidas entre 2016 y 2019, que indicó que debían haber sido destruidos.
La interventora afirmó que se violó la Ley de Inteligencia y especuló con el expresidente Mauricio Macri ordenó ese mecanismo. “Para mí la orden tenía que venir del presidente (por entonces, Mauricio Macri); el objetivo era escuchar online” como parte del “espionaje ilegal”.
Caamaño entregó a Martínez De Giorgi un escrito en el que explica que las escuchas se almacenaban en la Dajudeco y en la AFI.
La AFI le había avisado al juez de Lomas de Zamora Hernán Villena, cuando comenzó a investigar la causa de espionaje ilegal sobre periodistas y políticos, y el juez ordenó que se resguarde esa información.
A través del entonces Servicio Jurídico de la AFI, “se requerían intervenciones telefónicas ante los magistrados a cargo de distintas investigaciones”. Posteriormente, “diligenciaban la autorización judicial pertinente ante la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación (Dajudeco), para finalmente recibir el material a través de un sistema de contenido de audios y transcripciones que funcionaba en un servidor ubicado en el organismo”.
”Dicho sistema implicaba una conexión de enlace tipo punto a punto que conectaba la Dajudeco con la Agencia Federal de Inteligencia”, agregó. Mediante el enlace, “los audios eran enviados directamente al organismo desde donde el Servicio Jurídico, en principio, procedía a la transcripción de las comunicaciones recibidas y luego se las derivaba al área que se encargaba de su análisis”.
La información obtenida “mediante la interceptación telefónica impulsada por la AFI y efectivizada por la Dajudeco era recibida prácticamente en tiempo real, toda vez que las escuchas eran transferidas a más tardar al día siguiente de realizadas en un formato de archivo zip”, explicó.
”En resumen, la Agencia encabezaba la pesquisa ante la autoridad jurisdiccional, impulsaba la interceptación telefónica, trasladaba la orden judicial a la Dajudeco, procedía a la transcripción, procesaba la información y, tanto el audio como la transcripción, se almacenaban, sin gestionar ante la autoridad pertinente el destino final del material almacenado”, detalló.
Esto se habría hecho “a pesar de que en muchos casos podría no resultar de interés para las causas de referencia”.
La idea de la AFI es que en ese cúmulo de archivos podría haber intercepciones telefónicas con orden judicial, pero sobre personas que no necesariamente eran parte de la investigación que motivó el pedido de intercepción.
Fuente La Nación
