Del hermano de Ximo Puig al exmarido de Mónica Oltra

La guerra desatada en el seno del Partido Popular ha reabierto el viejo debate sobre los límites legales, éticos y estéticos de los vínculos familiares de los políticos y sus relaciones con la Administración. En el caso de la Comunidad de Madrid se han derramado litros de tinta y se han quedado cortos los espacios en radio y televisión para glosar los pormenores del contrato por el que Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta autonómica, percibió 55.000 euros de las arcas públicas por su intermediación para una compra de mascarillas. En la Comunidad Valenciana, Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, permanece imputado desde 2019 en una investigación judicial abierta por los presuntos delitos de fraude en subvenciones y falsedad documental. La causa, abierta a raíz de una denuncia del Partido Popular que no del PSOE, fue declarada compleja por el juzgado de instrucción número cuatro de Valencia, que el pasado enero acordó una prórroga de seis meses a la espera de un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que arroje luz acerca de las ayudas públicas percibidas por las empresas en las que trabaja el presidente autonómico. Desde que Ximo Puig está al frente de la Generalitat, las compañías relacionadas con su hermano han percibido 700.000 euros en concepto de subvenciones para la promoción del valenciano en medios de comunicación. La Agencia Antifraude, a instancias del PP, cifró en el entorno del medio millón de euros el monto de las ayudas que están bajo la lupa de la investigación judicial. En paralelo, la propia Generalitat Valenciana multó a las empresas de Francis Puig y sus socios de la familia Adell Bover por pactar precios para optar a la adjudicación de un contrato para la televisión valenciana Á Punt. Con todos estos antecedentes, el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana puso negro sobre blanco el pasado 7 de febrero que la Generalitat otorgó ayudas en el ejercicio 2021 por importe de 209.177 euros a las productoras encabezadas por Francis Puig y los Adell Bover, las mismas firmas que fueron sancionadas por la Comisión de Defensa de la Competencia de la Conselleria de Economía. Imagen de archivo de Ximo Puig y Mónica Oltra – ROBER SOLSONA
A pesar de la investigación abierta por un juzgado, Francis Puig no ha dejado de solicitar ayudas de la Administración presidida por su hermano y la Generalitat Valenciana no ha dejado de concedérselas. Lo que no consta es que Pedro Sánchez, otrora enemigo acérrimo de Ximo Puig en el seno del PSOE, haya ordenado maniobra alguna para dejar en evidencia a uno de sus barones territoriales. Mientras que la oposición en la Asamblea de Madrid llevó este viernes a la Fiscalía Anticorrupción el contrato con el hermano de Isabel Díaz Ayuso para que indague presuntas ireregularidades, en Valencia el hermano de Ximo Puig está imputado desde 2019 sin que ni el propio PSOE ni las fuerzas situadas a su izquierda hayan alzado la voz. Es más, las ayudas que percibe Francis Puig son otorgadas por la Conselleria de Educación y Cultura, dirigida por Compromís. Este partido, precisamente, se halla en en ojo del huracán de los límites éticos de las relaciones familiares de los mandatarios políticos con sus familiares directos a cuenta de la condena al que fuera marido de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra. Un tribunal ha sentenciado a cinco años de cárcel a Luis Eduardo Ramírez Icardi por abusar sexualmente de una menor tutelada por el Gobierno autonómico en el centro en el que trabajaba como educador cuando todavía estaba casado con Mónica Oltra y la líder de Compromís era, y continúa siendo, la principal responsable política del área de Igualdad y Políticas Inclusivas. En paralelo, el juzgado de instrucción número quince de Valencia ha citado a declarar como investigados a seis cargos de la Conselleria que dirige Mónica Oltra en el marco de la investigación sobre la gestión del caso de los abusos sexuales a una joven tutelada por parte del exmarido de la vicepresidenta de la Generalitat. A día de hoy no consta un solo reproche del PSPV-PSOE a Compromís por el caso que salpica a Mónica Oltra a cuenta del que fuera su esposo ni hay precedentes de una petición de explicaciones de Compromís al PSPV-PSOE por la investigación judicial al hermano de Ximo Puig. En estos casos no se ha empleado el fuego amigo. Como diría el tópico: «¿La familia? Bien, gracias». El debate sobre lo legal, lo ético y lo estético lo dejamos para otro día. Al fin y al cabo, el PSPV-PSOE y Compromís son, aunque no siempre bien avenida, una familia.
Fuente ABC