La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha tomado conocimiento este lunes de la solicitud del magistrado José Ricardo de Prada de trasladarse a la Sección Primera, la que decide sobre los presos de ETA, en sustitución de Ramón Sáez y en el contexto del concurso abierto para ocupar su plaza, vacante desde que el pasado noviembre tomó posesión en el Tribunal Constitucional. De Prada, célebre entre otras polémicas decisiones porque su redacción de la sentencia sobre la primera época de la trama Gürtel fue crucial en la moción de censura que puso fin al último gobierno de Mariano Rajoy, venía desempeñándose en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal. Sin embargo, tal y como adelantó ‘El Mundo’ y confirmó ABC en fuentes jurídicas, solicitó el cambio a la Sección Primera, donde se han quedado vacantes tanto la plaza de Ramón Sáez como la de Concepción Espejel, también por su paso al Constitucional y que además, venía desempeñando la presidencia. En la actualidad, ese rol lo asume en funciones el magistrado con más antigüedad, Alfonso Guevara, que también preside la Sección Tercera. De Prada es considerado un juez de corte progresista, como también lo es Ramón Sáez, cuya plaza ocupará en cuestión de unos días, cuando se haga efectivo el acuerdo alcanzado este lunes por la Sala de Gobierno. Con todo, ha protagonizado diversas polémicas a lo largo de su carrera, más allá de la sentencia de Gürtel, por lo que su traslado a una sección tan sensible y que se encuentra en el punto de mira como último dique de contención ante la concesión de beneficios penitenciarios a presos de ETA que no cumplen los requisitos no ha pasado desapercibida. En abril de 2011, por ejemplo, justificó el chivatazo a ETA del caso Faisán por el «contexto político» de tregua en el que se produjo y calificó de «caricatura» el análisis de dos compañeros, que mantuvieron imputados por colaboración con la banda terrorista a los policías que alertaron en 2006 al dueño del bar en Irún de una operación contra la banda. En los cursos del verano de 2014 de San Lorenzo de El Escorial, Madrid, el magistrado calificó de «altas y desproporcionadas» las condenas a los etarras y más adelante criticó el modo en que la Audiencia Nacional aborda en general, estas causas de terrorismo. De hecho, aquello le ha valido más de una petición de recusación, incluso con apoyo de la Fiscalía, para enjuiciar estos asuntos. En junio de 2016, por ejemplo, se produjeron dos. La Sala de lo Penal avaló su continuidad al frente de los mismos.
Fuente ABC