Lesmes expone a la ministra Llop el colapso del Supremo al que ha abocado la reforma de su Gobierno

Un año después de que PSOE y Unidas Podemos reformaran la ley del Poder Judicial para el que CGPJ no pueda hacer nombramientos estando en funciones (situación en la que se encuentra desde diciembre de 2018), el presidente del órgano de gobierno de los jueces y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, preside este martes una reunión entre la Sala de Gobierno del Alto Tribunal y la ministra de Justicia, Pilar Llop, para abordar la complicada situación que atraviesa el Alto Tribunal. La reunión se produce después de los desesperados llamamientos de la Sala de Gobierno ante las vacantes que se van acumulando en las distintas salas del TS y la reciente negativa de Justicia a que el área civil del Gabinete técnico pueda contar con cinco magistrados de apoyo, un refuerzo que depende íntegramente del Departamento que preside Llop. En la reunión que comenzará a las 12.30, se tratarán, entre otras cuestiones, los problemas de funcionamiento del Tribunal derivados de la existencia de doce vacantes en su plantilla de magistrados y la imposibilidad de cubrirlas por la reforma que aprobó precisamente el partido que sustenta el Gobierno del que Llop es ministra. De ahí la poca confianza que manifiestan fuentes del Supremo en que el encuentro resulte fructífero, pues el Ejecutivo es el primer interesado en estirar la cuerda al máximo para forzar la renovación del Consejo. Hace apenas tres semanas la Sala de Gobierno del Supremo aprobaba la propuesta del presidente de la Sala Tercera, César Tolosa, para la reorganización de sus secciones. Denunciaba que esta Sala de lo Contencioso-Administrativo está en una situación límite pues a las seis vacantes que hay desde hace meses, se suman las jubilaciones de los magistrados Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez. Esto significa que la Sala contará con sólo 25 magistrados (incluido su presidente), lo que supone el mínimo legal para constituir sus cinco secciones, pues cada una de ellas debe tener al menor cinco magistrados. La propuesta de Tolosa consistía en reforzar las dos secciones que, tras dichas jubilaciones, quedan con sólo cuatro integrantes (la segunda y la quinta) con un magistrado cada una, que saldrán de las dos secciones que cuentan con seis magistrados (la tercera y la cuarta). Además, para mitigar la extraordinaria carga de trabajo que ha comenzado a detectarse en la Sala, se acordó proponer una reforma legislativa del recurso de casación contencioso-administrativo para dar una respuesta más rápida y eficaz a esa litigiosidad masiva, así como medidas específicas y temporales para afrontar esa situación. En esa entrada de recursos destacan los que reclaman responsabilidad patrimonial del Estado derivada de las medidas para hacer frente a la pandemia, de los que ya se han planteado decenas en los últimos días y que el tribunal prevé que puedan alcanzar varios miles en las próximas fechas. Entre las medidas para evitar el colapso de la Sala Tercera se encuentra también una reforma legislativa para modificar la ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de forma que los juzgados o tribunales puedan suspender causas que presentan identidad jurídica con recursos pendientes de casación ante el Supremo, y hasta que el alto tribunal se pronuncie al respecto. La finalidad sería evitar que los juzgados y tribunales dicten sentencias que puedan resultar contrarias a la decisión que en el futuro pueda adoptar el Tribunal Supremo, en aras de una mayor seguridad jurídica. Otra pata de la reforma consiste en que se pueda suspender el trámite de admisión de recursos que versen sobre una cuestión jurídica sustancialmente igual cuando se haya acordado la admisión de uno de ellos y hasta que se dicte sentencia sobre el mismo. Avalancha de reclamaciones patrimoniales Y es que la Sala de Gobierno espera la entrada de miles de recursos contencioso-administrativos en las próximas fechas contra la desestimación, expresa o presunta, por el Consejo de Ministros de reclamaciones indemnizatorias en concepto de responsabilidad patrimonial, presentadas por ciudadanos y profesionales que dicen haber sufrido daños indemnizables por este cauce, por causa de la aplicación de medidas incluidas en las normas aprobadas para hacer frente a la pandemia del Covid. Para afrontar estos litigios, se ha solicitado al Ministerio de Justicia que se dote una nueva Secretaría, con un letrado/a de la Administración de Justicia y el personal funcionario adecuado, así como la dotación de al menos tres plazas de letrados coordinadores en el Gabinete Técnico del tribunal para ser provistas por magistrados del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Asimismo, el Supremo propuso también un plan específico para la Sección Cuarta (Social) ya que, al margen de las reclamaciones patrimoniales por medidas Covid, acumula 348 asuntos repetitivos en tres clases de recursos: reclamación de retribuciones por parte de funcionarios docentes de la comunidad de Madrid (211), reclamación reconocimiento condición personal estatutario no fijo (72) y reconocimiento de la carrera horizontal de interinos en servicio de salud de Castilla-La Mancha (65). En la Sala Primera (Civil) el panorama no es más halagüeño. Su presidente, Francisco Martín Castán, redactó un informe el pasado noviembre que fue aprobado por la Sala de Gobierno en el que consideraba «indispensable» el nombramiento de cinco magistrados de apoyo, pues sin ellos la Sala no será capaz de «dar respuesta adecuada» a la «avalancha» de recurso. Justicia ha negado estos cinco magistrados alegando falta de presupuesto, algo que ha causaso un profundo malestar en el CGPJ, donde se ve esta negativa como un auténtico boicot.
Fuente ABC