Por Lucía Salinas
El presidente de la Cámara de Diputados dijo que si hubiese recibido una instrucción para direccionar fondos, “lo hubiese denunciado”.
El juicio oral por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública nacional entre 2003 y 2015 se reanudó este lunes con la declaración como testigo de otro ex jefe de Gabinete K, el actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
Massa inició su declaración testimonial después de las 9.36, respondiendo las preguntas vía Zoom desde su despacho en el Congreso nacional. El primero en preguntar fue Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner.
Al comienzo de su exposición, Beraldi le preguntó a Massa si alguna vez recibió una orden de Cristina para que se desarrollen obras viales en alguna provincia en particular. “No, no sólo que no recibí, también quiero aclarar que todo finalmente va al Congreso”. La pregunta apuntó a quitarle peso a la acusación que envió a juicio a la vice, según la cual se direccionaron 51 licitaciones viales por 46.000 millones de pesos a favor de Lázaro Báez.
La defensa de la vicepresidenta también le preguntó al testigo si existe la posibilidad de que alguno de los organismos públicos pueda determinar en el presupuesto montos volcados a una provincia en materia de obra pública y cómo se distribuye ese dinero en el territorio. En ese punto, Massa dijo que no era posible: “Hay momentos donde hay que ver qué se prioriza si hay una dificultad en la generación de empleo, porque es generadora rápida de trabajo”.
Las siguientes preguntas las formuló el abogado de Báez, quien le consultó a Massa si en alguna oportunidad algún miembro del Ejecutivo solicitó que no se apliquen controles sobre Santa Cruz o sobre los fondos destinados. “No me consta que nadie haya pedido ninguna de esas situaciones. Los pedidos a la Secretaría de Hacienda o al área presupuestaria se hacen por escrito, porque implican realizar modificaciones en el plan de metas”, puntualizó Massa.
El abogado de Báez fue más directo en su pregunta, y le consultó a Massa si en algún momento recibió alguna indicación para ampliar una partida presupuestaria que reasignara fondos para beneficiar a la provincia de Santa Cruz o alguna empresa de Báez: “Si hubiese recibido esa instrucción, lo hubiese denunciado”, respondió.
El juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública vial a favor de Lázaro Báez, ex socio comercial de los Kirchner, cerrará esta etapa en la que ya se escucharon más de cien testigos desde que comenzó el debate oral, en mayo de 2019.
Cristina Kirchner sostiene que los presupuestos asignados a la obra pública se trataron de “actos administrativos”, que como tales “fueron lícitos” y que ella no fue quien firmó las modificaciones de los fondos destinados al rubro investigado.
La ex presidenta sostiene que las partidas presupuestarias destinadas a obra pública se hicieron con una ley que aprueba el Congreso y que la ampliación de los fondos pasó por los jefe de Gabinete.
En base a ese criterio, Cristina Kirchner pidió -cuando aún no se había constituido el Frente de Todos y contaba con un público enfrentamiento con Massa y Alberto Fernández-, que declarasen como testigos los ex jefes de Gabinete entre 2004 y 2015, como responsables de firmar las partidas presupuestarias volcadas a obra pública.
Fuente Clarin
