El 5 de agosto de 2021 esta mujer fue a Ciudad Juárez, en México, para llevar al médico a su hijo Nathan, de cinco meses.
A su regreso a El Paso, en Texas, un oficial le pidió la documentación y le dijo que su hijo no se parecía a ella, cuenta en uno de los testimonios incluidos en el informe 2022 de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR) divulgado el jueves.
“Me preguntó, ‘¿cómo comprobamos que es tu hijo? Tendríamos que hacer una prueba ADN y eso llevaría una semana'”. “Por eso dijo que iban a llevar a mi hijo a un lugar de detención. Le pregunté a dónde y me dijo burlándose: ‘a una jaula'”.
“Una de las agentes se llevó a mi hijo. La otra mujer agente me inspeccionó minuciosamente. Me puso contra la pared y me dijo que bajara mis pantalones hasta las rodillas. Revisó físicamente todo mi cuerpo. Puso sus manos debajo de mi sostén y tocó mis partes por delante y por detrás”, describe S.O.D, identificada como las demás víctimas por iniciales.
“Encontramos un patrón muy preocupante de registros corporales y de cavidades en mujeres. Todos los casos documentados fueron falsos positivos“, es decir sospechas falsas, afirmó Fernando García, director de BNHR, en rueda de prensa.
Otra mujer recibió un trato similar. “Me gritó que levantara las manos, me puso contra la pared y comenzó a inspeccionarme y tocar mis partes íntimas. Golpeó mi muslo izquierdo y me gritó que abriera más las piernas. Me preguntó si había algo en el medio, refiriéndose a mi vagina, y dije que no”, cuenta.
Del 9 de octubre al 9 de noviembre de 2021 la organización habló con 4.000 personas en 80 puestos instalados desde Las Cruces, en Nuevo México, hasta San Elizario, en el extremo este del condado de El Paso, en puentes internacionales que sirven de puntos de entrada, supermercados, asociaciones, restaurantes, mercados, iglesias, parques…
Aunque los casos con la patrulla fronteriza de Estados Unidos se han reducido, se detectó “un patrón sistémico de impunidad bajo el cual las fuerzas del orden interactúan con los residentes fronterizos”, señala el informe.
De los 25 casos documentados, 16 involucran a agencias federales de inmigración en la frontera e “ilustran violaciones muy preocupantes de los derechos civiles, los derechos humanos y la violación de la dignidad personal”.
Lo sabe muy bien Jesús Francisco Dávila, de 71 años. Un día confundió el pasaporte con la tarjeta de elector mexicano y el agente “le aventó y cayó de espalda”.
Uno de los principales problemas, según la organización, es el uso sistemático de una segunda inspección “sin sospecha aparente o razonable”.
María Ávila tiene siete hijos, cuatro de los cuales sufren una enfermedad ocular congénita. Una vez unos oficiales de la patrulla fronteriza la obligaron a bajarse del autobús con sus hijos y la retuvieron varias horas, de modo que no pudo llevarlos al hospital. Otro día le colocaron a su marido un brazalete electrónico en el tobillo para que pudiera ir a la cita médica.
El BNHR denuncia asimismo la situación en los centros de detención de migrantes menores no acompañados en Estados Unidos. Un trabajador anónimo en el de Fort Bliss cuenta que los niños comen comida cruda y deben secarse con su ropa por falta de toallas. “Tienen tanto miedo que quieren que los deporten”.
El informe denuncia la aplicación del Título 42 para expulsar de Estados Unidos a un residente fronterizo de larga duración, cuando solo es aplicable a migrantes indocumentados debido a la pandemia de Covid-19.
En ocasiones el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha llegado a recurrir a la intimidación para entrar a una casa sin orden judicial.
El informe destaca el caso de una mujer que “fue esposada, la insultaron, le gritaron, la amenazaron y la forzaron a declararse culpable”.
Fuente Ambito
