La Unidad de Asuntos Internos ha desmantelado una red a la que se atribuye estafar a destacados jerarcas chavistas afincados en España pidiendo grandes sumas de dinero a cambio de un servicio que se podría calificar de «policía a medida»: comerciaban con supuestas influencias para asuntos que iban desde gestionar favorable y fácilmente la documentación en Extranjería hasta dar protección o un chivatazo a tiempo en caso de necesidad. Según las fuentes de la investigación consultadas por ABC, el miércoles se practicaron entradas y registros y se detuvo a tres personas: el inspector de la Policía Nacional D.B., el abogado J. A. y un exmilitar israelí conocido como «Avi» que habría funcionado como intermediario poniendo a disposición de los venezolanos esa red de seguridad a base de influencias. Todos los detenidos fueron puestos en libertad sobre la marcha y se les incautó abundante documentación, que será analizada por el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, donde se investiga bajo secreto este asunto desde hace un año. Los delitos, organización criminal, estafa y blanqueo. Hay al menos otro funcionario señalado y no se descartan más imputaciones. Los investigadores sostienen que en 2015, cuando comenzaron las pesquisas por operativas sospechosas de venezolanos afincados en España, la red comenzó a aproximarse a esas grandes fortunas para ofrecerles, a cambio de una suma, su supuesta capacidad de influencia ante distintos organismos públicos, entre los que figuraban el Servicio de Prevención de Blanqueo (Sepblac) y la Policía Nacional. El objetivo, facilitar su estancia y buscar impunidad. En algunos casos, acaban contactando con personas de la red por intermediación ya en origen, a través de un lobbista que, desde EEUU, les facilitaba el traslado a España y cuyas cuentas también están en el radar por este asunto. La causa sitúa a los detenidos ofertándose como “solucionadores de problemas”, los mismos que se avecinaban para buena parte de estas personas que de hecho, con el tiempo han acabado imputadas en la Audiencia Nacional. El servicio abarcaba desde conseguir el permiso de residencia o una nacionalidad hasta una «alerta temprana» en caso de que la Policía le siguiese la pista. Documentación, impunidad
Algunas fuentes consultadas por ABC hablan de que se les llegó a ofrecer un DNI español con una identidad de origen canario a cambio de cantidades millonarias. En lo que sí coinciden todas es en el «teatro» que se desplegaba, hasta el punto de que el venezolano no llegaba a saber si todos con los que hablaba eran policías o no lo era ninguno. Se cruzaban además situaciones dispares porque entre las personas a las que ahora Asuntos Internos sitúa como potenciales víctimas, las hay que realmente fueron confidentes a su llegada a España. Recibían esa oferta de una ayuda, por ejemplo, con los papeles, como una contraprestación. El problema es que luego pedían dinero y esas fuentes aseguran que al final, por nada. Sin embargo, los investigadores tienen en el radar una obtención de nacionalidad sospechosa y la actuación concreta de uno de los detenidos, al que se imputa haber intermediado para que una sucursal accediese a abrir cuenta a un imputado por blanqueo so pretexto, precisamente, de que era confidente policial. Las alarmas saltaron cuando la entidad preguntó en la Comisaría General de Información si estaba la Policía detrás. Y no lo estaba. Esta operación es una derivada de la causa sobre Pdvsa que se sigue en la Audiencia Nacional donde la UDEF, al rastrear unas transferencias sospechosas de blanqueo se topó con que algunos de los investigados tenían denuncias presentadas contra los beneficiarios de aquel dinero. El colmo fue que los mismos nombres aparecieron en la mochila que la mujer de uno de los imputados abandonó en su día en el gimnasio, pero la clave fue el testimonio de un ex miembro de los servicios secretos venezolanos, también en la causa de la Audiencia Nacional. Había pagado a la red y lo que contó fue que le crearon los problemas para venderle luego que podían solucionarlos.
Fuente ABC