La resaca de las declaraciones en sede judicial de tres de los ocho investigados por presuntamente encubrir los abusos del exmarido de Mónica Oltra -condenado a cinco años de prisión- a una menor tutelada ha marcado de nuevo este martes la crónica política valenciana. Los tres partidos en la oposición -PP, Ciudadanos y Vox- han vuelto a pedir a la vicepresidenta de la Generalitat que dimita o que el presidente Ximo Puig la cese de sus competencias como Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, tras la imputación de seis altos cargos de este departamento. Algo que la propia Oltra sigue descartando, aludiendo a la «cacería de la extrema derecha» que, a su juicio, padece. La dirigente de Compromís, en declaraciones a los medios, ha lamentado que se esté «empastrando» y «haciendo pasar un mal rato» a «funcionarios y trabajadores públicos y de entidades sin ánimo de lucro que hacen su trabajo profesional» con el único propósito de «hacer guerra política». Oltra se ha mostrado convencida de que esa investigación basada en «mentiras» acabará desmontándose y ha criticado al PP por ir «a rebufo» de la ultraderecha, pues la causa tiene su origen en sendas demandas del abogado de la víctima de abusos y líder de España 2000, José Luis Roberto, y la asociación Gobiérnate, impulsada por la cofundadora de Vox Cristina Seguí. Al respecto, y en referencia al expediente que Igualdad inició sobre el caso cuando este ya estaba en manos de un juez, la portavoz adjunta de los populares en las Cortes Valencianas, Elena Bastidas, ha puesto el foco en que «el informe parajudicial fue encargado por un alto cargo de la Conselleria de Oltra para desacreditar la versión de la víctima». Por su parte, la síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, ha anunciado que su grupo ha presentado una proposición no de ley que se debatirá en el próximo pleno para exigir a Puig que cese o retire las competencias de protección de menores a su vicepresidenta. Del mismo modo, la portavoz de Vox, Ana Vega, ha asegurado que las comparecencias judiciales de la directora territorial, la directora del centro Niño Jesús y la psicóloga de la residencia en la que se cometieron los abusos demuestran que «todo esto estaba dirigido para mitigar el posible daño que Oltra pudiera sufrir por ser su marido quien cometió los abusos». Unas declaraciones que han «sorprendido» a su homónima en el parlamento autonómico por parte de Compromís. La síndica Papi Robles ha mostrado su estupor al presenciar el «seguimiento absoluto -por parte de los distintos grupos en la Cámara- de una estrategia tejida por la extrema derecha» y ha asegurado sentir «vergüenza de ciertas declaraciones que no respetan un proceso judicial que está en proceso».
Fuente ABC