El pacto de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) exige explorar financiamiento alternativo a la emisión monetaria, principal causa de la inflación. La clave estará en sumar crecientes cantidades de deuda pública en pesos, además de levantar dólares de los organismos multilaterales de crédito.
La negociación de las autoridades económicas desembocó en un límite equivalente al 1% del Producto Interno Bruto (PIB) a la emisión de dinero.
El gap respecto al resto del déficit primario (2,5% en total, según el preacuerdo alcanzado en la previa a la invasión de Rusia a Ucrania, que trastocó los precios internacionales de los productos agropecuarios y la energía) y los intereses de la deuda se cubrirá mayoritariamente en el mercado local de capitales.
El borrador del acuerdo señalaba que el plan oficial era obtener “financiamiento neto en pesos del sector privado a Tesoro” por alrededor de 2% del PIB anual entre 2022 y 2024 (el equivalente a más de 9500 millones de dólares por año), “reducir gradualmente la dependencia de instrumentos ligados a la inflación y alargar el perfil de vencimientos”.
La reciente suba de tasas y la estabilidad del tipo de cambio oficial, con fuertes bajas en las cotizaciones paralelas del dólar, ayudó a la Secretaría de Finanzas a lograr $ 323.992 millones netos en el inicio del año.
El incipiente carry trade (bicicleta financiera) paradójicamente es un respaldo a la tarea del equipo de Martín Guzmán, aunque la indexación de los instrumentos de deuda dificulta la reducción de su peso en términos nominales y frente al PIB.
El Ministerio de Economía también busca conseguir un 0,4% neto de instituciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (ex Corporación Andina de Fomento, CAF).
Recientemente, el Banco Mundial anunció apoyo financiero por más de u$s 2000 millones este año, de los cuales quedaría un remanente neto de u$s 830 millones para ejecutar políticas públicas.
Fuente El Cronista
