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No hubo comisiones, como tampoco contraprestaciones. Hubo «regalos» que al principio pudieron ser cohecho, cuya ocultación a Hacienda habría sido delito fiscal y cuya dispersión posterior en intereses y cuentas diversas arrojaba sospechas de blanqueo, si no «autoblanqueo», de capitales. Son las líneas maestras de los dos decretos con los que la Fiscalía ha dado carpetazo a las investigaciones abiertas sobre Don Juan Carlos y que durante casi tres años han tenido en el foco los fondos que recibió de Arabia Saudí, de México y de una fundación en Liechtenstein con cuenta en Suiza en cuantías y conceptos variados. Desde el mero dinero en transferencias hasta el pago de clínicas y viajes, con un punto claro de inflexión:junio de 2014, cuando abdicó. Todas las conductas anteriores que describe la Fiscalía no serían perseguibles por la inviolabilidad que la Constitución concede al Jefe del Estado o por estar prescritas. Fue en esa época donde se sitúa el primer movimiento en el foco, un «regalo» del Rey de Arabia Saudí que en 2008 Don Juan Carlos recibió en una fundación creada en Panamá y llamada Lucum. Allí también consta la entrada en efectivo de 1,4 millones del Sultán de Bahréin, por razones que no se han esclarecido en la investigación. Al principio, la tesis de los fiscales era que aquel dinero obedecía a una comisión por la adjudicación del AVE a la Meca a un consorcio de empresas españolas. Ese fue, de hecho, el inicio de la investigación, porque la ex amiga de Don Juan Carlos Corinna Larsen iba contando a quien quisiera escuchar que el padre del Rey se había llevado 50 millones en aquel negocio. Fue grabada por el comisario Villarejo y acabó publicado en los medios. Esta línea de investigación se abrió en diciembre de 2018 por posible corrupción en las transacciones comerciales internacionales. En 2020 saltó al Supremo, afectaba a Don Juan Carlos, que es aforado. Para octubre, como explican los decretos, ya tenían claro allí que no era una comisión. Las fechas «no cuadraban» como tampoco las hipótesis. Era un «regalo» y así, un posible delito de «cohecho impropio». El decreto no abunda en explicaciones, «pues el único elemento fáctico indiscutible –la admisión por Don Juan Carlos de un regalo de 100 millones de dólares en agosto de 2008 al tiempo que ostentaba la Jefatura del Estado– es suficiente para concluir que esta conducta se encontraría claramente prescrita». En cuanto a los «regalos» del empresario mexicano Allen Sanginés Krause, estos ya posteriores a 2014, ejercicios no prescritos, la Fiscalía da la cifra. Fueron 516.606,32 euros en transferencias a una persona interpuesta destinadas «al abono de gastos particulares» del padre del Rey y «familiares o allegados». Se suman otros 471.673,59 euros que el mexicano envió directamente a la cuenta de Viajes El Corte Inglés para costear igualmente viajes de Don Juan Carlos y personas cercanas. Hay más. De acuerdo al decreto, Sanginés «también abonó los servicios sanitarios prestados durante los años 2017 y 2018» a Don Juan Carlos por un médico de la entidad «Sociedad de Medicina Antiaginig y Longevidad Saludable S. L.». Asumió el pago de 95.365,75 euros que costó aquel tratamiento. No obstante, no hay constancia de que mediase «contraprestación alguna a estas transferencias». Para la Fiscalía, «se trata de actos unilaterales efectuados a título lucrativo y las regularizó como tales». Respecto a los que habría realizado su primo Álvaro de Orleans mediante la Fundación Zagatka, la Fiscalía habla de «diversos gastos, regalos y viajes privados». El decreto de la Fiscalía no da la cifra total, pero sí dice que Don Juan Carlos regularizó correctamente las cuantías que en su día no había declarado. Abonó en total a Hacienda 4.416.757,46 euros y lo hizo, conforme detalla, gracias a «diversos préstamos debidamente documentados, de distintas personas físicas y jurídicas –doce en total– y por diferentes importes hasta alcanzar la citada suma». De Álvaro de Orleans, además del pago de viajes, consta el regalo de tres escopetas de caza valoradas en 101.636,37 euros que no declaró en su día y no regularizó después. Aquí ,no obstante, no habría delito fiscal por ser la cuota escamoteada inferior al límite de 120.000 euros, tal y como concluye la Fiscalía. Debía, en concreto, abonar a Hacienda 30.411,14 euros. No hay, así, reproche penal. Habría un «regalo» más, solo que no hay indicio alguno de que llegase a disfrutarlo. En las diligencias sobre un conglomerado en el paraíso fiscal de la Isla de Jersey que se seguían por su presunta relación con Don Juan Carlos, la Fiscalía zanja que no hay constancia alguna de que desde su creación en 2014, tocase aquellos fondos. Pero sí dice que antes de esa fecha, el beneficiario era él. Manuel Prado y Colón de Carvajal había levantado dos trust allí mismo, se presume que con donaciones, para que si un cambio de timón pusiera en riesgo la Corona en España, Don Juan Carlos tuviera ayuda.
Fuente ABC
