Hace tres semanas, tras las elecciones en Castilla y León, el Gobierno oteaba el horizonte interpretando que los nubarrones podían disiparse. Con un PP tocado al comprobar que la recuperación electoral había sido un espejismo. Las fuerzas de PSOE y Unidas Podemos también flaqueaban. Pero existía la convicción de haber superado el peor momento de la legislatura. Por delante casi dos años más centrados en la gestión y con la confianza en que los fondos europeos terminasen por consolidar la recuperación económica. La dramática crisis del PP vino a intensificar el diagnóstico que se hacía entonces en el Ejecutivo: «La coalición representa el mayor garante de estabilidad», destacaban en La Moncloa. Pero la velocidad de los acontecimientos dibuja ya una segunda parte de legislatura muy distinta. Que nada tendrá que ver con llegar por inercia hasta las elecciones y vendiendo la idea de normalidad recuperada tras la pandemia. La aceleración de la guerra en Ucrania y la evolución en el rol de Rusia en la escena internacional cambian la perspectiva del futuro. «Hay que poner el contador a cero. Empieza un nuevo tiempo. El fin de la pandemia y el inicio de la guerra crean unas condiciones nuevas», advierte un dirigente socialista. En el plano doméstico, además, en este tiempo la crisis del PP ha encontrado la salida en forma de renovación del liderazgo. La llegada a Génova de Alberto Núñez Feijóo cambia muchas cosas. Aunque los socialistas intentarán minimizar el cambio cuando éste se consume. Lo cierto es que los socialistas vivían muy cómodos con Pablo Casado al frente. Sentían tenerle tomada la medida. Y sus datos en los sondeos, respecto a la apreciación de su propio electorado, no eran buenos. En este nuevo enfoque sobre el futuro a corto plazo en La Moncloa ya trabajan con aires de excepcionalidad. Pedro Sánchez ya ha anunciado esta semana en el Congreso que ya se trabaja en el llamado Plan Nacional de Respuesta al Impacto de Guerra. Aunque en el Gobierno se destaca que nuestro país no es el más expuesto, no se niega el coste para los precios de la energía. De momento el descuento del bono social eléctrico se prorrogará hasta el 30 de junio. También se amplían medidas para contener la subida de la luz: el IVA reducido al 10 % para la electricidad, la suspensión del Impuesto al Valor de la Producción de Electricidad y del Impuesto Especial sobre la Electricidad al 0,5 por ciento, así como la reducción del beneficio extraordinario de las centrales de generación de gas no emisoras. También se espera un aumento de precios por la reducción de oferta de cereales y oleaginosas. El Ejecutivo espera también un importante impacto en el turismo. Tanto directo, por la ausencia de turistas rusos, como el que pueda derivarse del golpe económico en otros países como Italia o Alemania. Ambos son mercados emisores fundamentales de nuestra industria turística y tienen una fuerte exposición a Rusia. Aunque desde la Presidencia del Gobierno intentan transmitir la idea de que la filosofía del Ejecutivo no se altera: «Seguimos igual: construir soluciones y avanzar. Quien quiera contribuir en la construcción de soluciones, bienvenido». Esa visión de apoyos abierta entronca con la reciente aprobación de la reforma laboral, donde la parte socialista no priorizó la mayoría de la investidura. Y dibuja la imagen de un Sánchez que pretende ocupar una posición de centralidad. Reforzando la estrategia de los últimos meses. El giro final del presidente del Gobierno de enviar armamento a Ucrania al margen de la acción coordinada de la Unión Europea ha generado un gran malestar en Podemos por «incumplir» un acuerdo alcanzado con ellos al respecto. Sánchez ha dado muestras de que va a tolerar esas discrepancias y de que no va a romper la coalición. Y aunque intentarán acordar con sus socios de Gobierno, en última instancia no será el acuerdo con ellos el que mueva sus decisiones. Con ese episodio todavía fresco, las próximas semanas se van a tensar a cuenta de la reforma fiscal. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, insistió ayer en que la posición del Gobierno es que no contempla «ninguna subida fiscal en este momento». Se justifica que el trabajo del comité de expertos «es previo» al acontecimiento bélico. Se reforzaba así el mensaje de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ante las esperadas «consecuencias económicas» no habría ninguna subida de impuestos. El malestar en Podemos se acumula. Creen que el enfoque de Sánchez de buscar posiciones más templadas «colisiona» con lo que se necesita para que la coalición «defina su espacio político» y pueda reeditar su mayoría sobre la derecha. En Podemos creen que Sánchez está más preocupado de «contentar a un centralismo político» que de las «políticas concretas». Y creen que eso puede ser insuficiente para espolear al electorado de izquierdas. En ese contexto la reforma fiscal ya abre una nueva brecha. Desde las filas moradas lideran una ofensiva que por ahora no asume Yolanda Díaz. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, va a defender en el Ejecutivo que la reforma fiscal es ineludible, precisamente por las consecuencias económicas de la guerra. Y acusan al PSOE de retrasarla desde el inicio de la legislatura.
Fuente ABC