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Por Lucia Salinas
Alejandro Mon declaró ante el TOF 2 que, “de 1.300 pagos adelantados que se hicieron, el 88% fue para empresas del Grupo Austral”. El detalle de pruebas que complican a la vice.
En una nueva audiencia del juicio por la presunta corrupción en la obra pública y que tiene como principal acusada a Cristina Kirchner, declaró como testigo Alejandro Mon, asesor del Administrador General de Vialidad Nacional, responsable de analizar los contratos adjudicados a Lázaro Báez y el mecanismo a través del cual logró el pago anticipado de las certificaciones de obra. “De 1.300 pagos adelantados que se hicieron, el 88% fue para empresas del Grupo Austral”, explicó.
La vicepresidenta y su ex socio comercial están procesados y enviados a juicio por los delitos de asociación ilícita y defraudación al Estado. Se acusa a la gestión kirchnerista de haber favorecido al grupo Austral con 51 contratos viales por 46.000 millones de pesos, “plagados de irregularidades administrativas, sobreprecios y falta de controles”. Por ello, se habla de un “direccionamiento” a favor del conglomerado del contratista K.
La imputación sostiene que desde el Gobierno anterior y diversos “organismos estatales vinculados a la obra pública, se “montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz”.
La provincia de Santa Cruz fue elegida para el obrar “mancomunado ilegal de un grupo de funcionarios que comandados por los titulares del Poder Ejecutivo”. Esto se puso en marcha, según el dictamen, a través de “la propia burocracia estatal para proveer los fondos a dicha provincia”.
Como última instancia de la supuesta maniobra se planteó que el proceso de adjudicación “configuró una puesta en escena orientada a simular en los papeles una supuesta competencia entre oferentes que en la realidad no existía, lo que permitía, por un lado, cumplir con el requisito de multiplicidad de ofertas y, por el otro, aumentar el costo de la obra vial a través de cotizaciones superiores al presupuesto oficial”.
Estas acusaciones, remarcó la fiscalía del juicio, se construyeron en base a la prueba documental. Parte de la misma por los trabajos de auditoría que impulsó Vialidad Nacional durante la gestión macrista, que puso la lupa sobre las licitaciones otorgadas al Grupo Austral.
Para corroborar esa tesis, la fiscalía ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) pidió que declaren como testigos los ex directivos de Vialidad Alejandro Mon y Martín Cergneux, además del ex administrador del organismo, Javier Iguacel, quien denunció a Cristina Kirchner por un fraude de 46.000 millones de pesos.
Alejandro Mon fue asesor del Administrador de Vialidad Nacional desde 2015, con la responsabilidad de analizar los contratos. Durante la primera parte de su declaración testimonial, señaló que ” las empresas del Grupo Austral cobraban por adelantado, por eso no estaba dentro de los juicios iniciados contra Vialidad como hicieron tantas empresas por retraso en los pagos”.
Explicó que cuando inició sus tareas en 2015, durante la gestión macrista, había más de 120 juicios iniciados por contratistas contra el organismo, que al 1 de agosto de 2019 representaba un perjuicio para el Estado de 3.900 millones de pesos.
“Mientras empresas del Grupo Austral cobraban por anticipado se extendía la mora de otras contratistas, generando estos juicios contra Vialidad Nacional”, explicó Mon.
Ante esta situación, detalló, fue a la Comisión Verificadora de Deuda para conocer en detalle la situación. Dijo haberse sorprendido cuando vieron que en noviembre de 2015 a Báez se le había anticipado el pago de certificados “que tendrían que haber cobrado en enero del 2016. Dos terceras partes de los pedidos de anticipos de certificaciones de obra no pasaban por mesa de entrada”.
Para ejemplificar la situación, Mon indicó que había pagos que vencían el 15 de noviembre de 2015, a menos de un mes del cambio de gobierno, y que se pagaron el 8 de noviembre. También que hubo certificaciones que correspondían a comienzos de 2016 y que fueron adelantadas un mes antes que concluya el 2015.
En diciembre de ese año, cuando Mauricio Macri ya había asumido como presidente de la Nación, Lázaro Báez despidió a más de 3.000 empleados. “Adujeron que no tenían fondos porque Vialidad no les pagaba, cuando les habían anticipado varias certificados de obra”, explicó Alejandro Mon.
¿Cómo era posible? El testigo mencionó una nota del 17 de mayo 2010 firmada por Nelson Periotti (ex director de Vialidad Nacional durante la gestión kirchnerista y también acusado en el juicio), diciendo que para agilizar los pagos ante causas no previstas en los pliegos -como nevadas, terremotos, inundaciones- Vialidad debía tener un mecanismo para cancelar los certificados. “La empresa presentaba una nota invocando los certificados que entiende le tienen que pagar por adelantado, eso debía contar con el consentimiento de la Administración y después a la comisión de verificación de deuda corriente, entonces volvía a gerencia de administración para iniciar su proceso de pago”, señaló Mon bajo juramento.
Pero en ese contexto brindó otro dato: “Dos días hábiles después de firmada la resolución, Austral Construcciones presentó 14 notas pidiendo el pago anticipado de los certificados de obras sin especificar cuáles. Cuatro días hábiles después de firmada la resolución, Kank & Costilla (de Báez), presentó otras cuatro notas en igual sentido, es decir presentaron 18 notas apenas firmada la resolución, solicitando el pronto pago de los certificados”.
En números, dijo que de los 1.300 pagos adelantados que realizó bajo esa resolución Vialidad Nacional “88% fueron para las empresas del Grupo Austral, para obras en Santa Cruz. El 11% fueron para empresas del Grupo Austral para Chubut, Formosa y otra provincia, y solamente doce pagos fueron para otros contratistas”.
Entre otras obras, el ex asesor analizó la licitación organizada en tres tramos, sobre la Ruta 3 al norte de Santa Cruz y que llegaba hasta Rada Tilly (Chubut). Esta obra fue objetada: estuvo en manos del Grupo Austral durante ocho años, solo avanzó un 37%. El proyecto original tuvo un costo de 674 millones de pesos y pese al poco avance, las dos constructoras de Lázaro Báez que ganaron la licitación recibieron 2.892 millones: un 329% más que el valor original.
Fuente Clarin
