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Podemos tendrá que devolver el 65% de las subvenciones que cobró en 2017 para gastos de seguridad. Se trata de ayudas reguladas por ley, que el Estado abona anualmente a los partidos políticos con representación en el Congreso, para que costeen sus dispositivos de seguridad de sus cargos y sedes. Pero Podemos se extralimitó en un doble sentido al embolsarse la mayor parte de esa subvención, según ha concluido el Tribunal de Cuentas (TCu): por una parte, se quedó con 117.065 euros que en realidad no se gastó, por lo que tendrá que devolverlos; y, por otra parte, usó otros 112.787 euros para abonar gastos que, en realidad, no están permitidos por la normativa que regula esas subvenciones. En total, el TCu reclama a Podemos 229.860 euros, la parte que se embolsó indebidamente de los 352.334 euros que el Estado le abonó como subvención para gastos de seguridad en 2017, año en el que el partido estaba dirigido por Pablo Iglesias -en junio de 2021 le sucedió Ione Belarra, que también es ministra de Derechos Sociales-. El requerimiento está recogido en el informe de fiscalización de las cuentas de los partidos políticos de aquel año, que acaba de hacer público el Tribunal de Cuentas. Esta auditoría destapa cómo Podemos usó indebidamente esos fondos públicos, sobre todo, para pagar a trabajadores que en realidad no se encargaban de los dispositivos de seguridad que regula la normativa de dichas subvenciones. En concreto, desvió 94.374,88 euros para sufragar el coste laboral de dos empleados que se encargaban de comprobar y actualizar sistemas de seguridad informática y de protección de datos. También ha detectado otros gastos que no están permitidos en la normativa reguladora de esas subvenciones para seguridad de partidos. Por ejemplo, el TCu afea a Podemos que usará 15.829 euros de esas subvenciones para «la adquisición y alquiler de elementos para la comunicación de actos electorales, alquiler de una UVI móvil y otros servicios auxiliares».
Fuente ABC
