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Por el Dr. Adalberto C. Agozino
La represión del movimiento de protesta y resistencia Hirak ha obligado al gobierno de Argelia a implantar un régimen duramente represivo que viola los derechos humanos y restringe las libertades civiles.
El 10 de febrero de 2019, el presidente Abdelaziz Bouteflika, entonces de 81 años, quién gobernaba Argelia desde 1999, manifestó por carta su voluntad de competir por un quinto mandato consecutivo en las elecciones presidenciales del 18 de abril de 2019.
No solo la avanzada edad del primer mandatario y su prolongada permanencia en el cargo molestaba a un sector de la población que ansiaba un cambio en los elencos gobernantes.
El principal obstáculo para una quinta reelección era que, desde 2013, Bouteflika se encontraba confinado a una silla de ruedas debido a un ACV -Accidente Cerebro Vascular- que también afectó su capacidad para hablar obligándolo a comunicarse con el pueblo a través de escritos y poniendo en duda su capacidad para gobernar.
Una nueva reelección de un anciano discapacitado era una humillación para un sector de la población que comenzó a reclamar activamente en las calles un cambio en la clase dirigentes con marchas pacíficas todos los martes y viernes.
Así nació el Hirak.
Los militares se vieron forzados a llevar acabo un golpe de Estado apartando a Bouteflika del poder y llevando a cabo elecciones muy condicionadas que terminaron consagrando como presidente a un ex ministro de Bouteflika entre 2001 y 2017, Abdelmadjd Tebboune de 75 años, quien asumió el cargo en enero de 2020.
No obstante, ni el cambio cosmético de caras en el gobierno ni las restricciones a los desplazamientos y reuniones impuesto por la pandemia del Covid 19 fueron suficientes para detener al Hirak.
El gobierno argelino se vio obligado a implantar un severo régimen represivo prohibiendo las reuniones, persiguiendo a activistas y dirigentes políticos opositores, cerrando partidos políticos. Veamos tan solo unos pocos ejemplos.
El 9 de enero, un juez del tribunal de Bab el Oued, en Argel, condenó a Fethi Ghares, dirigente del Movimiento Democrático y Social, a dos años de prisión y al pago de una multa de 200.000 dinares argelinos (1.420 dólares estadounidenses) por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Ghares había sido acusado de “incitar a una reunión no armada”, “ofender a organismos públicos” y publicar información que “perjudica el interés nacional” a raíz de que criticara a las autoridades en las redes sociales y durante una reunión celebrada en la sede del partido en junio de 2021. Su esposa, Messaouda Cheballah, dijo a Amnistía Internacional que la policía había registrado su casa y se había incautado de documentos políticos, un ordenador y fotos de personas del Hirak que protestaban el 30 de junio, el día en que fue detenido Ghares. Ghares está actualmente en la prisión de El Harrach de Argel, donde espera fecha de su juicio de apelación.
Ghares es el segundo miembro del Movimiento Democrático y Social recluido ilegítimamente sólo por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión.
El 14 de mayo de 2021, Ouahid Benhallah fue detenido cuando se dirigía a una protesta del Hirak. Dos días después, fue condenado a un año de prisión por 5 delitos del Código Penal, entre ellos “incitar a una reunión no armada” y “poner en peligro la vida de otras personas”. Salió en libertad tres meses después, cuando el Tribunal de Apelación redujo su pena a una multa de 60.000 dinares argelinos (427 dólares estadounidenses).
Las autoridades argelinas han enjuiciado al menos a 60 miembros de la Agrupación por la Cultura y la Democracia, incluidos exparlamentarios y representantes elegidos localmente. Continúan bajo custodia 4 de ellos.
El 13 de octubre de 2021, las autoridades clausuraron una conocida organización de la sociedad civil, la Agrupación Acción Juventud, por acusaciones falsas de llevar a cabo actividades no acordes con su condición.
El 6 de enero de 2022, el Ministerio del Interior envió una notificación formal a la Agrupación por la Cultura y la Democracia, destacado partido de la oposición de Argelia, para que cumpliera con la de Partidos Políticos. El Ministerio alegó que una reunión celebrada en la sede del partido el 24 de diciembre no era acorde con los objetivos del partido y no estaba autorizada por las autoridades. La reunión había analizado las consecuencias de la represión en curso del activismo político en Argelia.
El 20 de enero de 2022, el Consejo de Estado de Argelia ordenó la suspensión “temporal” del Partido Socialista de los Trabajadores, obligándolo a cesar todas las actividades y cerrar sus instalaciones.
Estas medidas que afectan los derechos humanos y las libertades individuales de los argelinos han llevado a que diversas organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas o gobiernos europeos como el de Alemania expresaran su repudio y reclamaran cambios en la situación política de Argelia.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha reiterado, su preocupación por las crecientes restricciones a las libertades fundamentales en Argelia.
“En Argelia, me preocupan las crecientes restricciones a las libertades fundamentales, incluido el creciente número de arrestos y detenciones de defensores de los derechos humanos, miembros de la sociedad civil y opositores políticos”, dijo Bachelet, quien presentó el martes 8 de marzo de 2022 su informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, en el marco de la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.
Bachelet pidió al gobierno argelino “que cambie de rumbo y tome todas las medidas necesarias para garantizar los derechos de su pueblo a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica”.
En igual sentido se ha expresado el gobierno alemán, a través de su embajadora ante la ONU en Ginebra Katharina Stasch, ha alertado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el recrudecimiento de las restricciones al ejercicio de las libertades, las detenciones de activistas de Hirak y la represión de los defensores de los derechos humanos en Argelia, denunciando “una evolución peligrosa” en este país.
“En Argelia, el resurgimiento de las restricciones contra la sociedad civil, los medios en línea y fuera de línea, así como los arrestos por motivos políticos representan un desarrollo peligroso (…)”, dijo la embajadora Stasch, quien presentó una declaración de su país en el marco de la 49ª sesión del CDH.
“La represión contra los defensores de derechos humanos en el contexto de las elecciones también nos preocupa”, dijo, y pidió “que se garantice un ambiente seguro en este proceso político”.
El Parlamento Europeo, por su parte, ha adoptado, en menos de un año, dos resoluciones sucesivas sobre la situación de los derechos humanos en Argelia y el recurrente cuestionamiento de los eurodiputados sobre los abusos masivos, la represión del Hirak y la arbitrariedad impuesta por el régimen militar argelino.
Lamentablemente, el alto precio del petróleo y la “sed” de gas de Europa debido a la guerra en Ucrania, que Argelia puede ayudar a paliar parcialmente si incrementa su producción y exportación de hidrocarburos, pueden originar que el mundo mire hacia otro lado, al menos por el momento, ante los atropellos que el gobierno comete a diario contra las voces opositoras.
Malas noticias para quienes luchan por la libertad y la democracia en Argelia.
