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La pieza Dina del caso Villarejo llegará este martes a su último, y probablemente definitivo, punto de inflexión, con la declaración testifical de Dina Bousselham, su marido y el ex jefe policial Eugenio Pino tras tres años de pesquisas que no han llegado a aclarar lo que al inicio, era el objeto de la investigación. A saber: Por qué tenía el comisario José Manuel Villarejo en sus ordenadores materiales del móvil robado antes a la asesora de Pablo Iglesias y si fue cosa suya que buena parte de los mismos acabasen aireados en la prensa. También en qué prensa y por qué razón. Como ha venido informando este diario, la investigación del caso se enredó cuando la Fiscalía Anticorrupción, como el juez Manuel García Castellón, empezaron a notar que en las declaraciones de los principales interesados en que la verdad saliese a la luz -Bousselham, su pareja Ricardo Sa Ferreira y el propio Pablo Iglesias- había contradicciones, cuando no inconsistencias, que hacían tambalear sus respectivas versiones. «La pieza donde todos mienten», se decía ya en 2020, un año después de que se iniciasen las pesquisas, sobre esta línea separada en la Audiencia Nacional. Se terminó de complicar la situación cuando en mayo de aquel año Anticorrupción propuso expulsar a Iglesias del asunto y apuntó indicios de dos delitos contra él en su gestión: Revelación de secretos, porque recibió la tarjeta del móvil robado a Dina Bousselham y la conservó durante meses habiendo visto el contenido y sin decir nada a su dueña; y daños informáticos, porque ella declaró una y otra vez que cuando se la devolvió ya no funcionaba. El juez fue más allá cuando la Sala de lo Penal le dijo que no podía investigar a Iglesias, que aún era aforado: Envió el caso al Tribunal Supremo y además de los señalados, puso por escrito que sospechaba de delitos en Podemos para denunciar en falso todo esto y obtener réditos electorales. Las dos claves del Supremo
Y el Supremo lo vio y llegó a la conclusión de que había que seguir investigando los indicios contra Iglesias. Era enero de 2021 y marcó la pauta a seguir. Primera parada: una pericial de la tarjeta que aclare qué había dentro, si no funciona por un daño deliberado y a quién se le puede atribuir ese daño. Ha tardado casi un año en llegar al juzgado el análisis de la Policía Científica sobre el dispositivo y no ha sido concluyente. Consiguieron acceder a la mitad de lo que contenía pero no leerlo. No hay pistas del origen de la disfunción ni de la fecha en que se produjo. La tarjeta está «muerta», como dijo a ABC el servicio técnico en Reino Unido que la vio la primera vez. Y no se puede saber por qué. Segunda parada y ahí, el punto de inflexión que se producirá este martes: Llamar a declarar a Bousselham porque, decía el Supremo, «Obviamente resulta necesario que sea oída al respecto por el Juez de Instrucción». Por un lado, porque insistía en que la tarjeta no funcionaba pero tras las sospechas sobre Iglesias se desdijo: sí funcionaba. Ha de aclarar este punto. Por otro, porque el delito de revelación de secretos del que hay indicios contra Pablo Iglesias sólo se puede perseguir si ella le denuncia. Aunque ya ha dicho que no tiene intención de hacerlo, ha de expresarlo con claridad ante el juez en la Audiencia Nacional. A este asunto volvía un auto de Manuel García Castellón con fecha del 11 de marzo al que tuvo acceso ABC. Negaba a Bousselham ampliar el plazo de instrucción, que terminó el 29 de enero con informe a favor de la Fiscalía Anticorrupción porque se da ya por agotado este asunto. Por el camino, acotaba la que será su comparecencia a esa expresión de perdón y en concreto, a si «consiente, tolera y acepta que Iglesias hubiera entrado en conocimiento de todos los documentos, fotografías, incluidas las íntimas y personales, archivos y comunicaciones contenidos en la tarjeta de su titularidad, pues de haber conocido que iba a hacerlo le hubiera otorgado su expreso consentimiento». Las otras publicaciones
Será así el centro del interrogatorio, aunque no necesariamente el único asunto. La Fiscalía Anticorrupción, hasta que el pasado enero dio por agotado el tema, venía insistiendo en la necesidad de preguntar a Bousselham también por el resto de información que tenía Villarejo y que sería de su propiedad, porque como decía en un escrito a la Sala de lo Penal, «existe mucha más información de ella y de terceros, publicada y no publicada que exige continuar la investigación». El Tribunal le dio la razón e impuso que el interrogatorio de Bousselham verse también sobre este asunto, aunque está por ver si finalmente se sigue esa línea habida cuenta de que la investigación se da por finalizada. En cuanto a Sa Ferreira, la misma Sala de lo Penal resolvió que se le citase «dadas las contradicciones en que incurrió en su primera declaración judicial y las lagunas por ello creadas respecto de la sustracción del teléfono y la recuperación de la tarjeta». Él dijo que después del robo en un Ikea de Alcorcón no habían accedido a nada de lo sustraído. Después se descubrió que él mismo envió a reparar la tarjeta del móvil a un servicio extranjero, así que algo sí habían recuperado. El mencionado auto del juez también señala esta línea de interrogatorio. Por último, Eugenio Pino, que fue director Adjunto Operativo de la Policía Nacional y ha sido procesado en la pieza Kitchen. La Sala atendió la petición de los dos únicos periodistas investigados en el asunto sobre Dina, Alberto Pozas y Luis Rendueles, de la revista Interviú. Ellos declararon que dieron copia de la tarjeta de Bousselham que había llegado anónima a la extinta publicación porque él, en calidad de comisario, se la pidió para indagaciones que tenía en marcha sobre Podemos. Tendrá que esclarecer si esas indagaciones existían y el caso es que coinciden en fechas con una causa abierta en la Audiencia Nacional sobre una presunta financiación irregular del partido.
Fuente ABC
