“El Estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertenencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud, y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos”, dice el texto aprobado.
Además, “garantiza su ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones”.
También fue aprobado el inciso uno del mismo artículo, que postula que “todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción”.
Este inciso fue aprobado por 113 votos a favor, 35 en contra y cinco abstenciones.
De esta forma, estas normas ya están en el borrador de la nueva Constitución, que una vez visadas por la Comisión Armonizadora pasarán al proyecto que la Convención entregará al presidente Gabriel Boric, que deberá llamar a un plebiscito de salida para que la ciudadanía decida si se aprueba o no la nueva carta magna.
De aprobarse, pondrá fin a la actual Constitución, escrita en 1980, durante la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet (1973-90).
Actualmente y desde 2017, en Chile rige una ley que despenaliza el aborto por tres causales: peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo por violación.
Fuente Ambito
