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En octubre de 2013 arrancaba en los juzgados la investigación por la bautizada como ‘Perla Negra’, un edificio en nómina de la administración autonómica que se había levantado envuelto en polémica y sobre el que se planteaban sombras. Todo parece indicar que la macrocausa cumplirá los nueve años de trámites antes de echar a andar en la sala de vista. Y es que aunque esta semana por fin comenzaba el juicio, éste ha quedado suspendido para subsanar deficiencias en el traslado de la documentación a las partes durante la fase de instrucción. Los nuevos trámites conllevan una nueva dilación y los letrados no esperan que sus representados vuelvan al banquillo antes de octubre. Incluso, temen, podría llegarse en el peor escenario a 2023. Los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid retomaban ayer la vista tras retirarse el lunes a deliberar y lo hacían para elevar a definitivo el parón, declarando una esperada nulidad de las actuaciones y devolviendo las diligencias al juzgado de instrucción. Así, atendían a la petición formulada por los letrados de la mayoría de los doce imputados, a los que se sumaron también las acusaciones, y que señalaban que la documentación de la que disponían era «incompleta». Se trata, por ejemplo, de informes en soporte informático con archivos cifrados o la ausencia de otros relevantes para poder determinar la prescripción de un delito, hechos sobre los que se había advertido desde hace años tanto por parte de las defensas como de la Fiscalía, que llamaban la atención sobre una posible vulneración del derecho de defensa que podría acarrear la nulidad en el futuro de seguir adelante el procedimiento. El caso se retrotrae al momento procesal en el que se encontraba a fecha de 14 de enero de 2020. A partir de este momento, las partes deberán de remitir una relación de la actuaciones de las que no consta documentación de esta compleja causa, compuesta por 18 tomos y cerca de 26.000 folios que a mitad de proceso comenzó una digitalización que los letrados lamentaban ayer que no se haya completado en estos más de ocho años. A las peticiones concretas que se formulen se suma la localización por mandato de los magistrados de un CD cuyo contenido había constatado la Sección Segunda de la Audiencia que está encriptado. 23 sesiones
Se procederá entonces al traslado de una copia de todas las actuaciones a acusaciones y defensas y la certificación de que se ha completado con éxito. Una vez concluido el proceso, la causa retomará los cauces legales, procediéndose de nuevo a la presentación de conclusiones de las partes. Finalizados los trámites, deberá buscarse un nada fácil hueco de 23 sesiones en la agenda de la Audiencia Provincial, lo cual se descarta que suceda antes de verano. Los letrados consultados por ABC apuntan a otoño y esperan que no haya más demoras. En un precedente de suspensión por falta de documentación del proceso, el del PGOU de Valladolid, la revisión hizo que diez de los imputados quedaran entonces excluidos de la causa y el resto tardaran un año en volver al banquillo. La parte más complicada e imprecisa del nuevo trámite es el de reservar una nueva fecha en la Audiencia vallisoletana, que también en torno a finales de año podría empezar a buscar sala para la otra macrocausa de corrupción de la Comunidad, la de las eólicas, que comparte tres imputados con la de la presente referida a la Perla Negra y el Polígono Empresarial de Portillo, por la que doce imputados se enfrentan a penas que de forma global suman 79 años de cárcel por el supuesto pelotazo urbanístico en favor de empresarios en ambos proyectos.
Fuente ABC
