“Las sanciones oscilan entre cuatro y 30 años de privación de libertad y el ciudadano Nayn Luis Marco Molinet resultó absuelto por no demostrarse su participación en los hechos”, aclaró la información oficial, que no agregó el número de los sancionados con la pena máxima de tres décadas, que se aplica a casos de sedición en Cuba.
Los procesos que se desarrollan hace varios meses en otras provincias de la isla continuaron con las sentencias de estas 128 personas en La Habana, divulgó el Tribunal Supremo de Cuba.
“Tanto a los acusados sancionados como a la fiscalía les asiste el derecho de interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo Popular contra la sentencia dictada por el órgano judicial que realizó el juicio en primera instancia”, aclaró la máxima instancia jurídica de la isla.
Una obligación adicional sobre los condenados es que tendrán que “indemnizar a las personas que resultaron lesionadas a consecuencia de los hechos cometidos y reparar los daños ocasionados a las entidades”.
Los acusados “intentaron subvertir el orden constitucional, de forma violenta, con acciones como el lanzamiento de piedras y botellas contra varios funcionarios, agentes del orden interior, instalaciones de la Policía Nacional Revolucionaria y autos patrulleros” subrayó la información.
En el caso de La Guinera, un sector de la capital de Cuba considerado por las autoridades como “vulnerable” por su problemas sociales, quienes se manifestaron “salieron a las calles y convocaron a los transeúntes y vecinos a que se les unieran”, expuso el tribunal.
En ese lugar en las afueras de La Habana resultó muerto un hombre el 12 de julio durante los disturbios.
Los sentenciados no fueron identificados salvo el que resultó exonerado. Todos fueron detenidos por participar de las inéditas protestas contra el régimen castristas, celebradas los días 11 y 12 de julio pasado.
Como en otros comunicados acerca de estos juicios el tribunal defendió la actuación jurídica del estado cubano sobre los acusados al señalar entre otros datos que “los jueces actuantes tuvieron en cuenta el grado de participación, las condiciones personales de los implicados, así como la gravedad, lesividad y violencia de los actos cometidos, unido a la situación excepcional que vivía Cuba producto de la pandemia de Covid-19”.
El régimen cubano sostiene que las manifestaciones fueron parte de un “golpe blando” lanzado contra el sistema socialista en la isla, tutelado por Estados Unidos.
Reconoció que en general fueron arrestados por ello más de 700 ciudadanos y niega que se hayan cometido acciones violatorias de los derechos contra los detenidos.
Fuente Ambito
